• jueves, 28 de marzo de 2024
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POLÍTICA

Toque de atención desde Madrid a varias localidades navarras para que retiren sus vestigios franquistas

Podemos Navarra ha preguntado al Gobierno central cuáles son estas localidades y si perciben "algún tipo de subvención pública dependiente del Estado".

Imagen del balcón consistorial del Ayuntamiento de Los Arcos. ARCHIVO
Imagen del balcón consistorial del Ayuntamiento de Los Arcos. ARCHIVO

El Gobierno de España ha enviado, a través del Ministerio de Justicia, una solicitud a 656 ayuntamientos, entre ellos varios navarros, para que retiren los vestigios franquistas que aún quedan en aplicación de la ley de Memoria Histórica.

El diputado y secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha registrado varias preguntas en el Congreso al respecto de esta decisión, tal y como ha informado Podemos.

En un comunicado, Santos ha señalado que, entre los ayuntamientos a los que se ha remitido la misiva, se encuentran nueve consistorios navarros: Los Arcos, Castejón, Cortes, Milagro, Santacara, Carcastillo, Barasoain, Lapoblación y Mendigorría.

En este sentido, el diputado de la formación morada quiere saber "si el gobierno de Sánchez se ha comunicado con el Gobierno de Navarra a fin de tener un acceso actualizado al censo que elabora la Administración foral antes de realizar acción alguna".

Además, quiere conocer "cuántos de estos ayuntamientos navarros perciben algún tipo de subvención pública dependiente del Estado" y finalmente, si tiene previsto el Gobierno de España "ampliar esta iniciativa a edificios y lugares privados que tengan proyección a un espacio visible de uso público y singularmente edificios pertenecientes a la Iglesia Católica".

Santos ha recordado que la ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros víctimas del golpe militar de 1936 "también prevé la retirada de tales elementos de los edificios y lugares privados que tengan proyección a un espacio visible de acceso o uso público cuando no hubieran sido colocados por una Administración Pública, otorgando un plazo proporcional a la dificultad técnica que conlleve la retirada y apercibiendo de las medidas coercitivas que se pudieran derivar del incumplimiento".


Además, el artículo 10 de la misma ley establece la obligación por parte de la Administración de elaborar un censo con los mismos, como ha recordado Podemos.


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