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Los letrados advierten al cuatripartito sobre su nuevo intento de ley de víctimas de violencia policial

Los servicios jurídicos del Parlamento foral consideran que la nueva propuesta puede interferir con la justicia y podría volver a ser anulada por el Constitucional.

Koldo Martínez (Geroa Bai), Mikel Buil (Podemos), Marisa de Simón (I-E) y Adolfo Araiz (Bildu), miembros y portavoces del cuatripartito en el Parlamento foral. ARCHIVO
Koldo Martínez (Geroa Bai), Mikel Buil (Podemos), Marisa de Simón (I-E) y Adolfo Araiz (Bildu), miembros y portavoces del cuatripartito en el Parlamento foral. ARCHIVO  

La Mesa del Parlamento de Navarra ha conocido un informe se los servicios jurídicos de la Cámara que sostiene que la nueva proposición del cuatripartito para sacar adelante de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de actos de motivación política cometidos por la extrema derecha o funcionarios públicos vuelve a "interferir" en las atribuciones del poder judicial.

El informe recuerda que en la primera ley foral que se ocupó de este asunto el Tribunal Constitucional anuló las facultades atribuidas a la Comisión de Reconocimiento y Reparación para investigar y esclarecer los hechos por entender que "interferían y suplantaban las funciones atribuidas al Poder Judicial al menoscabar el principio constitucional de reserva de jurisdicción".

Ahora los servicios jurídicos advierten de que el nuevo texto "presenta el mismo problema", la "posible interferencia de las potestades de investigación atribuidas a la Comisión de Reconocimiento y Reparación, con las funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, propias de los Juzgados y Tribunales".

Y avisan que, en la medida en que sea impugnado ante el Tribunal Constitucional, éste "podría pronunciarse en un sentido análogo" al de la sentencia de julio de 2018 y "anular buena parte" del articulado.

El informe propone para evitar esta situación "delimitar las funciones" de la citada Comisión para la averiguación y fijación de los hechos "a los que no fueran constitutivos de ilícitos penales, o bien estuvieran prescritos por el tiempo transcurrido, de manera que su actuación no interfiera en la actividad propia del Poder Judicial".


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