Tolerancia cero con la ocupación de viviendas municipales. El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha el pasado mes de noviembre un grupo multidisciplinar para coordinar las actuaciones en torno a la ocupación de viviendas municipales y para conseguir que las medidas que se adoptan sean eficaces. Estas actuaciones policiales, administrativas y jurídicas han derivado en que en los últimos meses no se haya incrementado el número de viviendas ocupadas.
El grupo multidisciplinar lo compone personal del Servicio de Patrimonio, de la Oficina de Vivienda, de Seguridad Ciudadana, de Policía Municipal, del área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, y de los servicios jurídicos municipales. Gracias a la labor de este grupo, el Ayuntamiento cuenta por primera vez con una única base de datos de uso conjunto del parque de viviendas municipales, con detalle de su situación actual. Del total de 603 viviendas propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, 43 se encuentra ocupadas sin consentimiento municipal.
En los seis últimos meses, desde el pasado agosto hasta enero, se han realizado 199 intervenciones relacionadas con la ocupación de inmuebles, el 90% de ellas en viviendas municipales. De esas 199, un total de 14 derivaron en atestado, ya que se produjo la detención de las personas implicadas.
Casi la mitad de las intervenciones, 99, han tenido lugar en Rochapea, otras 42 en Casco Antiguo y 27 en Buztintxuri, barrios donde se encuentran ubicadas la mayor parte de las viviendas municipales. La Policía Municipal ha mantenido contactos y reuniones con las asociaciones de vecinos de Santa Lucía y San Pedro, ya que se ha detectado que el perfil de la persona que ocupa esas viviendas no es el de una persona o una familia en situación de emergencia habitacional, sino un perfil más conflictivo, que genera inseguridad, conductas incívicas, trapicheo de droga, amenazas, suciedad o rotura de las instalaciones.
La concejala delegada de Servicios Generales, María Echávarri, y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, han explicado las actuaciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo tanto para evitar nuevas ocupaciones como para recuperar el uso y la propiedad de los pisos ahora ocupados y destinarlos a fines sociales. El grupo multidisciplinar creado trabaja con un protocolo de actuación definido y con medidas coordinadas en tres ámbitos: policial, administrativo y judicial.
MEDIDAS POLICIALES, ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
Las medidas policiales pasan por la revisión del parque de viviendas y por la vigilancia disuasoria. Se han destinado unidades específicas para el control de las viviendas in situ, gracias a las que se han detectado, por ejemplo, ocupaciones no identificadas en pisos municipales del Casco Antiguo, y se ha actuado a petición de las asociaciones de vecinos de Santa Lucía o San Pedro en viviendas ocupadas en esas zonas.
Las medidas administrativas incluyen el tapiado de puertas y accesos a esas viviendas municipales siempre que no supongan un problema para la comunidad (accesos a patios o zonas comunes) y la colocación de alarmas en aquellos pisos municipales en proceso de reforma. Ese sistema de alerta conectado a Policía Municipal permita la detección in fraganti y la actuación policial inmediata para que no pueda ocuparse.
Por último, los procedimientos judiciales se centran en la recuperación de la posesión municipal de ese patrimonio propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. Para ello, se ha favorecido un impulso de los procedimientos, de la coordinación entre áreas, con instrucciones concretas y respaldo a la labor del personal municipal en la ejecución. Se apuesta por una simplificación del procedimiento administrativo, acumulando algunas fases para reducir el tiempo de tramitación, y también se apuesta por la utilización del procedimiento civil exprés (denominado de recuperación sumaria de la tutela posesoria).
