El Ayuntamiento de Pamplona no ha remitido el expediente de resolución sobre las cuatro alegaciones presentadas por el Arzobispado, que se ha enterado a través de la prensa.
El Ayuntamiento de Pamplona, con Asirón a la cabeza, ha desestimado once de las trece alegaciones interpuestas por el Arzobispado y los familiares en contra de las exhumaciones y que finalmente tendrán lugar, ha anunciado el alcalde de Pamplona, el próximo 16 de noviembre en el monumento a Los Caídos.
Además, ha expuesto que el Consistorio y el Arzobispado han llegado a un acuerdo para que éste "ponga fin a las elegaciones" y no recurra ante el Juzgado Contencioso Administrativo. "Este Ayuntamiento siempre ha mostrado buena disposición y talante", ha añadido.
De los ocho cuerpos sepultados en la cripta de la ahora llamada plaza de la Libertad, la próxima semana serán extraídos siete de ellos, ya que por expreso deseo de la familia del general Emilio Mola, sus restos fueron ya retirados el pasado 24 de octubre.
Por su parte, la asesoría jurídica del Consistorio pamplonés ha justificado su negativa a las alegaciones añadiendo que "la propiedad del edificio es del Ayuntamiento, por donación del Arzobispado" y que tiene "un uso dotacional público con destino docente y cultural".
Por otro lado, aunque la propiedad recae sobre el Ayuntamiento de Pamplona, el Arzobispado tiene el derecho de usufructo mediante una escritura de donación que recoge dos condiciones. La primera establece que "se permita la realización de actos de culto" y, la segunda, supone "la obligación de mantenerlo en buen estado".
En este sentido, los servicios jurídicos han añadido que la decisión de Asirón de exhumar los restos y clausurar así el cementerio de la cripta "se ajusta al derecho", puesto que "en nada afecta a la realización de actos de culto". Además, han recalcado que de haber existido en la escritura de donación alguna clausura que reflejara la permanencia de los cuerpos, tendría "un reconocimiento contrario a las leyes".
Respecto al uso de la cripta como cementerio, el Ayuntamiento de Pamplona ha tirado de la legislación vigente que establece un "régimen jurídico unificado de policía sanitaria y mortuoria para todos los cementenrios" y han alegado que "son pocos los espacios sagrados donde existen estas inhumaciones desde que se prohibiera la práctica en el siglo XIX".
El alcalde de EH Bildu ha recalcado que el Gobierno municipal ha cumplido con dos premisas recogidas en el acuerdo programático. Por un lado, se ha cambiado el nombre de la antigua plaza Conde de Rodezno y ahora se procede a la exhumación de los restos de los generales golpistas.
Además ha añadido que tras las exhumaciones, se abrirá un debate público para conocer el futuro del edificio "ya sea el derribo o su reutilización".
ACUERDO ALCANZADOS CON EL ARZOBISPADO
El acuerdo alcanzado entre Alcaldía y Arzobispado reconoce a éste el uso y disfrute de la cripta y fija que las exhumaciones se realizarán en “absoluta intimidad, interviniendo en las mismas el personal técnico imprescindible del Ayuntamiento, debiendo informar previamente al Arzobispado del número de personas, así como las funciones de los mismos en las operaciones de exhumación”.
El mismo acuerdo fija que no se permitirá el acceso a los medios de comunicación, ni se sacarán fotografías de las exhumaciones, “salvo que las familias lo autoricen”. Asimismo se ha acordado que en la operación esté presente el sacerdote que el Arzobispado designe para que en el momento de la exhumación celebre un responso “si es el deseo de los familiares”.
Asimismo se ha estipulado que las exhumaciones quedarán documentadas con la intervención “única y exclusiva” del notario que designe la familia o en su defecto del “personal técnico que el Ayuntamiento de Pamplona designe”.
El acuerdo contempla también que las operaciones deberán llevarse a cabo “sin producir ningún menoscabo o daños sobre los elementos arquitectónicos y ornamentales de la cripta” y que éstas “no suponen, ni pretenden el cierre de la cripta cuyo carácter votivo es reconocido por el Ayuntamiento”.
A cambio del cumplimiento de estas condiciones, pactadas por ambas partes, el Arzobispado se “aquietará” a la resolución del Ayuntamiento que ponga fin a las alegaciones, y en consecuencia “no recurrirá la misma” ante el Juzgado Contencioso Administrativo.
Pese a haber llegado a un acuerdo con el Arzobispado de Pamplona, todavía las familias de los golpistas enterrados en la cripta pueden recurrir y tendrá que ser un juez el que dirima el asunto.
EL ARZOBISPADO, A LA ESPERA DEL EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN
Fuentes del Arzobispado han comunicado a Navarra.com que el Ayuntamiento de Pamplona no ha remitido "aún" el expediente de resolución de las cuatro alegaciones presentadas por la institución y han confirmado haberse enterado de la resolución negativa "por la rueda de prensa".
En opinión del Arzobispado, a partir de las alegaciones presentadas, se estableció un diálogo que ha terminado en este acuerdo que fija, han recalcado fuentes de la institución, "unas garantías para que en el momento de realizar las exhumaciones se hagan con respeto". Además, han deseado que "se cumplan los deseos de las familias".
