La Cámara de Comptos ha avalado la gestión y control de las ayudas del Gobierno de Navarra a entidades locales para contratar personas desempleadas y las que reciben centros de trabajo para incorporar en prácticas a jóvenes en paro.
El órgano ha destacado, además, la "buena opinión" de entes locales y empresas respecto a la facilidad para su solicitud y justificación.
Por otro lado, el informe recomienda al Ejecutivo foral que evalúe el impacto de los programas de empleo "más relevantes" y analice las "deficiencias detectadas en algunos expedientes, tramitando en su caso los reintegros correspondientes".
También pide que la convocatoria de fomento de prácticas impida contratar a la misma persona más de una vez al año para "conseguir una distribución más equitativa de las ayudas".
En la introducción del informe se hace referencia al paro, "uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la sociedad y una de las preocupaciones de la ciudadanía".
Al respecto, el informe hace un análisis de la evolución del desempleo en Navarra durante los últimos veinte años, comparando el porcentaje con el del Estado. Dicho análisis demuestra que "coinciden siempre las evoluciones positivas y negativas, aunque el porcentaje de paro siempre se mantiene en Navarra por debajo de la media estatal".
En el primer trimestre de este año, en concreto, la tasa de desempleo en Navarra se situó en el 10,4 por ciento, frente al 13,6 del Estado.
En cuanto a las ayudas analizadas, el objeto de la convocatoria de ayudas a entes locales es "mejorar la empleabilidad" de las personas contratadas, ofreciéndoles una formación profesional que "facilite su inserción en el mercado laboral". Son contratos con duración mínima de tres meses y al menos media jornada laboral.
La cuantía subvencionada, dependiendo del colectivo al que pertenezca la persona contratada, va desde los 400 euros al mes a los 1.100. En este último caso están los discapacitados, mujeres víctimas de violencia de género y mayores de 51 años.
A través de dichas ayudas, los entes locales han contratado en los últimos cinco años a más 4.000 personas y las ayudas han sumado 21 millones.
El informe también ha analizado el retorno social de las ayudas. Las que reciben los entes locales "no tienen un retorno positivo en un sentido estrictamente monetario", ha señalado Comptos que, sin embargo, ha destacado que "mejoran el desarrollo personal y profesional de las personas contratadas y facilitan su inserción laboral".
El programa para el fomento de contratación de jóvenes en prácticas busca incentivar ese tipo de contratos y favorecer la inserción laboral de este colectivo. Los destinatarios de las ayudas pueden ser empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro.
Los contratos deben tener una duración mínima de seis meses y ser puestos de trabajo acordes a la formación académica de la persona contratada.
La convocatoria exige una remuneración mínima al joven en prácticas, que en el caso del titular universitario se fija en 17.000 euros brutos anuales. Los titulados en Formación Profesional superior deben cobrar al menos 14.500 euros y los de grado medio 12.000 euros.
Las ayudas para esas contrataciones son el 30 por ciento de dicha remuneración. Es decir, van desde los 3.600 a los 5.100 euros, incrementándose en un 20 por ciento en el caso de mujeres y personas con discapacidad.
Entre 2017 y 2021, estas ayudas sumaron 8,4 millones y a través de las mismas se contrataron a unos 1.300 jóvenes. Destaca el aumento en 2021 tanto de empresas que accedieron a la subvención (444 frente a los 227 de 2020) como de jóvenes contratados, que pasaron de 318 a 669.
La mayoría de los beneficiarios dice que hubiera contratado jóvenes en prácticas aunque no hubiera recibido subvención.
El informe destaca que fomentar las prácticas de jóvenes en empresas tiene "un retorno social positivo en sentido monetario". La opinión de empresas y jóvenes es que dichas prácticas mejoran la empleabilidad de estos últimos. No obstante, la Cámara no ha podido confirmar que faciliten la inserción laboral.
