Beaumont y Batet han suscrito un acuerdo que "resuelve la controversia sobre su posible inconstitucionalidad"
La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, han suscrito el acuerdo de la Junta de Cooperación Administración del Estado y Comunidad foral que "pone fin a la controversia relativa al Decreto-Ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, que aprobó medidas en materia de personal al servicio de la Administración foral y sus organismos autónomos relativas al acuerdo suscrito por la consejera y los sindicatos LAB, CCOO y UGT el 4 de octubre de 2018".
La consejera, acompañada por Amaia Goñi, directora general de Función Pública, y por los representantes de los tres sindicatos firmantes, Isabel Artieda (LAB), Jesús Elizalde (UGT) y Cecilio Aperte (CCOO) han mostrado en rueda de prensa su satisfacción por haberse resuelto las discrepancias referentes a las medidas adoptadas el pasado año en base al acuerdo de 4 de octubre.
Beaumont ha manifestado la "satisfacción" del Gobierno de Navarra por el acuerdo porque "se ha respetado la competencia propia en la materia". "Una vez alcanzado este acuerdo que disipa cualquier duda sobre las medidas adoptadas el año pasado, desde la Dirección General de Función Pública se está trabajando en la aplicación de las medidas concretas establecidas para 2019", ha expuesto.
Por su parte, Amaia Goñi ha comentado que "esta representación ha defendido el autogobierno de esta Comunidad y se han reconocido por parte del Ministerio las competencias históricas de Navarra en materia de Función Pública, lo que es un hito muy importante".
Desde los sindicatos, Isabel Artieda (LAB) ha señalado que éste es un "punto de partida" y "seguiremos en la brecha para solucionar problemas que venimos arrastrando"; mientras que Cecilio Aperte (CCOO) ha indicado que "sabemos que no es lo que los funcionarios merecen ni compensa los recortes pero sí ha sido el inicio de la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos".
Desde UGT, Jesús Elizalde ha mostrado su "satisfacción" por este acuerdo y ha agradecido a Función Pública "haber priorizado las propuestas sindicales y haber creído en el acuerdo y en la competencia de Navarra".
Han explicado este martes que tras diferentes reuniones de trabajo y mesas generales desde el 3 de julio se cruzaron distintas propuestas entre el Gobierno de Navarra y las organizaciones sindicales que acabaron en el acuerdo suscrito el 4 de octubre para la distribución de los fondos adicionales de 2018 a 2020 recogiendo, principalmente, incrementos a colectivos concretos.
Su aplicación inicial el pasado año requirió de un Decreto-Ley Foral aprobado en sesión de gobierno el 24 de octubre y convalidado el 8 de noviembre por el Parlamento de Navarra por unanimidad. Las medidas del Decreto-Ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, se referían al encuadramiento de niveles e incrementos retributivos de ciertos puestos, con carácter retroactivo a 1 de enero de 2018, y que fueron aplicadas por el Gobierno de Navarra en la nómina de noviembre del año pasado.
Sin embargo, el 10 de diciembre, el director general de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Gobierno estatal envió al Gobierno de Navarra una invitación para iniciar negociaciones a fin de evitar un posible recurso de inconstitucionalidad respecto de los artículos 1, 5 y 7 del Decreto-Ley Foral.
El Gobierno de Navarra aceptó la invitación desde la creencia de que sería posible un acuerdo al haber actuado en ejercicio de su competencia propia en la materia, han expuesto. La Junta de Cooperación entre ambas administraciones acordó el inicio de conversaciones el 17 de diciembre.
Tras sucesivas gestiones de la consejera Beaumont con el Secretario de Estado de Función Pública, tuvo lugar una reunión por videoconferencia el pasado 7 de marzo que ha fructificado en el acuerdo de la Junta suscrito por la propia consejera y la ministra Batet el pasado 27 de marzo, por el que ambas partes coinciden en considerar "resueltas las discrepancias manifestadas en relación con el Decreto-Ley Foral 1/2018 y concluida la controversia planteada", además de comunicarlo al Tribunal Constitucional y publicarlo en los respectivos Boletines Oficiales.
El propio acuerdo recoge que el artículo 1 del Decreto contempla la asignación de un complemento retributivo a un colectivo justificado por la identidad de funciones que vienen desempeñando los auxiliares administrativos del nivel D y los administrativos del nivel C.
En lo que se refiere al encuadramiento de los vigilantes de carretera en el nivel C (artículo 5), ambas partes coinciden en interpretar el precepto en el sentido de afirmar el carácter esencial del respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el ingreso y promoción dentro de la función pública.
Por último, se coincide en que la desaparición del nivel E contemplada en el artículo 7 se produce pasando a constituir una categoría diferenciada dentro del nivel D dado que el acceso o la promoción al resto de puestos de nivel D únicamente será posible cuando se reúna la titulación exigida para éste, ha detallado el Ejecutivo.
Estas medidas afecta, ha explicado Amaia Goñi, a unos 3.000 empleados y el coste para 2018 de su aplicación es de unos 3,4 millones de euros.
NUEVO DECRETO-LEY FORAL
Una vez alcanzado este acuerdo, la consejera Beaumont ha indicado que la Dirección General de Función Pública está trabajando en la aplicación de las concretas medidas establecidas para el año 2019 en base a lo que se pactó con las organizaciones sindicales en el acuerdo de 4 de octubre de 2018, lo que exigirá la aprobación por el Gobierno de un nuevo Decreto-Ley Foral y solicitud de convalidación por la Comisión Permanente del Parlamento de Navarra, con efectos retroactivos al 1 de enero del presente año.
