PAMPLONA

Denuncian los chanchullos de Asirón en Pamplona tras duplicar las ayudas a 8 colectivos 'amigos' del cuatripartito

Los colectivos regados con dinero público son de Arrosadia, Mendillorri, Casco Viejo, Txantrea, Buztintxuri, Lezkairu y San Jorge.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, en una procesión. EFE
El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, en una procesión. EFE  

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha presentado dos recursos contra "la doble financiación por parte del Consistorio, mediante convenios y subvenciones, a ocho colectivos cercanos al cuatripartito" y contra las contrataciones y convocatorias de personal realizadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).

El primero de los recursos se ha presentado ante el alcalde del Consistorio, Joseba Asirón, mientras que el segundo ha sido ante el presidente de la MCP, Aritz Ayesa. Además, UPN ha asegurado que, "según como sean las respuestas, se agotarán todas las vías previstas en la ley e iremos a los tribunales".

El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha comentado este martes en rueda de prensa que "un total de ocho colectivos han firmado convenios con el área de Cultura para la celebración de fiestas de barrios por un montante de 25.000 euros y que, paralelamente, el área de Participación Ciudadana ha financiado estas mismas actividades a siete de ellos mediante una convocatoria de subvenciones que dedica 100.000 euros".

Estos colectivos son pertenecientes a los barrios de Arrosadia, Mendillorri, Casco Viejo, Txantrea, Buztintxuri, Lezkairu y San Jorge.

Maya ha explicado que "la convocatoria de subvenciones del área de Participación Ciudadana que dirige Aranzadi recoge que para poder obtener la condición de persona o entidad beneficiaria se deberá no tener suscrito un convenio de colaboración o un contrato con el Ayuntamiento de Pamplona respecto al programa, proyecto, actividad o actuaciones para las que se solicita subvención, así como no disponer de subvenciones de esta u otras áreas del Ayuntamiento de Pamplona para las mismas actuaciones".

Según ha explicado, "esta norma trata de impedir que algunas asociaciones puedan sobrefinanciar sus actividades buscando ingresos de varias áreas, reduciendo así la cantidad a destinar a entidades que realmente lo necesiten y no tengan otras vías de financiación". Sin embargo, "el cuatripartito ha decidido otorgar una privilegiada doble financiación".

Tras ello, Maya ha criticado que "para Asirón haya asociaciones de primera y de segunda, unas doblemente subvencionadas y otras, que no obtienen ayudas o lo hacen de forma más reducida, en competencia con las cercanas al cuatripartito".

Por otro lado, la también concejal y miembro de la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona María Caballero ha explicado que "UPN ha presentado un recurso ante el presidente de la MCP contra las convocatorias y contrataciones efectuadas por la empresa pública de la entidad, Servicios de la Comarca de Pamplona SA (SCPSA), para cubrir plazas estructurales a lo largo de 2017, porque se ha superado la tasa de reposición fijada por la ley".

La regionalista ha indicado que "para saltarse la ley tratan de hacer pasar estas contrataciones como temporales incluyendo una cláusula que afirma que SCPSA realizará la conversión a indefinido del contrato en el momento en que la legislación lo permita"".

Según Caballero, "el fraude de ley y la desviación de poder son clamorosos, porque SCPSA contrata temporalmente con la obligación establecida en la propia convocatoria de que el contrato se convertirá en indefinido".

"Cualquiera entiende que un contrato temporal es aquel que tiene un principio y un fin y que con la garantía de la conversión a indefinido están tratando de eludir la prohibición legal en vigor", ha afirmado.

En este sentido, Caballero ha afirmado que la MCP "pretende contratar al menos a 37 personas más durante 2018, según sus propios documentos internos".

Asimismo, ha asegurado que "UPN presenta este recurso por dos razones". "Primero para velar por el dinero público y por que se cumpla la ley, y segundo para velar por los derechos de los trabajadores que se van a ver perjudicados en el futuro porque están ante una inseguridad jurídica tremenda, ya que están firmando unos contratos que les hacen creer que van a ser indefinidos y la ley lo prohíbe", ha añadido.

Por último, la regionalista ha criticado que "Bildu ha hecho uso de un canal de comunicación institucional entre la dirección de la empresa y sus trabajadores para atacar la posición de UPN respecto a estos procesos de contratación, criticando su posición política e intentando convencer a los profesionales de la legalidad de sus postulados".


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