• martes, 19 de marzo de 2024
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PAMPLONA

Desmontan el 'chiringuito' de Asirón: un informe desvela las irregularidades durante su mandato en Pamplona

Esas irregularidades están relacionadas con contratos públicos, materia presupuestaria o cuestiones referidas al personal municipal.

Joseba Asirón sale del Ayuntamiento de Pamplona con el bastón de mando tras ser elegido alcalde de la capital navarra EFE Jesús Diges
Joseba Asirón sale del Ayuntamiento de Pamplona con el bastón de mando tras ser elegido alcalde de la capital navarra en 2015. EFE Jesús Diges

El informe de fiscalización de Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona correspondiente al ejercicio 2018, es decir, de la gestión municipal durante el año pasado, realizado por la Cámara de Comptos ha detectado al menos 18 irregularidades cometidas por el Consistorio.

Esas irregularidades sobre las que alerta Comptos están vinculadas a aspectos relacionados con contratos públicos, con materia presupuestaria o con cuestiones de personal municipal, entre otros.

La concejala delegada de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde, y la concejala de Servicios Generales, María Echávarri, han comparecido esta mañana en rueda de prensa para valorar este informe dado a conocer por la Cámara de Comptos el pasado jueves 5 de diciembre.

Como resumen, el informe califica la situación financiera del Ayuntamiento de Pamplona a 31 de diciembre de 2018 como “estable y saneada, tal y como reflejan sus principales indicadores económicos y financieros, los cuales han mejorado respecto al ejercicio anterior”. Con independencia del aspecto presupuestario, el informe de la Cámara de Comptos recoge una relación de irregularidades, gestiones incorrectas e infracciones directas de la Ley.

Conocidos los pormenores del informe, el Ayuntamiento ha elaborado un documento que analiza y explica esas irregularidades para plasmar la relevancia que tienen o pueden tener en la futura gestión municipal. Ese documento clasifica en siete apartados esas irregularidades: en la relación con la forma de prestación de los servicios públicos (2 irregularidades); sobre cuestiones de personal (3 irregularidades); sobre contratos licitados por el Ayuntamiento (7 irregularidades); en materia presupuestaria (3 irregularidades); descontrol en subvenciones (1 irregularidad); falta de aprobación de la Ponencia de Valoración (1 irregularidad); y falta de control en tasas por aprovechamientos especiales de empresas explotadoras de servicios de suministros (1 irregularidad).

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CUESTIONES DE PERSONAL 

Sobre la prestación de servicios, Comptos se centra en la creación de la sociedad pública Operador Energético municipal y en la municipalización de servicios. Sobre el Operador Energético, señala que se creó una sociedad pública, con una transferencia de 123.000 euros y el nombramiento de un gerente, que no puede operar al no estar inscrita en el Registro Mercantil, ya que el Ayuntamiento estaba incurso en un Plan Económico-Financiero como consecuencia de una vulneración previa de la ley. Comptos cuestiona la municipalización de servicios como el SAD (Servicio de Atención Domiciliaria), por el incremento de 500.000 euros del gasto en dos años, y pide “revisar si el nuevo modelo (…) redunda en servicios más eficaces y eficientes”.

En las cuestiones de personal, Comptos incide en tres irregularidades. La primera trata del abono de retribuciones que exceden del marco legal con ejemplos de los 282.063 euros abonados a policías municipales en concepto de un complemento de disponibilidad no previsto en la ley (con independencia de que después sí se incluyera) o del pago de cantidades que Comptos no cuantifica en conceptos como complemento docente para policías o superación de complementos legales en la escuela taller, también ajenos a la ley.

Una segunda irregularidad tiene que ver con la vulneración de la tasa de reposición para la provisión de empleo público. El Ayuntamiento y el organismo autónomo Escuelas Infantiles aprobaron una oferta pública superior, en tres y dos plazas, respectivamente, a lo que la Ley de Presupuestos Generales permite. Aparentemente para ello se crearon cinco dudosas extinciones de contratos ficticios. La tercera irregularidad se basa en la aprobación de cuatro modificaciones a la plantilla orgánica de 2018 sin que figure su publicación en el BON, por lo que no se publicaron las retribuciones o las asignaciones del perfil de euskera en esas plazas modificadas.

IRREGULARIDADES EN TODOS LOS CONTRATOS FISCALIZADOS

Para realizar este tipo de informes, la Cámara de Comptos estudia un muestreo de algunos contratos de la administración pública correspondiente. En el caso de los contratos que fiscalizó del Ayuntamiento de Pamplona en 2018, en todos ellos encontró irregularidades. Entre otros, se fiscalizaron los contratos de reforma de la avenida de Pío XII, las obras en el colegio María Auxiliadora, el contrato de alimentación de Escuelas Infantiles o la reforma del Palacio de Redín y Cruzat.

