Barkos también se ha referido a la financiación del Canal de Navarra, que la considera "desmedida".
La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha anunciado hoy que se van a revisar las ventajas fiscales que se aplican a los beneficios de Audenasa (Autopistas de Navarra, S.A.), concesionaria de la A-15.
Audenasa es una mercantil en la que el 50 % pertenece al Gobierno de Navarra y el otro 50 % al Grupo Itínere, empresa de capital privado.
Barkos, en conferencia de prensa tras reunirse hoy en Tudela con el presidente aragonés, Javier Lambán, ha aludido a la posibilidad de eliminar el peaje de la A-15, pero ha recordado que el convenio en vigor, renovado hace casi un año, "no prevé algo así".
"Lo que sí tiene capacidad de hacer el Gobierno de Navarra", ha declarado la presidenta, es "revisar las circunstancias y condiciones" en que ese peaje "penaliza a una parte de Navarra" y en ese sentido habrá que buscar "fórmulas imaginativas".
Ese convenio con Audenasa, ha apuntado, contempla unas condiciones de ventaja fiscal para los beneficios de la empresa que "yo creo que deben ser revisados y lo vamos a hacer además con mucho empeño", ya que se podría estudiar la manera de que "esto revierta en las poblaciones más afectadas por esta situación".
Aprovechando la reunión, Barkos también ha anunciado hoy que se va a llevar a cabo una revisión de la financiación "absolutamente desmedida" y "ajena" a las condiciones de mercado del Canal de Navarra, aunque ha garantizado la atención a las necesidades de agua de la Ribera navarra.
Barkos, tras reunirse hoy en Tudela con el presidente aragonés, Javier Lambán, ha asegurado en conferencia de prensa que fue el Gobierno de UPN el que decretó una paralización de la segunda fase del Canal de Navarra, priorizando la ampliación de la primera, y el que anunció una revisión de las condiciones en que se iba a realizar.
En ese sentido, Barkos ha comentado que el Gobierno va a revisar "claramente" cuestiones apuntadas en el informe de la Cámara de Comptos sobre el Canal de Navarra en torno a una financiación "absolutamente desmedida" de la ampliación de la primera fase.
Además, ha declarado que la financiación es "completamente ajena a unas condiciones razonables de mercado", ya que tiene unos intereses propios de "tiempos de usura".
La presidenta ha señalado asimismo que el precio del agua será determinado por Canasa (propiedad en un 60 % del Estado y 40 % de Navarra) no tanto por "las necesidades y posibilidades reales de los regantes" sino por "la necesidad de acometer el pago de esa financiación".
"Me temo que habrá que revisar esto muy seriamente", ha dicho Barkos, que ha afirmado que el Gobierno de Navarra "lo va a hacer peleándolo con uñas y dientes".
Barkos ha subrayado que, según datos oficiales del Departamento de Medio Ambiente, el suministro de agua para usos agrícolas se ha reducido en Navarra en los últimos años en un 40 %, por la extensión de cultivos de secano, sobre todo de cereal, y por tanto "tenemos que revisar muchas de estas cosas".
La presidenta ha aseverado que esta revisión no quiere decir "que este Gobierno se haya planteado en algún caso que las necesidades de agua de la Ribera navarra no vayan a ser atendidas".
"Nuestra prioridad es atender primero las necesidades de agua de todas las zonas de Navarra, entre ellas, y muy especialmente, en la Ribera de Navarra, cuando hablamos además de sectores estratégicos y de desarrollo socioeconómico", ha manifestado.
Lo que sí supone es que el Gobierno de Navarra va a "aprovechar" esa "moratoria que firmó el anterior Gobierno" para estudiar cuál es la mejor manera de "responder a las necesidades de agua de esta zona".
