Varios de los residentes han sido detenidos acusados de robos y de pertenecer a una organización acusada de trata de mujeres.
La concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Edurne Eguino, ha declarado este jueves que "la intervención se mantiene" en el asentamiento chabolista de Santa María la Real, algunos de cuyos residentes han sido detenidos acusados de robo y de pertenecer a una organización acusada de trata de mujeres de origen rumano para el acuerdo de matrimonios forzados y para su explotación sexual.
La concejala ha explicado que "en este caso hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo seguiremos haciendo". También ha asegurado que "la intervención se mantiene y tendrá que comunicarnos el Gobierno de Navarra si hay algún cambio en la intervención, si hay alguna necesidad de modularla o lo que sea en cuanto a prestaciones". "Pero el acompañamiento social de la familia que a nosotros nos compete, que es una de las múltiples que parece que la Policía está investigando, se mantiene", ha indicado.
En este sentido, Eguino ha asegurado este jueves, tras una rueda de prensa después de la firma de un convenido con colectivos sociales de la Milagrosa, que su área ha "cumplido fielmente con las funciones" que tiene en el asentamiento chabolista de Santa María la Real, "entre las cuales no está por nuestra parte la inspección de las actuaciones que se están haciendo", ha dicho.
"Lo que hay es una sospecha de fraude de unas ayudas que se les han podido prestar, pero las acciones de inspección las tiene el Gobierno de Navarra", ha explicado Eguino.
La concejala ha comentado que "lo que le tocaba a los servicios sociales del Ayuntamiento, que no hemos tenido ningún conocimiento ni ningún contacto con la Policía, es seguir manteniendo la intervención social, seguir colaborando estrechamente con el Gobierno de Navarra en todo aquello que tiene que ver con prestaciones que se solicitan, como por ejemplo la renta garantizada, y que otorga y suspende cuando lo considera oportuno el propio Gobierno de Navarra".
Además, Eguino ha añadido respecto a este asunto que "hubo una demanda explícita por parte de todos los grupos municipales de hacer una actuación concreta durante todo el año pasado, que es lo que hemos hecho en colaboración estrechísima con el Gobierno de Navarra. Y ha sido una intervención social muy intensiva y adecuada al tema que se plantea".
TRABAJO CONTRA EL RACISMO EN LA MILAGROSA
Igualmente, Eguino ha comentado que "están detectados los problemas de convivencia en el barrio de la Milagrosa desde hace más de un año" en referencia a las pintadas racistas que aparecieron el pasado lunes en el centro comunitario de SOS Racismo de la Milagrosa.
"Estaban detectados algunos problemas de convivencia con menores, con chavales y chavales muy pequeñitos, y se está trabajando en ello, tenemos posibilidades de reforzar los recursos que disponemos y que tienen que ser educativos, a medio plazo y realizados con la colaboración de la propia gente que vive allí", ha asegurado la concejala, que también ha añadido que se está trabajando con varios colectivos sociales "para hacer un diagnóstico de lo que está pasando y poner soluciones y hacer programas adecuados a la intervención social que hay que hacer".
Por último, Eguino ha asegurado que "el Ayuntamiento tiene todo el compromiso para abordar esos temas en convivencia y en colaboración de todo el mundo".
PPN PIDE LA COMPARECENCIA DE LAPARRA
El Partido Popular de Navarra ha pedido la comparecencia del vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, para que dé explicaciones sobre la falta de control y de inspección en las ayudas sociales después de descubrirse el entramado criminal del clan rumano integrado por antiguos chabolistas del Tenis reasentados.
“Es de una gravedad extrema que el Gobierno de Navarra estuviera subvencionando con la Renta Garantizada a personas que estaban dedicándose a robar a los navarros e involucrados en una operación de prostitución de menores, y que se hiciera sin ningún tipo de control o de inspección”, denuncian desde el PPN.
“En su momento ya alertamos de la situación que ocurría en el antiguo asentamiento del Tenis, e incluso se realizó una sesión de trabajo en el Parlamento con vecinos del barrio de Santa María la Real, que denunciaron la situación y avisaron de los robos, y desde el Gobierno no se hizo nada”, continúan.
“El Gobierno de Navarra ha premiado a unas personas que se dedicaban al robo y otras actividades delictivas graves con la Renta Garantizada, con pisos subvencionados y otras ayudas sociales, y todo sin ningún tipo de control. Y ahora dice que se ha tratado de un fraude “mínimo”, y que ha procedido a "cancelar las prestaciones".
Desde el Partido Popular de Navarra nos preguntamos cuántas de estas prestaciones se estarán concediendo sin ningún tipo de inspección, y cuál es el alcance de la cuantía defraudada, pues el Gobierno no ha querido especificarlo. Es por ello que pediremos explicaciones al vicepresidente Laparra, porque dicha situación no puede volver a repetirse”, concluyen.
LA JUSTIFICACIÓN DE LAPARRA
Por su parte, el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha señalado este martes, sobre la desarticulación de una organización rumana que los mecanismos de control "han funcionado".
Laparra, que ha presentado una campaña sobre el alquiler social y la rehabilitación de viviendas, ha señalado a los periodistas que esta organización está acusada de cometer robos en empresas navarras y concertar matrimonios forzosos y explotar sexualmente a mujeres.
Para Laparra, los mecanismos de control "han funcionado" en este caso, ya que este colectivo "está detenido, en la cárcel e imputado en un proceso judicial".
Al respecto, ha considerado que la coordinación entre los servicios sociales y la Policía Foral "ha funcionado perfectamente".
El vicepresidente ha explicado que la Policía Foral demandó información y la que se aportó por parte del Ejecutivo foral "fue importante dentro del proceso de las diligencias policiales".
En cualquier caso, ha destacado que la propia Policía Foral "nos demandó que no hiciéramos ninguna intervención, lógicamente antes de que acabara sus diligencias".
"TOTALMENTE DESAFORTUNADO"
Laparra ha indicado que "la situación que se ha planteado, con estas detenciones, es sobre todo una situación de delincuencia", ya que "estamos hablando de supuestos delincuentes y con actuaciones reiteradas y sistemáticas". "Eso creo que es lo esencial y ahí tiene que estar preferentemente el foco de la atención", ha remarcado.
Asimismo, ha señalado que, a su juicio, la detención del colectivo "se ha asociado a las prestaciones sociales y eso es lo que a nosotros nos parece totalmente desafortunado".
En ese sentido, ha precisado que, del conjunto de personas detenidas en esta operación policial, once son perceptoras de renta garantizada. "Son once personas de 35.000 que ahora mismo están en el programa de renta garantizada", ha remarcado.
Por tanto, ha advertido de que "no se puede caer sin duda en una generalización y en un proceso de criminalización de la inmensa mayoría de perceptores cuyo único delito ha sido perder un empleo" y "están también desprotegidos de la protección social".
