• viernes, 29 de marzo de 2024
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POLÍTICA

Asirón insinúa que por culpa de 53 familias que han recurrido se va a perjudicar a otras

Bildu dice que continuará el proceso de matriculación mientras no se resuelva el recurso que va a presentar el Ayuntamiento

Joseba Asiron y Maider Beloki durante la firma del convenio para la gestión de la Biblioteca Pública del Casco Viejo-San Francisco (1). IÑIGO ALZUGARAY
Joseba Asiron y Maider Beloki, alcalde y concejal de Bildu. IÑIGO ALZUGARAY

El alcalde de Pamplona ha insinuado que por culpa de las 53 familias que han recurrido la decisión de imponer el euskera, se verán perjudicadas las 1.350 que habían preinscrito a sus hijos en las escuelas infantiles de Pamplona. Según Asirón, “no se ha ponderado ni el interés público ni el daño que se hace a 1.300 familias. Incluso ha menospreciado a los recurrentes al asegurar que “el recurso fue puesto por 50 de las más de 200 afectadas directamente”.

No obstante, ha afirmado que el proceso de matriculación continuará como estaba previsto mientras el juez no resuelva el recurso que presentará el Consistorio. Según el alcalde el recurso se pondrá porque “el juez ignora los fundamentos argumentados por el Ayuntamiento”.  Eso sí, no ha aportado ningún razonamiento jurídico que contraponga al auto del juzgado de lo contencioso administrativo.

Asirón ha recordado que 850 familias respondieron a la encuesta propuesta por el Ayuntamiento y de ellas, el 37% pidió plazas en euskera. Si se paraliza el proceso de matriculación, sólo habrá plazas disponibles para el 10%. Como suele ser habitual en el Ayuntamiento, ha mezclado las 12 escuelas infantiles de titularidad municipal con las 5 de titularidad del Gobierno de Navarra, sobre las que el Ayuntamiento no tiene ningún poder de decisión.

Asirón ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias afectadas con el “convencimiento de que las cosas se han hecho bien” y que su decisión “había sido avalado por informes de los técnicos municipales así como por los servicios jurídicos del Ayuntamiento”. Sin embargo no ha dicho nada de lo que comenta el juez en su auto en el sentido de que los informes presentados habían sido redactados “ad hoc” para justificar la decisión tomada.

La portavoz municipal de Aranzadi, Laura Berro, ha “ratificado” las palabras del alcalde de Pamplona y ha asegurado que “tiene que prevalecer el bien común”. Un poco más comprensiva se ha mostrado la concejal de Izquierda Ezkerra, Edurne Egino, quien ha asegurado que “las 53 familias han acudido al juez legítimamente”. Según Egino, “se contrapone el interés general de 1.350 familias con el interés legítimo de 53”.


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