El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado un Plan de Medidas Antifraude, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para la gestión de los fondos que lleguen del programa europeo Next Generation EU.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este requisito obligatorio que deben tener todas las entidades decisoras o ejecutoras que participen del PRTR para garantizar y declarar que los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables.
El plan tiene por objeto reducir la aparición de fraude, tanto interno como externo, vinculado a los subproyectos y actuaciones desarrolladas en el marco del PRTR en el ámbito del Ayuntamiento de Pamplona, teniendo en cuenta las competencias en materia de fraude, exclusivamente administrativas, que tiene atribuidas.
Según detalla el Consistorio, el plan tiene una duración indefinida, pero se revisará de forma periódica, bienalmente, y si se detecta algún caso de fraude o hay cambios significativos en los procedimientos o en el personal.
En él se abordan los principales riesgos de fraude de forma específica, teniendo en cuenta los cuatro elementos fundamentales en el ciclo contra el fraude, que son la prevención, la detección, la corrección y la persecución.
Asegura que todas las partes interesadas comprendan perfectamente sus responsabilidades y obligaciones, y que se transmita el mensaje a todos los beneficiarios potenciales de que se ha adoptado un planteamiento coordinado para combatir el fraude.
De manera previa, el Ayuntamiento ha realizado ya una evaluación previa del riesgo de fraude, mediante instrumentos y herramientas puestos a disposición por la Unión Europea y el Gobierno de España.
Esa evaluación previa ha dejado constancia la necesidad de contar con un plan de medidas antifraude para alcanzar el nivel de riesgo bajo en la gestión de los fondos Next Generation. El Ayuntamiento cuenta ya con una comisión antifraude creada a finales del mes de febrero que ha sido la encargada de elaborar el plan aprobado hoy.
El Plan de Medidas Antifraude estructura las acciones en torno a cuatro áreas clave de esa lucha, prevención, detección, corrección y persecución, que permitirán evitar y minimizar los riesgos.
Como medidas preventivas, se establece la aprobación de una declaración institucional de lucha contra el fraude, una evaluación de impacto y probabilidad de riesgo, una declaración de compromiso con la ejecución de las actividades financiadas por el PRTR, la elaboración de un código ético y de conducta para empleados y empleadas públicas, autoridades y cargos públicos, así como formación del personal.
Una vez identificada una irregularidad, deberá determinarse si podría ser sospechosa de ser un fraude, entendiendo éste como un acto u omisión intencionada, en relación con la irregularidad detectada. Los mecanismos, herramientas y medidas de detección a ejecutar serán, entre otros, la comprobación y cruce de datos, los sistemas de comunicación implementados o el establecimiento de un catálogo de indicadores (banderas rojas) como signos de alarma ante posibles fraudes.
En caso de detectarse un posible fraude se establece la necesidad de recabar toda la información necesaria y evidencias de las que se disponga con el objetivo de facilitar el posterior análisis del caso. La aparición de varios de los indicadores denominados ‘banderas rojas’ será uno de los principales criterios para determinar la existencia de fraude.
La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la valoración de la suspensión del procedimiento concreto en el que detecte, así como otras medidas de comunicación, notificación, evaluación y revisión de los proyectos que han podido estar expuestos.
Entre las medidas de persecución, ante un caso potencial o confirmado de fraude, se tramitará, por el área municipal responsable un procedimiento de información reservada, que implicará un análisis exhaustivo, en el que deberán documentarse todas las actuaciones, pruebas y resoluciones a adoptar. Se determinará entonces la apertura o no de un procedimiento disciplinario.
En caso de incoarse, si procediera, se tramitaría la recuperación de fondos que han sido objeto de apropiación indebida, o que han sido vinculados con un potencial fraude o corrupción, debiendo procederse al reintegro del dinero correspondiente.
