La Junta Electoral permitirá a interventores y apoderados apuntar el DNI de las personas con discapacidad que consideren que no están ejerciendo su derecho de forma libre y voluntaria.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin) ha exigido a la Junta Electoral Central que "anule con carácter inmediato la instrucción que permite a determinados agentes electorales (interventores, apoderados) cuestionar las condiciones del voto de las personas con discapacidad".
La Junta Electoral Central (JEC) permitirá a interventores y apoderados de los partidos apuntar en las mesas electorales el DNI de las personas con discapacidad que consideren que no están ejerciendo su derecho al voto de forma consciente, libre y voluntaria, pero en todo caso la papeleta no será rechazada y se meterá en la urna.
Así se recoge en la instrucción de la JEC, que contiene las principales directrices para cumplir con las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) que garantiza el voto de las personas con discapacidad.
Esta reforma, que entró en vigor en diciembre del año pasado y que se aplicará por primera vez en las elecciones generales del 28 de abril, ha permitido incluir por primera vez en el censo electoral a 100.000 personas con discapacidad intelectual que tenían retirado este derecho por orden judicial.
Tras conocer esta instrucción, Cermin se suma al Cermi estatal, que ha advertido de que la instrucción, "elaborada y aprobada sin participación ni consultas con el movimiento social de la discapacidad, entra en contradicción clara con el espíritu y la letra de la reforma electoral de diciembre de 2018 que ha reintegrado en el derecho de voto a todas las personas con discapacidad, restringiendo y debilitando el mandato legal que es categórico en favor del derecho de sufragio sin exclusiones".
El Cermin ha señalado en una nota que la decisión de la Junta "está cargada de un enfoque sesgado y prejuiciado contra las personas con discapacidad, señalándolas particularmente y sometiéndolas a un marco genérico de sospecha que las coloca en una situación de desventaja grave a la hora de ejercer su derecho de voto por vez primera".
El Cermi estatal se ha dirigido a la Junta Electoral Central a través de su presidente pidiendo "la revisión urgente de la instrucción para corregir esta interpretación desviada y contradictoria con el tenor de la reforma electoral".
