La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento ha conocido el convenio que se a firmará con el Gobierno de Navarra para abrir esta vía extrajudicial.
El Ayuntamiento de Pamplona va a facilitar los recursos humanos y técnicos necesarios para que los menores que cometan infracciones penales leves puedan realizar tareas socioeducativas o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, como vía alternativa al juicio.
Para ello, el Ayuntamiento ha preparado de forma conjunta un convenio con el Gobierno de Navarra, que recoge la colaboración entre ambas instituciones para habilitar esta vía extrajudicial en Pamplona, una alternativa que contempla la normativa existente, y que una vez firmado el convenio podrá comenzar a aplicarse.
La Comisión de Asuntos Ciudadanos ha conocido en su sesión de este lunes el texto del convenio, que sentará las bases para la realización de medidas extrajudiciales por menores. Tal y como recoge el texto, esta posibilidad está prevista en la Ley Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de las personas menores y que prevé en su artículo 19 la posibilidad de una solución extrajudicial o sobreseimiento del expediente cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta.
Para ello, ha de existir una conciliación entre el menor y la víctima (reconocimiento del daño causado y disculpa ante la víctima aceptada por ésta) y una reparación del daño, es decir, el compromiso del menor, asumido por su representante legal, de realizar determinadas acciones en beneficio de la víctima o persona perjudicada o de la comunidad, seguido de su realización efectiva.
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
El reglamento que desarrolla esta ley recoge que el cumplimiento y control de las medidas extrajudiciales será competencia de equipos formados por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, que deberán realizar las propuestas y la elaboración de informes. Si el menor no cumpliese con ello, entonces el Ministerio Fiscal continuaría con la tramitación del expediente judicial.
En virtud del convenio, esta vía extrajudicial podría abrirse en Pamplona. El Ayuntamiento cuenta ya con servicios de acción preventiva comunitaria, integrada por equipos multidisciplinares con amplia experiencia en la intervención socioeducativa en la población infanto-juvenil, tratando de prevenir situaciones de desprotección y conflicto social desde una perspectiva integral y global.
De hecho, el pasado mes de diciembre el Ayuntamiento aprobó la extensión de estos servicios a más barrios de la ciudad, incorporando Mendillorri-Ripagaina y Milagrosa-Azpilagaña a los servicios que ya venía realizando Casco Viejo, Chantrea, Echavacoiz, Rochapea y San Jorge. El presupuesto dedicado a este servicio en 2016 sube así a los 900.000 euros.
Estos servicios seguirían prestando la labor preventiva y añadirían así el desarrollo de los programas socioeducativos que se determinen por la Fiscalía de Menores.
PROCEDIMIENTO
El convenio entre el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra no tiene contenido económico, sino que establece los compromisos que asumirán las dos partes para habilitar esta vía extrajudicial. Así, el Gobierno de Navarra incluirá en la cobertura del seguro de sus empleados a los menores que participen en los programas del Ayuntamiento.
El Consistorio, por su parte, por medio de las entidades que están desarrollando los servicios de acción preventiva comunitaria, se compromete a facilitar las plazas que tenga disponibles para que menores infractores puedan cumplir las medidas extrajudiciales acordadas por la Fiscalía de Menores.
Estos equipos de psicólogos, educadores y trabajadores sociales elaborarán el programa individualizado de ejecución de las medidas impuestas. Este programa expondrá las tareas específicas de carácter formativo, cultural y educativo que debe realizar el menor, encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.
Se designará el lugar y el horario donde se realizarán las actividades, que deberán ser compatibles con el de la actividad escolar del menor o, en su caso, con su actividad laboral. Uno de los objetivos de la medida será construir un proceso de participación socioeducativa en su comunidad.
El convenio prevé la creación de una comisión mixta de seguimiento en la que representantes de ambas partes velarán por el cumplimiento del convenio, resolverán los problemas de interpretación y las incidencias que puedan plantearse en su aplicación.
