El PSN de Pamplona ha presentado una declaración para su debate en la comisión de Asuntos Ciudadanos para que "se convoque la Junta del Patronato de la Fundación Teatro Gayarre para valorar el estado de la entidad tras la pandemia del Covid-19, las medidas adoptadas, el futuro del teatro y la situación económica en la que se encuentra".
Para los socialistas, "se deben estudiar medidas, como ha hecho el Gobierno de España dedicando 76,4 millones de euros en ayudas culturales, que ayuden al sector".
En la declaración, el PSN pone en valor las acciones realizadas por el Teatro Gayarre respecto a la programación y a la gestión que se va a llevar a cabo con las entradas ya adquiridas, que "pueden ayudar a ir subsanando los problemas que haya podido causar la situación de la pandemia del Covid-19, tanto para la entidad como para la ciudadanía".
Y proponen otras como "el desarrollo de un plan de relanzamiento de la actividad, con especial atención al público adolescente y a los mayores, campañas de promoción de la programación teatral en los medios de comunicación, la inclusión de producciones locales o el impulso de un programa escolar cultural para el próximo curso".
Por otro lado, para esta misma comisión, el PSN de Pamplona ha presentado otra declaración, en este caso, sobre ayudas a ayuntamientos contra la violencia de género durante la crisis del coronavirus.
En este sentido, en un primer punto, pide que "el Ayuntamiento de Pamplona ponga en marcha en el ámbito de sus competencias las medidas establecidas en el Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo, sobre medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género en el contexto de la crisis del Covid-19".
El texto señala que "debe tenerse en cuenta que las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, al poder verse forzadas a convivir con su agresor, lo que las sitúa en una situación de mayor riesgo".
A esta propuesta se suma un segundo punto, donde solicitan que el consistorio "destine los fondos transferidos por el Gobierno de España, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a los fines establecidos en el referido Real Decreto-ley".
