• viernes, 29 de marzo de 2024
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PAMPLONA

La residencia Fuerte Príncipe cierra tras servir de alojamiento de personas en exclusión social con Covid-19

Tras el alta de la mayor parte de las personas acogidas, los responsables del centro en coordinación con las autoridades de Salud han optado por efectuar dos traslados.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, con responsables y personal que ha atendido la residencia en el momento de la clausura. GOBIERNO DE NAVARRA
La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, con responsables y personal que ha atendido la residencia en el momento de la clausura. GOBIERNO DE NAVARRA

La Residencia Fuerte Príncipe, que habitualmente es ocupada por jóvenes y deportistas, ha cerrado sus puertas después de haber acogido a nueve personas que no disponían de residencia o no podían mantener condiciones de aislamiento, tras mes y medio de actividad.

Los ocupantes han sido personas autónomas, en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, afectados por Covid-19, que no han precisado de cuidados asistenciales y clínicos complejos y que carecían de espacio adecuado para su aislamiento, ha explicado el Gobierno navarro en una nota.

Tras el alta de la mayor parte de las personas acogidas, los responsables del centro en coordinación con las autoridades de Salud han optado por efectuar dos traslados. El primero de ellos ha sido enviado a otro centro sociosanitario habilitado por el Departamento de Salud. La segunda persona ha sido alojada en una residencia de mayores.

Desde su apertura, el pasado 6 de abril, en el centro se ha atendido a nueve personas. La mayoría de ellas se han mantenido casi desde el principio. El 33% no contaban con domicilio habitual con antelación a su ingreso y en el 83% de los casos ha sido necesario gestionar un recurso residencial a su salida del centro.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha señalado que "este cierre es una buena noticia, significa que avanzamos hacia una nueva etapa y que la pandemia va remitiendo".

El centro Fuerte Príncipe se habilitó en diez días y contaba con 17 plazas, ampliables, aunque finalmente no ha sido necesario utilizarlas todas, puesto que el número máximo de personas atendidas ha sido de nueve.

Este recurso ha sido gestionado por un equipo compuesto por una directora técnica, responsable de realizar la atención presencial y localizada, profesionales de trabajo social y educación social para una cobertura del servicio de 24 horas, y auxiliares de enfermería, mañana y tarde, y personal de servicios generales propio de la residencia juvenil con cobertura las 24 horas del día. Asimismo, fue necesario contratar servicios de limpieza, lavandería, catering diario y seguridad.

Las personas que han ocupado el centro lo han hecho derivadas por los servicios sanitarios, responsables de valorar, entre todos los dispositivos de atención al Covid-19, el recurso más adecuado a la situación sanitaria de cada persona. Todo ello ha tenido lugar en estrecha coordinación con los Servicio Sociales de Base de referencia.

Concretamente llegaron a Fuerte Príncipe derivadas desde los centros de salud de Orcoyen, Tafalla, Chantrea, Azpilagaña, Berriozar y San Juan. También desde el Complejo Hospitalario de Navarra y desde la Clínica San Miguel.

INGRESO VOLUNTARIO Y ACEPTACIÓN DE NORMAS

El ingreso siempre ha sido voluntario y con aceptación de unas normas establecidas, como permanecer en la habitación, no deambular por las zonas comunes, cumplir la distancia de seguridad y las indicaciones especiales de higiene recomendadas, así como procurar una buena convivencia.

La consejera Maeztu ha puesto en valor "la buena coordinación entre instancias de distintos departamentos del Gobierno para su puesta en marcha". En concreto, han estado implicados el Departamento de Cultura y Deporte, a través del Instituto Navarro de la Juventud, que ofreció el centro y a su personal; el Servicio Karibu, de acogida y acompañamiento a personas migrantes del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, que colaboró en la puesta en marcha del centro; la Dirección General de Interior, a través de la Sección de Coordinación de Seguridad, para la provisión de personal de seguridad, así como la Sección de Protección Civil y Emergencias, en la gestión de traslados con DYA y Cruz Roja, además de los Departamentos de Salud y Derechos Sociales, junto a Cruz Roja, que asumió la dirección técnica, mediante contrato de asistencia.

Por último, Prevención de Riesgos Laborales ha realizado la formación para la utilización de equipos de protección del personal del centro. El seguimiento clínico se ha realizado desde el equipo de atención primaria del Centro de Salud de la Milagrosa.

La consejera de Derechos Sociales, el director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Andrés Carbonero, y la directora del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, Loli Gutiérrez, ambos adscritas al Departamento Derechos Sociales y responsables de la coordinación del centro en el momento del cierre, han despedido este jueves al equipo de trabajadores que han atendido la residencia hasta su clausura. También ha estado presente Marcos Ayesa, técnico de la Sección de Atención Primaria, que ha apoyado a la dirección del centro en todo momento.


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