El Tribunal Administrativo de Navarra ha reducido el ámbito de aplicación de la Ordenanza del Euskera de Pamplona, según ha informado este lunes Administrazioan Euskaraz Taldea (AET).
Tras recordar que la Ordenanza del Euskara del anterior gobierno municipal establecía en su artículo primero que la misma era de aplicación en el Ayuntamiento de Pamplona, entendiendo como tal a éste en sentido estricto como a las entidades que conforman su sector público institucional, la AET indica que ahora el TAN ha considerado un "incumplimiento" de la misma como asunto de Derecho Privado.
Se trata de la convocatoria que la Sociedad Pública Municipal Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen SA realizó en octubre de 2019 para un puesto de Arquitecto Técnico, y en la que el conocimiento de euskera "no suponía el 5% de la puntuación, en contra de lo que establecía la ordenanza".
Recurrida la convocatoria, el Tribunal Administrativo de Navarra ha decidido ahora que no le corresponde decidir sobre esta cuestión, porque, dice en un comunicado AET, "debe aplicarse el Derecho Privado".
Este supone para este colectivo que "la Ordenanza del Euskara no es de aplicación en todo el sector público institucional”, al contrario de lo que establece la Ordenanza", por lo que "de esta manera la Ordenanza del Euskeara pierde gran parte de su valor".
"Creíamos que la Ordenanza del Euskera podía garantizar la valoración del euskara en las convocatorias, pero con esta interpretación no es posible. Las y los jueces suelen interpretar, en el ámbito del euskara, las normas de la manera más retorcida, siempre en contra del euskera. Ante eso, la población euskaldun se encuentra indefensa", denuncia la AET.
Agrega al respecto que la Ordenanza que se debía aplicar en la citada convocatoria era la del anterior gobierno municipal y ahora está vigente la "Ordenanza del Euskera de Maya" que también "se ha empezado a incumplir desde el principio" ya que en el pañuelo de fiestas de la campaña por los "no sanfermines" el tamaño del euskera es "inferior" al del castellano.
"Para gobernantes y jueces, todas las normas son de obligado cumplimiento menos las que benefician al euskera", concluye AET.
