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El Gobierno del cuatripartito niega el amaño en una encuesta para favorecer el euskera

UPN va a solicitar la comparecencia en el Parlamento del director gerente del Instituto Navarro de Estadística (INE) "para que aclare todo lo sucedido".

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, durante una rueda de prensa. EFE / Villar López
El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, durante una rueda de prensa. EFE / Villar López  

El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno foral ha negado que haya habido irregularidades en la encuesta de condiciones de vida de 2018 o preguntas dirigidas para favorecer el euskera.

Ante las explicaciones del consejero, UPN va a solicitar la comparecencia en el Parlamento del director gerente del Instituto Navarro de Estadística (INE) “para que aclare todo lo sucedido en torno a la encuesta general de condiciones de vida correspondiente a 2018 y su contraste con las de ediciones anteriores”.

Este jueves, Mikel Aranburu ha respondido en el pleno del Parlamento al regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien ha sostenido que se utilizaron ficheros de salud para encuestar a menores, que 24 de 45 preguntas buscaban favorecer la "imposición" del euskera y que se exigió que al menos el 50% de los encuestadores tuviera nivel C1 de euskera, cuando "jamás" se había hecho, ganando la adjudicación una empresa de Bilbao.

Tras explicar que esta encuesta de condiciones de vida se hace desde 2001 aunque haya cambiado en el tiempo, Aranburu ha indicado que en ella se ha preguntado desde el principio por conocimientos de idiomas, después sobre trabajo, salud o medio ambiente, y en 2018 se planteó como medio para obtener información de cara a la elaboración del mapa sociolingüístico de Navarra.

"Ese era el objetivo, no modificar porcentajes (de vascoparlantes) ni orientar al encuestado, y es absolutamente falso que hubiera irregularidades en los procedimientos y grave que se desacredite el trabajo" del Instituto de Estadística de Navarra, ha dicho el consejero.

Y ha añadido que son "falsas todas las irregularidades denunciadas" porque la muestra se toma del registro de población y los datos que no figuran en él, como el teléfono, son los que se obtienen de la tarjeta sanitaria, de forma legal y autorizado por la regulación estadística vigente".

Aranburu ha agregado que el requisito de conocimiento de euskera de los encuestadores "es acorde con la normativa" y de hecho en la encuesta de 2013, hecha por un Gobierno de UPN, se "exigió que el 100% fueran bilingües euskera-castellano" y la adjudicataria fue también vizcaína.

Ha destacado además que en 2017 no se exigió C1 de euskera y no se presentó ninguna empresa navarra y en 2018, con ese requisito se ha presentado una de Madrid, "no quiera hacer ver que hemos dirigido la adjudicación a una empresa concreta", ha pedido, y calificado de "falso" igualmente que las preguntas pretendieran favorecer el euskera cuando se interpelaba por ejemplo sobe su uso en el ámbito familiar.

UPN PIDE COMPARECER AL DIRECTOR DEL INE

Desde UPN van a solicitar la comparecencia en el Parlamento de Navarra del director gerente del Instituto Navarro de Estadística (INE) “para que aclare todo lo sucedido en torno a la encuesta general de condiciones de vida correspondiente a 2018 y su contraste con las de ediciones anteriores”.

Los regionalistas lo han pedido “tras las rectificaciones y cambios de versiones del consejero Aranburu en las últimas 24 horas sobre la manipulación y las irregularidades denunciadas por UPN en relación con esta encuesta”.

Así, han explicado que “el consejero en un primer momento en rueda de prensa negó todo lo afirmado por UPN y reconoció que tan solo se recogía una pregunta sobre uso de euskera en el cuestionario; minutos después declaró que se incluían más de 14 preguntas en euskera y este jueves, en el pleno del Parlamento, cuando se le ha exhibido el cuestionario ha variado de nuevo su versión”.

Además, denuncian, “ha formulado una respuesta engañosa al afirmar que es habitual que para realizar estas encuestas se exija conocimiento de euskera, citando un estudio lingüístico realizado por Euskarabidea y no la encuesta general de condiciones de vida que es de su competencia”. “Esta encuesta general jamás, hasta este año, ha incluido la referida cláusula obligatoria”, han aclarado.

Por ello, UPN va a exigir también al consejero “el expediente completo de la contratación para examinar, por ejemplo, si la empresa adjudicataria concurrió en situación de ventaja gracias al requisito de disponer de personal con titulación de C1 de euskera”.

En este sentido, la formación regionalista quiere analizar la “adecuación a la legalidad del referido requisito que en la práctica discrimina y excluye de la contratación a las empresas de estudios sociológicos navarras”.

En definitiva, a juicio de UPN, “en este asunto concurre la obcecación del Gobierno de Barkos por imponer el euskera y la torpeza y engaño en negar los hechos una vez conocidos por todos”.


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