POLÍTICA

Ayerdi cumple un mes investigado por corrupción mientras Chivite lo mantiene incumpliendo la ley que le obliga a cesarlo

El 14 de diciembre el Tribunal Supremo informó de manera oficial que abría una causa penal contra el todavía consejero del Gobierno de Navarra. 

Manu Ayerdi, durante un pleno del Parlamento de Navarra. ARCHIVO / IÑIGO ALZUGARAY
Manu Ayerdi, durante un pleno del Parlamento de Navarra. ARCHIVO / IÑIGO ALZUGARAY

El consejero Manu Ayerdi cumple este 14 de enero un mes investigado por corrupción por el Tribunal Supremo sin haber abandonado su puesto en el Gobierno de Navarra y sin que la presidenta del Gobierno foral lo haya cesado a pesar de que una ley le obliga a ello. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene abierta causa penal en la que investiga al consejero navarro por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos por la supuesta concesión irregular a Davalor Salud de seis préstamos por un importe de 2,6 millones de euros entre 2015 y 2017.

La querella fue presentada por UPN, partido que ha solicitado desde ese momento el cese de Manu Ayerdi como consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, ya que una ley Foral obliga al consejero a dimitir desde el momento en el que es conocedor de su situación ante los tribunales. Tampoco María Chivite lo ha cesado, algo a lo que le obliga la misma ley si el investigado no dimite. 

Chivite lleva un mes sin cumplir la norma con la excusa de que Manu Ayerdi todavía no ha sido llamado a declarar en el Tribunal Supremo, considerado que el auto del Supremo no es lo suficientemente claro. "Este auto no declara todavía la admisibilidad de la querella y la consiguiente declaración de Ayerdi, esperando a que el instructor realice su labor para tomar una decisión", se ha escudado el Gobierno de Navarra aludiendo a informes internos de los servicios jurídicos que no ha presentado. 

El presidente de UPN, Javier Esparza, remitió una carta a la presidenta del Gobierno de Navarra en la que le solicitaba el cese inmediato del consejero Manu Ayerdi y en la que le alertó que si no actúa conforme a la Ley quien puede terminar asumiendo responsabilidades judiciales es la propia presidenta, que incumpliría la norma de manera evidente. 

El artículo 68 de la Ley Foral determina lo siguiente: "En el momento en que un cargo público electo o sujeto a nombramiento de libre designación conozca, de forma fehaciente, que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal actualmente vigente, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones".

Manu Ayerdi también se ha negado a dimitir durante todo este periodo y continua en su puesto en el Gobierno de María Chivite. En una carta remitida por el propio Ayerdi a la presidenta del Gobierno María Chivite, el todavía consejero del Gobierno foral señaló que sólo dimitirá en el que caso de que su situación procesal pase a ser la de investigado, algo que realmente ya ha ocurrido. 


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