El consejero Aramburu defiende que la reforma del cuatripartito ha cumplido los objetivos de "eficacia, progresividad y equidad".
El consejero de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, Mikel Aramburu, ha afirmado que, tras realizar el balance de la campaña de la declaración de renta y patrimonio de 2016, primer año de aplicación de la reforma fiscal, "se han cumplido los objetivos de las modificaciones tributarias, y la senda de eficacia, progresividad y equidad de los impuestos de renta y patrimonio se cumplen".
En respuesta a una pregunta de I-E en el pleno del Parlamento, el consejero ha señalado que "en el IRPF las modificaciones no solo fueron en la tarifa del impuesto, sino en lo que es la ideología del sistema tributario, pues se buscaba mayor progresividad y equidad, y este objetivo se ha cumplido".
En total más de la mitad de la población, el 51% de los contribuyentes, paga más que en la anterior declaración de la renta. Así, ha asegurado que "un 44% de los declarantes pagan menos que en la situación anterior, un 5% están igual, un 19% pagan 30 euros más al año, y el resto, un 32% de declarantes, pagan de media 215 euros más que el año anterior".
Con todo ello, y "ayudado por el crecimiento de la economía", el consejero ha explicado que se registró un crecimiento de la recaudación de cerca del 9 por ciento en 2016, comportamiento que se ha mantenido en 2017.
Además, ha destacado que se han incluido "medidas importantes como las deducciones al mecenazgo o el complemento a pensiones bajas". En el caso de la declaración de patrimonio, se han recaudado 8,3 millones más que en 2015.
El parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha afirmado que, tras conocer el balance de la campaña de 2016, "la conclusión es que quienes han afirmado que se ha crujido a los navarros a partir de 17.000 euros han mentido, quienes han afirmado que esta reforma era sanguinaria han mentido, y no lo digo yo, lo dicen los números". "¿Van a pedir disculpas, señores de UPN, PSN y PPN por mentir?", ha planteado.
Nuin ha asegurado que "se han cumplido los objetivos con un aumento de la recaudación y de la progresividad, con equidad". "Era imperioso aumentar la recaudación ante el agujero presupuestario que había dejado el anterior Gobierno de Navarra y la necesidad de poner en marcha políticas sociales, pero con equidad", ha asegurado.
PROPUESTA DE UN NUEVO IMPUESTO A LA BANCA
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado una moción por la que se insta al Gobierno de España a "volver al consenso de 2011 derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura 2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada y, de forma íntegra, la ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social".
Este punto de la resolución ha sido aprobado con los puntos a favor de UPN y PSN, la abstención de Geroa Bai y los votos en contra de EH Bildu, Podemos, PPN e Izquierda-Ezkerra.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, con el voto en contra del PPN, se emplaza al Ejecutivo central a "garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC".
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a "eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el PP en la ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida de la cohorte correspondiente a partir del 1 de enero de 2019". Igual que en el punto anterior, el PPN ha votado en contra y el resto a favor.
Asimismo, se conmina al Ejecutivo de Madrid a "racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los Presupuestos Generales del Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones, entre éstos, las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas planas), cuyo mantenimiento, si se considera necesario en algún caso, debería ser por la vía de bonificaciones y a cargo de los PGE; y los gastos de gestión de las entidades administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de organismos públicos". Geroa Bai, Podemos, PSN e I-E han votado a favor, EH Bildu se ha abstenido y UPN y PPN han votado en contra.
Además, se insta al Gobierno de España a "incrementar los ingresos del sistema". Por un lado, "complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras".
"Pensamos que si toda la sociedad española ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones", recoge la moción.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL
Por otro lado, se pide "intensificar la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social". Este epígrafe ha prosperado con los votos en contra de UPN y PPN. El resto ha votado a favor.
Por otra parte, se solicita una "mejora de la naturaleza protectora del sistema, modernizando la gestión del Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperando el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual". EH Bildu se ha abstenido, el PPN ha votado en contra y el resto a favor.
Por último, sin más voto en contra que el de PPN, se requiere al Ejecutivo central la "adopción de medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las mujeres (déficit de género)".
A tal objeto, se demanda la "aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, con el fin de eliminar la brecha salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más bajas". Y se solicita "recuperar la iniciativa legislativa socialista, incluida en la Ley 27 /2011, de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública, hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres".
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el PSN cuestiona "el progresivo empobrecimiento al que, rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo, han conducido las políticas del PP" y, en ese sentido, llama a "establecer una fuente complementaria de financiación a cargo de los PGE para, en base a un nuevo modelo, reequilibrar el sistema de pensiones, a la postre la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades".
