TRIBUNALES

Barkos factura a los presos de la cárcel de Pamplona sus atenciones médicas mientras presume de sanidad gratuita universal

Navarra siempre se había hecho cargo del coste de la atención a los presos, hasta la llegada de Barkos, que cobra incluso a los asegurados que debe atender el SNS. 

Facturas emitidas por el Gobierno de Navarra de Uxue Barkos por la atención de presos en el SNS.
Facturas emitidas por el Gobierno de Navarra de Uxue Barkos por la atención de presos en el SNS.  

El Gobierno de Navarra de Uxue Barkos ha pasado la factura a decenas de internos de la cárcel de Pamplona después de haber sido atendidos en alguno de los centros del Servicio Navarro de Salud, pese a tener la condición de asegurados. 

Esta medida choca de manera frontal con lo que Barkos y su cuatripartito pregonan a los cuatro vientos, como es la atención gratuita para cualquier persona que resida en Navarra (sea o no asegurado), tal y como los grupos que ahora conforman el Gobierno foral aprobaron con su ley para la asistencia sanitaria universal. 

Además, lo hacen en un ataque contra un colectivo más vulnerable, el de personas en prisión, intentando endilgar la factura a los presos o al Instituciones Penitenciarias. Todo un ejercicio de cinismo.

Las facturas son de lo más variado, como 293 euros por un atención odontológica, 239 euros por una consulta digestiva o de neurologia; hasta 1.900 euros por un atención quirúgica. 

La norma aprobada por el cuatripartito cuando estaban en la oposición incluía también la atención sanitaria en Navarra a los inmigrantes en situación irregular y fue tumbada recientemente por el Tribunal Constitucional. La norma nacional, no obstante, garantiza la atención médica de urgencia o embarazo, por ejemplo, de forma universal y gratuita.

Sin embargo, lo curioso es que las facturas que Barkos ha pasado a cobrar son todas de 2017, momento el que la ley de asistencia sanitaria universal estaba vigente en la Comunidad foral, por lo que no existía diferencia en Navarra entre el ciudadano asegurado o el irregular. Y Barkos presumía de esa atención gratuita. 

De hecho, el Gobierno foral y los partidos nacionalistas vascos lanzaron duras críticas hace pocas semanas contra el Constitucional y anunciaron que Navarra continuaría ofreciendo atención sanitaria gratuita a través de ayudas sociales a personas excluidas del sistema sanitario con residencia en Navarra.

Poco tienen que ver, sin embargo, las palabras con los hechos. Mientras vociferaban en favor de la sanidad gratuita universal en Navarra, pasaban pasaban a cobrar las facturas para intentar que sean los presos o el Ministerio de Interior quien se haga cargo de los gastos, incluso de aquellos que tienen la condición de asegurados. Su único "delito", estar en prisión. 

Barkos ha remitido ya más de 30 liquidaciones en facturas correspondientes al año 2017 por servicios sanitarios por valor total de más de 16.000 euros por atención a presos de la cárcel de Pamplona, es decir, residentes en Navarra. 

La Abogacía del Estado en Navarra ha formulado un recurso contra la resolución del Gobierno de Navarra en el que trata de pasar la factura a los reclusos o a Instituciones Penitenciarias sobre la atención médica a personas en prisión, pues se trata de internos con derecho a la asistencia gratuita al estar afiliados o asegurados a la Seguridad Social, cuyo pago, en este caso por ser residentes en Pamplona, corresponde al Servicio Navarro de Salud.

De hecho, desde Instituciones Penitenciarias sí han abonado las facturas de los internos que no tienen la condición de asegurados, aunque según la ley que defiende Barkos y el cuatripartito también tendrían derecho a la asistencia gratuita. 

La excusa que Uxue Barkos ha puesto para girar la factura a los presos de la cárcel es alegar que los internos no tienen condición de asegurados a efectos de recibir la prestación sanitaria y que debe de ser la Administración del Estado quien asuma el servicio. Una nueva condena para las personas presas. 

Sin embargo, no existe ningún reglamento ni norma que haga a los presos perder su condición de asegurados, como pretende hacer valer el ejecutivo nacionalista de Navarra. Los presos son atendidos, de manera general, en las propias enfermerías de las cárceles y, en caso de urgencia o de una dolencia mayor, en otros centros hospitalarios cercanos a la cárcel.

Además, un Real Decreto mantiene que no debe existir "ninguna matización con respecto a los que ostentan la condición de beneficiarios de la Seguridad Social e ingresan en un centro penitenciario".

Durante años, en Navarra la administración penitenciaria ha asumido los gastos sanitarios de los internos no asegurados por la sanidad pública, pese a que desde el año 2012 se aprobó la norma que permitía que todos los ciudadanos residentes en Navarra fueran atendidos de manera gratuita. Esta decisión se llevó a cabo en coherencia con la interposición del recurso ante el TC de esa ley que ampliaba los derechos incluso a personas sin ninguna condición de asegurados. 

Navarra, por su parte, siempre se ha había hecho cargo del coste de la atención a los presos de la cárcel de Pamplona que Barkos quiere ahora cobrar, ya que corresponde al Servicio Navarro de Salud su atención por su condición de asegurados, 

En el recurso interpuesto ahora por la Abogacía del Estado en Navarra se han adjuntado diversas resoluciones de otras Comunidades Autónomas que, en idéntica situación, han admitido incluso en vía administrativa la pretensión de la secretaría general de Instituciones Penitenciarias excluyendo del cobro la asistencia prestada a reclusos con derecho propio a asistencia sanitaria y varias sentencias que han resuelto idéntico asunto.


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