Sobre Pío XII, se destacan incumplimientos al realizar un proyecto sin tener en cuenta las opiniones del personal técnico de la Mancomunidad, del Grupo Técnico municipal de Movilidad, de colectivos o de ciudadanos, un proyecto que se modifica en un 22% (6% previsto en el pliego de licitación y otros 16% no previsto, por lo que no podía hacerse). Las irregularidades continúan ya que se ha pagado ese 16% de más a la empresa adjudicataria, cuando debía haberse licitado ese importe entre todas las empresas interesadas. A ello se une que al superar el 20% de modificación, el Ayuntamiento estaba obligado a resolver el contrato. Por último, se añade que se intentó dar al tema cobertura legal a posteriori, una vez ejecutadas las obras, un aspecto este de la cobertura legal, del que informan negativamente los servicios jurídicos municipales y la Intervención.

Sobre las obras en el colegio María Auxiliadora, el informe de Comptos apunta que se modificaron contratos cuando tal posibilidad no estaba contemplada en los pliegos y al tratar de justificarlo a posteriori, la Intervención municipal informó de forma negativa. Además, se le pagaron a la empresa adjudicataria facturas por importe de más de 35.000 euros fuera del contrato.

En la adjudicación de la reforma del Palacio Redín y Cruzat se superó en 24 días el plazo de contratación; en el contrato de alimentación del organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales se adjudicaron los 240.000 euros de su importe sin ningún tipo de licitación previa; las compras de locales realizadas en 2017 se imputaron indebidamente a ese año en lugar de a 2018 que fue cuando se autorizó el pago a realizar; y en un contrato menor para el suministro de un videowall para Policía Municipal, se pagó la factura superando el plazo máximo de 30 días.

Comptos critica la práctica llevada a cabo de manera generalizada por el Ayuntamiento de no licitar en convocatoria público contratos ya extinguidos y seguir pagando a las empresas adjudicatarias en su día a pesar de hacer finalizado los contratos. Comptos cuantifica en 2.207.225 euros el pago correspondiente a prestaciones de servicios realizadas una vez vencidos los contratos en casos como el contrato de mantenimiento y conservación de las instalaciones de alumbrado público o en la gestión de servicios culturales de la red Civivox y Centro San Juan Bosco.

INCUMPLIMIENTOS PRESUPUESTARIOS

En materia presupuestaria, se suman tres nuevos incumplimientos. La Cámara de Comptos aprecia irregularidades en el incremento de los gastos de funcionamiento durante 2018, en la superación de los límites presupuestarios y en el abono de precios por encima del plazo legal. En el primer asunto, Comptos señala un incremento del 6%, equivalente a 9,74 millones de euros, en los llamados gastos de funcionamiento del Ayuntamiento de Pamplona.

En el segundo aspecto, se menciona cómo, a pesar de la transferencia de crédito por importe de 2,66 millones de euros aprobada el 26 de diciembre para dar cobertura por insuficiencia a determinadas partidas de gasto de personal, el Ayuntamiento acabó el año con una “superación del nivel de vinculación jurídica de los citados créditos en 0,10 millones de euros. Por lo que no siquiera las modificaciones presupuestarias aprobadas lograron cubrir el gasto de personal generado.

El tercer aspecto en materia presupuestaria tiene que ver con el abono de los precios, que se hacía fuera del plazo legal con carácter generalizado. Comptos apunta ejemplos del contrato de obras en el colegio María Auxiliadora o en el contrato de suministro de un videowall para Policía Municipal. El 41% de las facturas se han pagado en un plazo superior a los 30 días, plazo máximo que establece el marco contractual.

OTRAS INFRACCIONES

El informe de la Cámara de Comptos refleja el incumplimiento de la Ley de Subvenciones en las convocatorias de entidades y asociaciones ya que “no queda debidamente acreditada la obtención de ingresos vinculados a la actividad subvencionable que permita conocer con exactitud el déficit real de la citada actividad”. El Ayuntamiento no realizó la labor fiscalizadora y de control para saber si las entidades beneficiarias de esas ayudas habían obtenido subvenciones adicionales de otras administraciones públicas para, si fuera el caso, exigir el reintegro de ese importe excedido en la ayuda otorgada.

Asimismo, Comptos señala el incumplimiento del deber de formular una nueva Ponencia de Valoración. Tras la aprobación en 2016 de una Ponencia de Valoración parcial que afectaba a 9.010 viviendas (10% del total) en los nuevos desarrollos urbanísticos y tras aplicar esos valores en las liquidaciones de 2017 y 2018, “sigue pendiente la tramitación y aprobación de una ponencia de valoración total actualizando los valores y adaptando el tipo impositivo único de la contribución territorial establecido en la Ley Foral de Haciendas Locales”.

Por último, se menciona la falta de control en las tasas por aprovechamientos especiales de empresas explotadoras de servicios de suministro. En este caso, el Ayuntamiento de Pamplona estaba renunciando a los recargos que deben abonar quienes presentan sus liquidaciones fuera de plaza. Comptos destaca, además, que “no existe un procedimiento de control para garantizar que las declaraciones de ingresos que presentan las empresas son correctas”.


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