Mientras, Izquierda-Ezkerra pide al Gobierno que retire la denuncia y a los 'okupas' que se comprometan a no crear un conflicto de orden público.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha indicado hoy que un desalojo "unilateral" del palacio de Marqués de Rozalejo, denominado gaztetxe 'Maravillas' por el colectivo de okupas que lo gestiona desde septiembre de 2017, "no vendría a solucionar el problema, sino tal vez a acentuar esa división".
Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas en la escuela infantil Hello Buztintxuri, uno de los centros educativos municipales que este jueves comienzan el curso.
Asiron ha comentado que desde el gobierno municipal que preside el caso del gaztexte Maravillas se está "mirando con mucha preocupación" y, por tanto, ha llamado "al diálogo".
"Es el momento de que ese diálogo se materialice y se sienten las partes y empiecen a hablar, que es lo que todos y todas deseamos", ha subrayado.
Cuestionado qué le parecen las posturas "enconadas" del colectivo de okupas y el Ejecutivo foral, ha considerado que son "las posturas que son tradicionales, normales, habituales, en un principio de negociación".
Además, ha declarado que "el hecho de que todavía se produzcan ocupaciones quiere decir que, a pesar de esos esfuerzos que hemos hecho y probablemente a pesar de esos tres millones de euros que se han destinado a este tipo de edificios autogestionados, todavía hay una demanda".
En cualquier caso, Asiron ha mostrado su "disposición" a "cualquier tipo de colaboración que desde ambas partes se estime conveniente".
I-E PIDE "EVITAR LA DERIVA A UN CONFLICTO DE ORDEN PÚBLICO"
Por su parte, Izquierda-Ezkerra ha remitido un comunicado en el que pide "evitar el desalojo forzoso mediante el diálogo y el acuerdo entre el Gobierno, el Ayuntamiento como institución competente en garantizar espacios a la juventud y los ocupantes del edificio".
En un texto firmado por Edurne Eguino y Marisa de Simón, concejala en Pamplona y parlamentaria de la coalición Izquierda-Ezkerra, reclaman al Gobierno de Barkos "la retirada de la denuncia y evitar en todo caso la deriva a un conflicto de orden público".
En este sentido, I-E ha recordado que "los grupos políticos que actualmente gobiernan en Navarra y Pamplona coincidieron en la defensa de los procesos de 'okupación' y desarrollo de espacios autogestionados en el pasado, ante la falta de alternativas públicas" y ha valorado que esto "se vio reflejado en 2015 en los sendos acuerdos programáticos que permitieron conformar gobiernos de coalición".
Por ello, reitera la petición de diálogo que "implicaría en la práctica la no presentación de denuncia por la propiedad del inmueble, o la retirada de la misma, al menos tras el acuerdo, para evitar consecuencias legales indeseadas y también el compromiso de la parte 'okupante' de no convertir el posible desalojo en un conflicto de orden público, para iniciar así un verdadero proceso de diálogo y negociación entre las partes".
Sin embargo, I-E reclama que "el acuerdo a alcanzar con la parte 'okupante' debe basarse en la corresponsabilidad. De ninguna manera las okupaciones de este tipo de locales pueden significar 'hacer lo que me dé la gana”.
"El uso y disfrute de un edificio público debe conllevar fundamentalmente una gestión plural del mismo, sin restricciones a nada ni a nadie, dentro de los límites del respeto mutuo y a los valores democráticos y DDHH", ha añadido.
Así pues, remarca que se debe hacer "un uso sujeto a normas que garanticen la seguridad de los espacios: no puede ser que la ocupación de estos locales pueda conllevar la realización de obras sin autorización municipal como ya ocurrió en el Chalet de Caparroso".
Del mismo modo, señala que "no puede ser que no se cumplan las normativas de aforos y seguridad obligatorias para locales de pública concurrencia. No puede ser que en estos locales se cuelguen fotos de presos de ETA" y valora que "el desarrollo de actividades sociales, culturales y recreativas debe de contar con todas las garantías que la legislación vigente exige".
Por último Eguino y De Simón critican la propuesta de Barkos de "ubicar en Marqués de Rozalejo el Instituto de la Memoria Histórica, con una inversión de 6 millones de euros" y se preguntan si es "improvisada".
A este respecto, I-E defiende que "ve con muy buenos ojos, que el Instituto de la Memoria fuera ubicado en otro edificio vacío", pero reitera que esta "propuesta de Barkos se queda coja", ya que "le falta algo ineludible como es reconocer la necesidad de ofertar locales a la juventud, mostrando capacidad para a cumplir con su propio acuerdo programático en materia de locales autogestionados".
UPN: "NO SE PUEDE PREMIAR A QUIEN SE SALTA LA LEY Y OCUPA UN EDIFICIO PÚBLICO"
El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado hoy que “no se puede premiar a quien se salta la ley y ocupa un edificio público ilegalmente”.
Según los regionalistas, “esa es la fracasada estrategia que Geroa Bai y Bildu siguieron después de la ocupación de un edificio del Gobierno en la Calle Calderería en 2016, regalándoles el Chalé de Caparroso que también debieron abandonar después de que UPN destapara el incumplimiento reiterado de las condiciones pactadas”.
“No hay forma de explicar por qué unas personas tienen más derecho que el resto de jóvenes, que actúan conforme a la ley y que si quieren una bajera la pagan de su bolsillo y cumplen horarios y normativa, mientras a quienes entran por la fuerza en un edificio se les ofrecen reuniones en el Palacio de Navarra”, han subrayado.
Por ello, los regionalistas han exigido al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona “rigor en el cumplimiento de la ley, porque esa es el único camino para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos”.
En este sentido, han criticado las palabras de hoy del alcalde Asirón, que “descaradamente ha tomado partido en defensa de los okupas y en contra de un posible desalojo”.
Según UPN, “la posición de Asirón no puede sorprender a nadie, porque ya se ha visto cómo los okupas comparten punto por punto los posicionamientos políticos del alcalde y de su partido”.
“El Ayuntamiento ha estado meses mirando a otro lado y haciendo dejación de sus obligaciones hasta el punto de obligar a los concejales de UPN a solicitar un informe al Secretario municipal que dejó bien claro que el Consistorio debía cumplir con su labor de inspección según marca la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo y la Ley reguladora de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”, han señalado.
En su opinión, “especialmente grave es que se haya permitido que durante las fiestas de Sanfermín se hayan estado llenando los bolsillos con un negocio ilegal de hostelería en pleno centro de la ciudad”.
