• viernes, 29 de marzo de 2024
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ECONOMÍA

La Justicia evita que Navarra pague casi 24 millones a una empresa adjudicataria

La Audiencia asegura que UTE Sanco, adjudicataria de la Ciudad del Transporte de Pamplona, ha incumplido contratos denunciados.

Vista aérea de la Ciudad del Transporte de Navarra
Vista aérea de la Ciudad del Transporte de Navarra

La Audiencia Provincial de Navarra ha ratificado los incumplimientos de contrato por parte de la UTE adjudicataria de la Ciudad del Transporte de Pamplona, una resolución fruto de la denuncia en 2018 por parte de Nasuvinsa y que permite a Navarra evitar la pérdida de 23,7 millones de euros.

Así lo ha indicado esta mañana el vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, en una comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai para exponer el contenido de la sentencia.

El fallo, emitido el 16 de febrero, desestima el recurso presentado por la UTE Sanco a la instancia del 2019 que daba la razón a Nasuvinsa en su petición de rescindir el contrato de la Ciudad del Transporte por incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria.

Según ha asegurado el consejero, si Nasuvinsa no hubiera denunciando en 2018 el incumplimiento del contrato de la explotación de la 3ª fase de la Ciudad del Transporte de Pamplona en Imárcoain, suscrito con Sanco “el 1 enero 2022, los ciudadanos navarros hubieran tenido que abonar a la UTE 23,7 millones de euros como consecuencia de las condiciones pactadas en aquel contrato”.

Esto, ha explicado, se deriva de la posibilidad de la empresa de elegir en esta fecha si mantener el derecho de superficie por más tiempo y seguir gestionando este espacio u obligar a la Administración a comprar esos activos a un precio establecido muy superior al de mercado “en un ejercicio de irresponsabilidad” por parte del entonces Gobierno de UPN.

Además, ha señalado, “Nasuvinsa ya está cobrando 330.000 euros de ingresos por los alquileres de las naves construidas que hasta hace 4 días percibía la UTE” y la valoración de los peritos de la empresa pública han establecido que la UTE, además de entregar los activos, debe pagarle entre 2 y 4 millones de euros por su “inacción y falta de dinamismo”.

A su juicio no se puede responsabilizar a la UTE por lo ocurrido debido a que “es una empresa privada que busca las mejores condiciones para su propia actividad”, la clave, ha subrayado, está en “el fracaso del modelo elegido dejando que el mercado “actuase por si mismo sin ningún tipo de control”.

“Priorizar el beneficio empresarial frente a ese interés público parecía el objeto de un procedimiento y un concurso de estas características”, ha insistido Aierdi, señalando que ya en aquel momento existían sociedades públicas como Nasuvinsa o la Agencia Navarra del Transporte y la Logística (ANL) que “estaban gestionando los desarrollos industriales del conjunto de la comunidad”.

La sentencia del 2022, ha señalado, incide en que se modificaron las condiciones del procedimiento dando valor a la estrategia de la empresa, que “busca mantener en el tiempo esas parcelas sin vender en contradicción con el interés público” para cobrar a un precio superior.

El consejero ha aclarado que el contrato no establecía mecanismo para evitar que la Administración se viese obligada a adquirir los terrenos a un precio elevado, sino que la “facilitaba”, y la clave ha sido que la UTE no ha pagado el canon de explotación. Esto ha permitido al Gobierno resolver el contrato ya que de no ser así habían tenido que abonar los 23,7 millones.

El proyecto, ha recordado Aierdi, se adjudicó a la única empresa que se presentó al concurso con una propuesta que modificaba “de forma sustancial” el pliego de condiciones, optándose entonces por adaptar el PSIS a las condiciones establecidas por la empresa con un sistema que “solo beneficiaba a la empresa adjudicataria y perjudicaba los intereses de los ciudadanos”.

Ante esta situación, ha referido, “lo normal hubiera sido que se hubiera determinado desierto ese concurso, cambiar las condiciones del convenio y volver a publicitar para que todas las empresas concurrieran en igualdad de condiciones”.

La principal causa de resolución del contrato que establecen las sentencias del 2019 y 2022, ha detallado el consejero, es el impago de 9,8 millones de deuda acumulada por la UTE correspondientes al canon por los derechos de superficie y explotación, intereses por esta deuda e impago a la comunidad de propietarios por las fincas gestionadas.

Incurría en otros incumplimientos como la falta de entrega de avales por las anualidades del canon, no acometer ninguna implantación empresarial desde 2013, no concluir la urbanización de los terrenos, no efectuar ningún pago de la deuda en los últimos 4 años e incumplir en el deber de cesión del 10% de aprovechamiento al Ayuntamiento de Noáin.

LOS SOCIOS DE GOBIERNO CRITICAN A UPN

El PSN, Geroa Bai, EH Bildu e I-E han criticado en comisión parlamentaria la gestión de control de los fondos y contratos púbicos de UPN tras la sentencia.

Por alusión a su grupo el portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha quitado responsabilidad a UPN refiriendo que “desde 2015 hasta 2018 el Gobierno tampoco llevó a cabo ninguna denuncia por incumplimiento” planteando que “quizás a veces hay que dejar pasar el tiempo para acreditar mejor los incumplimientos o las intenciones de la empresa”.

Así mismo ha defendido que las sentencias que han permitido la resolución del contrato demuestran que este “tenía las disposiciones suficientes para resolver esta propia situación” con una cláusula que capacitaba del resarcimiento para la Administración en caso de que la empresa incumpla.

Desde el PSN Arantza Biurrun ha asegurado que “ha faltado un absoluto control público de la ejecución de ese contrato” mencionando que con este caso se podría “elaborar una tesis de lo que no hay que hacer en una adjudicación pública”.

La situación “empezó mal desde el principio” ya que “desde su planteamiento tenía una cierta perversión que vela única y exclusivamente por el interés de esa UTE” lejos de “velar por el interés público”, ha asegurado refiriendo que otro de los perjudicados ha sido el interés municipal.

La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, ha denunciado que “hasta 2018 había habido una dejación constante del control de lo público” al menos en lo que respecta a este caso y se ha mostrado sorprendida por que el Gobierno de UPN haya aceptado este tipo de cosas “como normales”.

Por ello ha querido dar las gracias al actual Ejecutivo “por la labor que han ejercido sobre el control de transacciones comerciales que se hacen en terreno público y que permite detectar aquellos que no están cumpliendo” con “malas praxis” que “a los únicos que beneficia es a las empresas que no están cumpliendo”.

Por parte de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha planteado a los grupos que no deben quedarse “impasibles” ante esta situación en la que “se ha antepuesto el interés de la empresa frente al interés general” por lo que “estaríamos hablando de una Administración desleal”.

Ha coincidido en que “desde el inicio se ha actuado desoyendo el interés público para enfocar la fortaleza de lo público en mejorar la situación de una empresa” y ha considerado que si en 2015 no se hubiese establecido un Gobierno del cambio “probablemente se hubiese esperado y no se hubiese llevado a los tribunales”.

Marisa de Simón, de I-E, ha insistido en que “estamos ante un claro ejemplo de inversión pública en beneficio privado” embarrado en un proceso “excesivamente farragoso” de “acciones totalmente fallidas” y “abandono de un proyecto que era importante para Navarra”.

Ha mostrado su deseo de que esa 3ª fase se recupere desde lo público puesto que “es evidente que la gestión pública y la propiedad pública de determinados proyectos estratégicos es fundamental para garantizar un control de esos fondos que son de todos”.


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