El Consejo de Navarra ha vuelto a poner en duda la constitucionalidad de ley de víctimas de policía y grupos de extrema derecha, que ya fue rechazada en el Constitucional.
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra han conocido en la sesión de este lunes el informe del Consejo de Navarra sobre la proposición de ley de víctimas por violencia policial o de la extrema derecha en el que se alerta de su posible inconstitucionalidad.
El informe se suma a otro anterior de los servicios jurídicos del Parlamento que se pronunciaron en el mismo sentido.
EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han insistido en defender la constitucionalidad de la propuesta de ley auspiciada por el cuatripartito, una norma que también apoya Geroa Bai si bien este grupo ha señalado que le "preocupan" los informes jurídicos que ven inconstitucionalidad en el texto, algo en lo que ha insistido la oposición.
Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que les "preocupa" que tanto los letrados del Parlamento como el Consejo de Navarra digan que puede haber inconstitucionalidad en la ley porque "esta ley está bastante aguachinada" y "se ajusta bastante o todo a lo que entendemos decía la sentencia del Tribunal Constitucional". Ha manifestado que "hay que analizar este tema más en profundidad".
Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "se ha hecho una lectura distinta por parte del Consejo de Navarra ya que reconoce que con esa doctrina constitucional se imposibilita alcanzar ningún tipo de verdad".
Ha defendido que "esta ley ha depurado esas posibles y dudosas interferencias que se producían con la anterior ley" y que "no se puede aplicar a esta proposición de ley la lectura que hizo el Tribunal Constitucional de una ley que tenía otro enfoque". "Tal y como está, la ley debería superar el test de la doctrina del Constitucional sobre la ley anterior", ha insistido.
Por su parte Marisa de Simón, de I-E, se ha mostrado "convencida" de que el texto que han presentado es "constitucional" y "respeta al poder judicial". "La ley no incorpora ningún elemento que pueda suponer una intromisión en cualquier proceso jurídico y penal", ha manifestado, para indicar que estudiarán, en el proceso de enmiendas, "si hay que matizar más esta cuestión".
La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado también que la nueva proposición de ley "supera las discrepancias y aportaciones que el Tribunal Constitucional alegó para anular" la primera ley aprobada por la Cámara.
Ollo ha recordado, en declaraciones a los periodistas, que el Ejecutivo dio su conformidad a la nueva proposición de ley presentada por el cuatripartito al entender que "el objetivo es reconocer a esas víctimas de funcionarios públicos y grupos de extrema derecha que han sufrido también vulneraciones de derechos humanos".
Ha señalado que el Gobierno discrepaba de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se anuló "gran parte" de la ley foral aprobada por el Parlamento en la anterior legislatura y ha considerado que la nueva propuesta "sí supera las discrepancias y aportaciones que el TC alegó para anular la ley".
En su opinión, "tenemos que valorar que hay un contexto victimológico y unas víctimas que en esta legislatura no han podido ver reconocidos esos derechos a la verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición". Y ha incidido en que esta proposición de ley "avanzaba en ese objetivo de los derechos de esas víctimas".
LA OPOSICIÓN ADVIERTE SOBRE LA PROPUESTA
El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha señalado que "se debería retirar o si no enmendar" la ley para "eliminar las cuestiones susceptibles de ser inconstitucionales". "Nos parece una irresponsabilidad del Gobierno de Navarra, que le dio el visto bueno a la ley", ha dicho, para insistir en que es un "despropósito" que "pone de manifiesto que el Gobierno utiliza la institución de forma partidista". "Pediremos responsabilidades si la ley sigue su curso", ha expuesto.
La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha señalado que "es una ley que viene a copiar artículo por artículo aquellos artículos de la ley vasca que fueron suspendidos". "Creemos que la proposición de ley no recoge el espíritu del acuerdo en el País Vasco y el Consejo de Navarra dice que no se ajusta a la constitucionalidad", ha expuesto, para considerar "grave" que desde partidos del cuatripartito "se obvie el informe de expertos en la materia". Ha dicho que trabajarán para que haya enmiendas que "mejoren" la ley y "si tenemos dudas o informes en contra, nosotros votaríamos en contra".
Desde el PPN, Ana Beltrán ha exigido la retirada de la ley tras los informes de los letrados del Parlamento y del Consejo de Navarra. "No se puede votar en el Parlamento una ley con informes jurídicos que dicen que puede ser inconstitucional", ha expuesto, y ha esperado que el Gobierno no la apoye. "Hay que preservar la seguridad jurídica y esta ley puede ser un coladero de denuncias falsas, en lo que es experto Bildu-Batasuna", ha comentado.