PROCEDIMIENTOS PARA LAS 43 VIVIENDAS OCUPADAS
Los procedimientos que el Ayuntamiento de Pamplona ha emprendido para la recuperación posesoria son de tres tipos y con una doble naturaleza: administrativos, judiciales a través de demanda civil ordinaria y judiciales a través de demanda civil exprés. Existe una cuarta opción, el procedimiento judicial – penal, que el Ayuntamiento no utilizará por considerar que no se ha probado que sea más rápido y porque existe dudas de su posible archivo con remisión en su caso a la vía civil. Únicamente se valoraría utilizarlo en casos de circunstancias especiales, como empleo de violencia, riesgos para la seguridad…
A fecha de febrero de 2020, se han incoado 12 procedimientos administrativos en ocupaciones inferiores a un año; existen 6 demandas civiles exprés en preparación para ocupaciones inferiores a un año a las que se les añade la circunstancia del uso social de la vivienda ocupada; se está pendiente de sentencia en 5 demandas civiles interpuestas en ocupaciones superiores a un año y se está en fase de análisis preparatorio de otras 20 demandas civiles. En total, el Ayuntamiento abrirá procedimiento para ‘recuperar’ las 43 viviendas municipales ocupadas en la actualidad sin consentimiento municipal.
Desde el último trimestre del año pasado han finalizado cinco procedimientos, tres de ellos administrativos (1 lanzamiento y 2 salidas voluntarias) y dos mediante demanda civil (en ambos se resolvió el lanzamiento de las viviendas ocupadas). En el lanzamiento, con la autorización judicial pertinente, una comisión lleva a cabo la desocupación de la vivienda.
TRAMITACIÓN GARANTISTA
Sea cual sea el procedimiento elegido, todos comparten una fase previa de recopilación de información en la que se identifica a las personas ocupantes de la viviendas, se recaba la documentación que haya sobre el inmueble, se solicitan informes a Servicios Sociales sobre la existencia de situaciones protegibles (menores, personas con discapacidad), se pide un informe sobre el destino social de la viviendas imprescindible si se demanda mediante procedimiento civil exprés y se añaden informes de Patrimonio y de los servicios jurídicos.
El Ayuntamiento utiliza una tramitación garantista con los posibles derechos de las personas implicadas. Por ello, los plazos y los trámites se suelen alargar en el tiempo y suele ser habitual, incluso, que haya que repetir algunas de las actuaciones. Con toda la información, según el procedimiento que se emprenda, serán necesarias dos resoluciones de la concejalía delegada de Servicios Generales, de la que depende Patrimonio y un acuerdo de Junta de Gobierno Local solicitando autorización judicial para el lanzamiento, si se apuesta por la vía administrativa; o un acuerdo de Junta de Gobierno Local, en el caso de interponer una demanda vía procedimiento civil.
603 VIVIENDAS MUNICIPALES
La base de datos única que se ha generado con el trabajo del grupo multidisciplinar recoge que el Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un parque de 603 viviendas municipales en una decena de ubicaciones de la ciudad. Del total, 235 se sitúan en el Grupo San Pedro, 71 en el edificio del Mercado del Segundo Ensanche, 66 en la antigua estación de autobuses, 49 en el Casco Antiguo, 48 en la calle Garde de la Rochapea, 47 en el paseo de Santa Lucía, 33 en la travesía de Nazario Carriquiri y 25 en la calle Joaquín Beunza, ambas también en la Rochapea, 24 en el paseo Sandúa de San Jorge y otras 5 en el resto de la ciudad.
De esas 603 viviendas municipales, más de un tercio, 224, se encuentran arrendadas a personal municipal. Son alquileres en viviendas construidas en su día por el Ayuntamiento para sus empleados funcionarios. Otras 130 están arrendadas a través de la Oficina de Vivienda, en aplicación de la ordenanza de emergencia habitacional. 39 pisos más se encuentran en obras, con reformas encargadas a la Escuela Taller o al área de Proyectos Estratégicos para destinarlas a vivienda social.
Existen, además, 37 viviendas cedidas a entidades tanto como sedes (Coordinadora de ONGD) como vinculadas a su uso como vivienda (cedidas a Nasuvinsa o proyectos de vivienda tutelada como la Asociación Navarra Síndrome de Down). Otras 22 las utiliza el Ayuntamiento para servicios municipales (oficina del organismo autónomo Escuelas Infantiles). Hay también 102 viviendas libres, sin uso y sin condiciones de habitabilidad. Finalmente, a todas ellas, se suman las 43 viviendas ocupadas sin consentimiento del Ayuntamiento y para las que se están articulando las medidas y los procedimientos descritos con anterioridad de cara a su recuperación.
