La Cámara de Comptos ha publicado el informe sobre las cuentas del Ayuntamiento de Pamplona de 2020, año en el que gastó 210 millones e ingresó 227 millones.
Respecto a los datos del ejercicio anterior, los gastos aumentaron el 3% y los ingresos el 5%.
En cuanto a los gastos, destaca el capítulo de personal con 104 millones. Los gastos en bienes corrientes y servicios suman 69 millones y las inversiones 13. La mitad del presupuesto, por tanto, se destina a personal.
La plantilla del Ayuntamiento de Pamplona tiene 1.625 puestos, de los que 751 están vacantes. La mayoría de esas vacantes (600) están cubiertas con personal contratado. El porcentaje de temporalidad en el consistorio pamplonés es el 41%.
Seguridad Ciudadana es el área con más personal: 498. Le sigue el de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte con 411 y Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, que cuenta con 177 profesionales.
En cuanto a ingresos, las transferencias corrientes suponen 115 millones, los impuestos 65 millones y las tasas y precios públicos 34 millones.
El informe señala que la cuenta general del Ayuntamiento expresa la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del consistorio a 31 de diciembre de 2020.
La opinión de legalidad también es positiva, con alguna salvedad relativa a gastos por prestaciones de servicios cuyos contratos habían superado el plazo máximo de vigencia.
Respecto a la situación financiera del consistorio, el informe la califica de “muy saneada”. El análisis de la Cámara de Comptos concluye que en 2020 se consolidó la senda positiva de los últimos ejercicios. De hecho, el año pasado el Ayuntamiento tuvo un ahorro neto de 22 millones, tres más que el año anterior. El remanente de tesorería para gastos generales superó los 35 millones, frente a los 22 de 2019. Y también la evolución de la deuda es positiva ya que el año pasado se redujo de 55 a 46 millones.
El informe contiene una serie de recomendaciones para seguir mejorando la gestión del consistorio. Entre ellas, la necesidad de agilizar las convocatorias de empleo público para reducir la tasa de temporalidad. También se pide planificar adecuadamente las licitaciones de contratos para evitar que superen su plazo máximo.
