VÍCTIMAS TERRORISMO

Casado promete una reforma para que etarras no tengan segundo grado sin "una colaboración efectiva"

Pablo Casado se ha comprometido con las asociaciones de víctimas para regular el segundo grado de los presos de ETA: será necesaria una "colaboración efectiva".

Pablo Casado recorre las calles de Pamplona durante las fiestas de San Fermín 2018. PABLO LASAOSA
Pablo Casado recorre las calles de Pamplona durante las fiestas de San Fermín 2018. PABLO LASAOSA  

El líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido hoy con las asociaciones de víctimas del terrorismo a promover varias reformas legislativas.

Entre ellas una que obligaría a la "colaboración efectiva" de los presos de ETA para que puedan acceder al segundo grado penitenciario.

Casado ha mantenido reuniones con los máximos responsables de tres asociaciones de víctimas: la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Ha sido Dignidad y Justicia la asociación que le ha planteado la modificación del artículo 72.6 de la Ley Orgánica Penitenciaria para que sea obligatoria "la colaboración efectiva" de los presos etarras con la Justicia en el esclarecimiento de crímenes para que puedan obtener el segundo grado penitenciario.

El propio Casado ha defendido la necesidad de impulsar esta reforma en un mensaje en Twitter tras esta reunión.

También la AVT alude a la necesidad de la colaboración con la justicia para conceder beneficios penitenciarios, como así apunta esta asociación en un comunicado tras el encuentro con el líder del PP.

La AVT ha explicado a Casado que se opone a los "acercamientos generalizados" de presos, pero también le ha recordado que cuando se trate de decisiones conformes a la Ley, como las concesiones del tercer grado a Olga Sanz y Javier Moreno este verano, no queda "más remedio que acatarlas", señala la asociación en su nota

Esta asociación ha propuesto también impulsar una reforma de la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que consagre la memoria, la verdad, la dignidad y justicia de todas las víctimas del terrorismo, y Casado también ha hecho suyo este compromiso, según han informado fuentes del PP.

En el caso de Covite, su presidenta, Consuelo Ordóñez, ha pedido a Pablo Casado que permanezca "vigilante" ante la aprobación de la nueva ley vasca de abusos policiales. Para recurrirla "si su articulado invade competencias judiciales", según ha informado esta asociación en un comunicado.

Según Covite, la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales, decidida por el Consejo de Ministros del pasado 3 de agosto "fue una cesión del Gobierno a los nacionalistas".

Por eso ha pedido al PP que esté atento al contenido de la nueva ley "pactada por los gobiernos central y vasco y que será aprobada por el Parlamento durante las próximas semanas".

El texto anterior otorgaba a una comisión administrativa "competencias judiciales que no le corresponden", motivo por el que Consuelo Ordóñez ha pedido a Casado que el PP recurra al Tribunal Constitucional en el caso de que el articulado de la nueva ley sea similar al de la anterior.

De ser así, ha explicado la presidenta de Covite, "bastará con que las supuestas víctimas de abusos policiales declaren que lo han sido para que se les otorgue la condición de víctimas, sin un procedimiento judicial que lo avale", lo que constituiría un "agravio comparativo" con los afectados por el terrorismo.

Ordóñez también ha pedido a Casado que denuncie públicamente los actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA que se celebran en el País Vasco y Navarra para concienciar a la sociedad de la "indignidad" que supone ensalzar a una banda terrorista y de la "humillación" que implica para las víctimas.

Casado, que ha estado acompañado por Mari Mar Blanco, se ha mostrado preocupado por el "aumento significativo" de los actos de enaltecimiento del terrorismo registrados durante el último años y se ha puesto a disposición de Covite para estudiar formas de abordar "el problema de radicalización violenta" en Euskadi, según Covite.


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