La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha estimado un recurso presentado por Navarra Suma contra la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de la Sociedad Pública Instrumental de la MCP (SCPSA) de "fraccionar ilegalmente el contrato del nuevo sistema con tarjetas magnéticas para los contenedores de la comarca, que superaría los 7,4 millones de euros".
Según la resolución del recurso presentado el 6 de septiembre, con Aritz Ayesa, de EH Bildu, como presidente, este contrato se licitó "sin existir estudio de viabilidad alguno, sin modificar la normativa de la propia entidad y excediendo los límites de administración ordinaria", ya que, en el momento en el que se tomó la decisión, el órgano "estaba fuera de su período de mandato legal".
Así lo ha señalado este lunes en una rueda de prensa el concejal de Navarra Suma y miembro del Consejo de la SCPSA Fermín Alonso, que ha considerado que esta resolución "confirma uno de los mayores escándalos de la legislatura de Gobierno de EH Bildu" y es "el mejor ejemplo de una forma de gestionar que, afortunadamente, al menos en lo que respecta al Ayuntamiento de Pamplona, ha quedado atrás".
"Las ilegalidades de este contrato son de una gravedad extrema y su importancia se ve multiplicada por el gran volumen del contrato ahora anulado, casi 8 millones de euros", ha destacado Alonso, que ha comparecido junto a la también concejala de NA+ y miembro de la MCP María Echávarri.
En su opinión, lo ocurrido es "un escándalo y una auténtica vergüenza que no puede quedar sin consecuencias", por lo que ha exigido "la dimisión inmediata de Aritz Ayesa (EH Bildu) de todos sus cargos públicos, por empeñarse en sacar este asunto adelante por encima de la ley y en el tiempo de descuento que él mismo se regaló, al no convocar la asamblea que habría de nombrar al nuevo presidente".
Para Alonso, "fue una auténtica cacidada que contó con la colaboración necesaria de todos los miembros del cortejo de Bildu y Geroa Bai del que Ayesa se rodeó en el Consejo de la SCPSA, que también deberían asumir su responsabilidad y abandonar los puestos en la MCP, por respaldar con su voto un expediente con semejante ristra de ilegalidades, pese a nuestras advertencias".
En este sentido, el concejal de Navarra Suma ha incidido en que se trata de "7,4 millones de euros fraccionados sin motivación alguna para eludir los requisitos de publicidad y de procedimiento que establece la ley foral de contratos y para condicionar el futuro no solo de la SCPSA, sino de la propia mancomunidad".
"No cabe llamarlo de otra manera que escándalo; es un escándalo por su cuantía, por la cantidad de leyes que se han saltado y por la motivación evidente de hacerlo de esta manera para esquivar así el final de su mandato", ha sostenido.
"UN RELATO DE NADERÍA E IRREGULARIDADES"
Por su parte, la concejala María Echávarri ha enmarcado la resolución de la MCP en "la catarata de sentencias e informes que colocan la gestión de estos cuatro años de Bildu al margen de la ley". Y ha considerado que "la historia de estos cuatro años en el Ayuntamiento de Pamplona y en la mancomunidad es un relato de nadería e ilegalidades".
En cuanto a la anulación del contrato del nuevo sistema de contenedores, ha avanzado que desde Navarra Suma van a exigir "un replanteamiento completo de un sistema que puede entenderse como un ataque a la intimidad de los ciudadanos a través del control de sus residuos".
Según ha indicado, se trata de "un sistema carísimo, que tendrá una repercusión económica sobre los ciudadanos vía incremento de tasa y que, además, supone un control sobre la intimidad de los vecinos de la comarca, sin ningún debate público ni político".
Por ello, ha exigido "un informe técnico que presente las diferentes alternativas técnicas para la consecución de los objetivos en materia de reciclaje y tratamiento de residuos, y, en el caso de que fuera imprescindible el control mediante tarjetas, otro que evalúe las diferentes opciones, para que las molestias sean mínimas y el control se configure para que sea imposible establecer un sistema intrusivo en la intimidad".
BILDU: "NO TIENE PERJUICIO ECONÓMICO"
Tras conocer la información hecha pública por Navarra Suma, EH Bildu ha enviado un comunicado en el que afirma que "hablamos de una cuestión que no tiene ningún perjuicio económico para la entidad".
La formación abertzale ha subrayado que "es una cuestión que ha sido informada y debatida en numerosas ocasiones en estos últimos dos años y que es necesaria para avanzar en cumplir objetivos que nos marca la ley de residuos".
Asimismo, reseña que el proyecto de acceso a contenedores con tarjeta "se lleva trabajando en la MCP desde hace más de dos años". Y manifiesta que "se han realizado hasta más de 30 actos relacionados con este asunto, tales como acuerdos, informes o reuniones informativas".
Según expone Bildu, "esta licitación fue aprobada por el Consejo de la SCPSA el 3 de septiembre, basándose para ello en un informe jurídico, otro técnico y otro que analizaba la situación generada con el tratamiento de los datos". "Previamente, el 2 de julio, se había aprobado la extensión del sistema a la vista de los resultados obtenidos en las zonas de la prueba piloto", asegura el partido al que pertenece Artiz Ayesa.
"INTERPRETACIONES DISTINTAS"
En este sentido, los abertzales explican que "se aprobó una licitación para iniciar el concurso de compra de cerraduras por un valor menor a 2 millones de euros, para cubrir una primera fase". "La siguiente fase establecería otra nueva licitación para desarrollar todo el sistema plenamente. Por lo tanto, no estamos hablando de un contrato de 7,4 millones de euros", se excusan.
EH Bildu agrega, a este respecto, que el letrado de la MCP entiende que "no está suficientemente motivado en el informe técnico el tema de los plazos de calendario; por lo tanto, establece que todo debería ser un único contrato". El partido añade que "estamos ante interpretaciones distintas a nivel jurídico".
"En su momento, dijimos que la modificación de la ordenanza la deberíamos llevar en paralelo a esta licitación. No se preveía aprobar y adjudicar el contrato, que es entonces cuando se generan derechos a los licitantes, antes de modificar la ordenanza. Cuestión que este mismo jueves 19 va a abordar la asamblea de MCP", apunta.
Para Bildu, "este asunto es urgente, justificado en innumerables informes, y necesita, junto con otros temas incluidos en el plan integral de residuos, que se acometan cuanto antes".
