El grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Baztan ha presentado un recurso de alzada contra la autorización de pagos mensuales recurrentes por valor de más de 28.000 euros a una empresa desde 2019 para la prestación de un servicio municipal, lo que, según este grupo, constituye “un contrato encubierto adjudicado vía directa que vulnera la ley de contratos públicos”.
Dicha empresa llevaría prestando al Ayuntamiento desde hace dos años un servicio de acompañamiento para la recogida selectiva de materia orgánica, si bien con anterioridad, explica NA+, ya había realizado otro tipo de actividades siempre relacionadas con el ámbito de los residuos, especialmente de la materia orgánica.
Desde NA+ se apunta en el recurso que los contratos de menos de 15.000 euros solo exigen la presentación de la correspondiente factura, “pero no es menos cierto que el artículo 39 de la ley foral de contratos públicos establece que el objeto de cualquier contrato será para una tarea determinada y no podrá fraccionarse para disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que corresponda”.
Asimismo, añaden que “los contratos menores del sector público no pueden tener una duración superior a un año ni prorrogarse”.
Para NA+, “cada nueva factura mensual emitida renueva el contrato y, además, al haberse prorrogado, deja de tener un importe inferior a 15.000 euros, por lo que ya no sería un contrato menor y debería ser licitado por el procedimiento adecuado y de forma transparente”.
Por ello, ha criticado que “Bildu y su socio de gobierno, Baztango Ezkerra, llevan más de dos años autorizando la facturación mensual periódica de pagos a una empresa por un mismo servicio”.
“Los importes acumulados superan los 28.000 euros, lo que nos hace concluir que no se trata de una necesidad puntual sino habitual que debería haber sido públicamente licitada y, sin embargo, la adjudicación del servicio se ha hecho al gusto del equipo de gobierno de Baztan”, señalan.
Desde NA+ se recuerda que, en un primer momento, registró una advertencia escrita al gobierno local en la que se recogía que, de producirse un nuevo pago en esos términos, recurriría y denunciaría esta forma de proceder que consideran una adjudicación “a dedo”.
“Se han vuelto a producir esos pagos de modo que, como es nuestra obligación, hemos interpuesto el oportuno recurso”, concluyen.
