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Críticas a Aranzadi por los trabajadores contratados ilegalmente: "Se han cargado el servicio por vicios"

Con el plazo judicial a punto de extinguirse, el cuatripartito pretende mantener a los técnicos de Participación Ciudadana hasta convocar oposiciones.

El ex director del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Axel Moreno; el concejal delegado Manuel Millera (Aranzadi), y el técnico municipal Floren Luqui. NAVARRA.COM
El ex director del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Axel Moreno; el concejal delegado Manuel Millera (Aranzadi), y el técnico municipal Floren Luqui. NAVARRA.COM  

A punto de agotarse el plazo de 10 días para ejecutar la sentencia que revoca la contratación de cuatro técnicos de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Pamplona, el cuatripartito se ha mostrado este lunes a favor de que los trabajadores actuales se mantengan en sus puestos hasta que se convoquen oposiciones.

De esta forma, el equipo de Gobierno dirigido por Joseba Asirón (EH Bildu) apuesta por mantener a los actuales empleados a pesar de la existencia de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que asegura que el tribunal calificador que se encargó del proceso de selección incurrió en "vicios expuestos" que ponían en duda tanto su composición y su imparcialidad.

En concreto este proceso de selección llevado a cabo en el área de Participación Ciudadana, dirigida por el grupo político de Aranzadi, se cerró con cuatro contrataciones, entre ellas la de Floren Luqui, el exalcalde de Barañáin por Nafarroa Bai e integrante de la lista electoral de EH Bildu al Parlamento.

Luqui fue seleccionado por un tribunal compuesto por su ex compañeros de trabajo Andoni Iso y Axel Moreno, ya implicados a su vez en la adjudicación de un contrato a la empresa Nommad, que también fue rechazada por los tribunales.

UPN ha presentado una declaración en la comisión de Presidencia de este lunes para que el Ayuntamiento diese respuesta a esta situación que se ha prolongado durante medio año y que ahora debe resolverse en un plazo de 10 días que está llegando a su fin, tras una diligencia del Contencioso-Administrativo.

La concejala Ana Elizalde ha asegurado que estos empleados "llevan seis meses trabajando sin tener derecho a ello". "Desde hace medio año el Ayuntamiento conoce esta sentencia y no ha hecho nada, no tienen intención de cumplirla", ha reprochado la edil regionalista.

En la misma línea, desde el grupo municipal del PSN Maite Esporrín ha concluido que "no procede mantener a estas personas por más tiempo en sus puestos de trabajo". "No es nada personal contra las personas que están realizando estas funciones", ha matizado la socialista, "pero todo lo que pase de esta fecha está de mas...".

BILDU QUIERE QUE SIGAN EN SUS PUESTOS

EH Bildu ha sido muy claro en su exposición y a través de la concejala Patricia Perales ha asegurado que su apuesta es que los actuales técnicos se mantengan en sus puestos, a pesar de que la sentencia judicial expone lo contrario, hasta que se desarrolle una convocatoria de oposiciones.

"En breve saldrá públicamente", ha asegurado la edil abertzale sobre una hipotética convocatoria de oposiciones para técnicos de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Pamplona.

Desde Bildu aseguran que ya están tomando medidas y defienden su postura acusando a UPN de pretender "cargarse el servicio". "Para ustedes la participación siempre ha sido algo muy molesto, por eso quieren echar a las personas a la calle y que el servicio desaparezca", ha zanjado Perales.

Una opinión similar ha sostenido Aranzadi, el grupo que ha quedado en entredicho con este nuevo escándalo judicial de contrataciones irregulares. La concejala Laura Berro ha puesto el foco en desacreditar la labor de control que ejerce la oposición en el Consistorio de Pamplona.

Así, la concejala de Aranzadi ha criticado que UPN "somete a un área tan pequeña, la segunda más pequeña del Ayuntamiento, a un escrutinio que no tiene ningún sentido".

Desde Geroa Bai han cubierto las espaldas de Aranzadi defendiendo que la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo no dice, literalmente, que "se haya buscado trabajo para colegas o que haya que echar a esas personas". Según la lectura que ha expuesto el edil Mikel Armendáriz, el requerimiento da 10 días para "decir al tribunal cómo vamos a ejecutar la sentencia".

UPN AL CUATRIPARTITO: "EL SERVICIO SE LO HAN CARGADO USTEDES"

La concejala de UPN Ana Elizalde ha vuelto a tomar la palabra para corregir a Geroa Bai y ha defendido que el requerimiento judicial "da 10 días para ejecutar esa sentencia, no para decir cómo se va a ejecutar, para eso ya han tenido seis meses".

La regionalista se ha defendido de las acusaciones del cuatripartito y ha negado que UPN esté en contra del área de participación: "El servicio se lo han cargado ustedes por vicios, por procedimientos viciados".

Al respecto, Elizalde ha cuestionado si los miembros del tribunal juzgado por un procedimiento viciado han devuelto el dinero cobrado por este proceso de selección. Y ha criticado que el "objetivo" del cuatripartito sea mantener a los trabajadores que están contratados a través de las hipotéticas oposiciones. "Por eso tienen difícil encontrar a alguien que quiera estar en ese tribunal", ha zanjado Elizalde.


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