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Frustración entre los padres de las escuelas infantiles de Pamplona, que mantienen en pie su demanda

"La resolución crea un precedente muy grave de hechos consumados más propios de estados totalitarios", señalan los padres afectados por Bildu. 

Familias afectadas por las medidas cautelares sobre los cambios en las escuelas infantiles de Pamplona se reunieron a las puertas del Ayuntamiento el pasado 20 de mayo. IÑIGO ALZUGARAY
Familias afectadas por las medidas cautelares sobre los cambios en las escuelas infantiles de Pamplona se reunieron a las puertas del Ayuntamiento el pasado 20 de mayo. IÑIGO ALZUGARAY  

Las familias afectadas por la imposición de Bildu a educar en euskera a sus hijos siguen adelante en su lucha.

Esta es la posición que toman dos días después de que el TSJN permitiera el cambio de Bildu y levantase la suspensión cautelar decretada por un juez. Defender sus intereses, que se han visto perjudicados por la imposición de los cambios de modelo lingüísticos aprobados por Asirón, concluirá en un juzgado. 

Mostrando un "máximo respeto" hacia la Sala de lo Contencioso-Administrativo, expresan las razones que les empujan a seguir adelante a pesar de este dictamen, que tiñe sus emociones de cierto "desánimo" y "frustración". "Seguimos convencidos de la justicia de nuestra causa y mantendremos nuestra demanda para tratar de que esta situación no vuelva a afectar a otras familias", explican las familias a las que se les ha impuesto el euskera.

Desde su punto de vista, el interés general que ha tenido en cuenta el magistrado de la Sala bien poco se acerca al perjuicio al que han tenido que enfrentarse las familias expulsadas de los centros educativos reorganizados, algo que, tal y como ellos mismos detallan, para el juez "se trata de un mal menor".

"La  resolución tiene sin embargo consecuencias muy negativas para el interés general. La actuación del Ayuntamiento crea un precedente muy grave de política de hechos consumados (más propios de estados totalitarios de este siglo o anteriores) que el juez no se ha atrevido a desautorizar", firma la carta que los padres han hecho llegar a los medios de comunicación. 

"Esta política se utiliza para desmantelar la educación de nuestros hijos en su más tierna infancia. Si bien se hace con el fin de adaptar la oferta lingüística a la demanda (medida sin rigor), el resultado es la destrucción de equipos consolidados de profesionales que habían conseguido un grado de calidad en Educación Pública que otros tratan de replicar", añade Javier Induráin, miembro de la APYMA de Donibane en representación de las 62 familias que han recurrido ante los tribunales. 

Así, llegan a la conclusión de que al gobierno de Asirón "no le importa nuestro futuro como sociedad, sino los próximos resultados electorales". "Mientras tanto, agita a sus votantes naturales enfrentando a las familias que tratamos de defender los derechos de nuestros hijos con aquellas que desean legítimamente escolarizar a los suyos en euskera", afirma el escrito. 

Explican a la par de esta idea que el Ayuntamiento "derrocha" el dinero de los impuestos ciudadanos en costas judiciales "y chocolatadas populares en vez de en plazas de nueva creación, que es lo que se necesita", termina firmando Induráin, convencido de la situación a la que en estos momentos se enfrentan las más de cien familias afectadas. 


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