Tanto el PSN como el PPN han presentado enmiendas para corregir el texto que promueve el cuatripartito.
PSN y PPN han presentado sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de la ley foral de residuos impulsado por el Ejecutivo navarro porque consideran, en opinión de los socialistas, que "no da respuesta a las necesidades de Navarra" los populares advierten que "puede dañar a usuarios y empresas".
Por su parte, la portavoz del PSN en temas de desarrollo rural, administración local y medio ambiente, Conchi Ruiz, ha asegurado este viernes en una rueda de prensa que la citada ley "no aporta soluciones".
Ruiz ha incidido en que la citada ley es "una norma cortoplacista", que "aboca al desastre en el futuro", de forma que, ha dicho, la Comunidad foral se quedaría sin vertederos en unos años y no habría salida para las basuras generadas.
Ha precisado que la futura normativa establece que para el 2027, el 75 por ciento de los residuos de Navarra sean recogidos de forma selectiva, un objetivo, ha indicado, "más ambicioso que el planteado por la Unión Europea", que fija para el 2030 el 65 por ciento.
Por ello, ha tildado el objetivo del Gobierno de Navarra como "poco realista" y ha añadido que en la actualidad no se está teniendo en cuenta las directrices europeas en el máximo de residuos que puede ir a vertedero.
Ha mostrado su preocupación porque "ni la ley ni el plan de residuos contemplan infraestructuras para almacenar y tratar" los residuos.
Al respecto, ha explicado que a día de hoy existen tres vertederos en Navarra, y que el que recibe la mayor cantidad de residuos, el de Góngora, no cuenta con planta de tratamiento para los mismos y se clausurará en 2022.
De esta forma, ha dicho que los dos vertederos restantes, el de Cárcar y el de Culebrete, en Tudela, tendrán que asumir la basura del primero y, para llegar hasta éstos, la basura tendrá que transportarse en camiones "por toda Navarra, de norte a sur".
Por ello, ha augurado que los dos vertederos "se verán llenos", ya que en su origen no se planificó asumir esa cantidad de residuos sin tratar, por lo que "será necesario proceder a su cierre en menos tiempo del previsto".
Ha defendido la valorización energética antes que el vertedero, ya que es una mejor opción para aprovechar los residuos para generar electricidad y se puede considerar como una fuente de energía renovable.
"Sin embargo, la valorización no se contempla por el Gobierno de Navarra como alternativa cuando es una de las opciones más tenidas en cuenta en la UE", ha remarcado.
Ha criticado la figura del ente, que según la futura ley, gestionará todos los residuos de Navarra y en la que estarán representados el Gobierno y las entidades locales.
"A día de hoy desconocemos la participación de los mismos y su funcionamiento interno", ha subrayado para denunciar que estas cuestiones "quedan en el aire", a la espera del desarrollo del mismo en los estatutos.
Tampoco ha apoyado el impuesto al vertedero e incineración ya que ésta última "no es una solución".
El secretario de Transición Energética del PSN, Bernado Ciriza, ha apostado porque el objetivo en 2030 sea la recogida selectiva con un 60 por ciento de reciclaje y un 10 por ciento a vertedero y por la construcción de las infraestructuras suficientes, como una planta de valorización.
LA ADVERTENCIA DEL PPN: "SE PUEDE HACER DAÑO A USUARIOS Y EMPRESAS"
Además, el PPN ha presentado otra enmienda a la totalidad al proyecto de ley foral de residuos, que a su juicio "puede hacer mucho daño a los usuarios y a empresas" y "en algunos puntos puede vulnerar la legalidad".
En rueda de prensa, la presidenta del PPN y portavoz parlamentaria, Ana Beltrán, ha señalado que "hemos recibido numerosas asociaciones, empresas y representantes de distintos sectores que han venido a quejarse por este proyecto de ley". "Se sienten altamente perjudicados numerosos sectores", ha añadido.
Ana Beltrán ha explicado que han solicitado un informe al Consejo de Navarra sobre "si esta ley se adapta o no a la legalidad vigente", un informe que "debía haber presentado el Gobierno de Navarra y no ha hecho". "Es una ley que tiene que cumplir con la normativa europea y también con diferentes leyes de rango superior nacionales", ha comentado.
Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha indicado que el proyecto de ley "va a generar inseguridad jurídica" y ha criticado que se contempla "un nuevo ente público, al que no se da forma jurídica". "Las competencias que pueda tener dicho ente ya están recogidas en la actualidad y no creemos que sea necesario crear un nuevo ente para crear duplicidades", ha añadido.
García ha censurado "la prohibición contemplada para el consumo de agua embotellada en centros públicos" y "nos genera dudas que sea constitucional". "Y no vemos necesario la obligatoriedad del consumo de agua no embotellada tanto en edificios públicos como actos organizados por entidades públicas", ha dicho, para opinar que "entramos en competencia desleal".
Entre otros asuntos, el parlamentario del PPN ha añadido que "se debía de haber buscado un consenso y se debía de haber estudiado previamente tanto en materia técnica como en jurídica y económica la conveniencia de implantar un nuevo sistema de depósito, que sólo sería en nuestra Comunidad".
Sobre el fondo de residuos, ha dicho que "se crea una inseguridad jurídica" y ha indicado que "se establecen nuevos impuestos, una mayor presión fiscal para los navarros".
Finalmente, García ha señalado que "los objetivos que se marcan en la ley son muy exigentes" y "tenemos que preguntarnos si a día de hoy la sociedad navarra está preparada para estos cambios". "Si la progresión es paulatina podemos estar preparados para las exigencias en reciclaje", ha expuesto.
