Tras los dictámenes del TAN sobre los gaztetxes de Mendillorri y el Casco Viejo, el Consistorio ha estudiado las cesiones de los centros comunitarios.
El Ayuntamiento de Pamplona ha llevado a cabo un estudio sobre la situación de todos los Centros Comunitarios de Iniciativa Social (CCIS) existentes en la ciudad con el objetivo de regularizar su gestión, homogeneizar sus condiciones de uso y actualizar el listado de este tipo de instalaciones.
Fruto de este estudio, "se han detectado irregularidades administrativas en hasta 14 centros o instalaciones que funcionaban bajo el paraguas de la Ordenanza reguladora de uso y funcionamiento de los centros comunitarios, ordenanza que data de 1998".
Según ha informado el Consistorio, la falta de expediente o de resolución administrativa que justificase la cesión de los locales es la principal irregularidad detectada. De estos 14 espacios revisados, el Tribunal Administrativo de Navarra ya advirtió a Asirón de las cesiones ilegales llevadas a cabo en los gaztetxes de Mendillorri y el Casco Viejo.
El TAN consideró que el Ayuntamiento de Pamplona gobernado por EH Bildu se saltó la ley para ceder el palacio de Redín y Cruzat a colectivos afines, al igual que ya se dictó con Antzara, el 'gaztetxe' de Mendillorri.
En estos dos últimos casos, el Ayuntamiento ha calificado estas cesiones ilegales como "errores" y ha asegurado que "se están solventando ya a través de convenios específicos firmados con los colectivos de usuarios".
Ésta es la fórmula que se prevé aplicar para regularizar la situación en el resto de locales, entre los que el equipo de gobierno de Asirón se ha encargado de destacar la falta de expediente o de resolución administrativa en 6 cesiones de los años 2007, dos de 2010, uno de 2013, otro de marzo de 2014, todas ellas en legislaturas gobernadas por UPN, y dos de 2016 y otros dos de 2017, ya con Bildu y Geroa Bai al frente del Consistorio.
ESTUDIOS EN MÁS CENTROS
La concejala delegada de Desarrollo Comunitario, Esther Cremaes (Geroa Bai), y la directora del área Ana Goia Aribe, han presentado las líneas de actuación emprendidas. Cremaes ha anunciado que para complementar este primer informe, el área que preside "ya ha puesto en marcha un segundo estudio pormenorizado de cada de uno de los CCIS y de otros centros equiparables, que no estando catalogados como tales pudieran tener esa consideración".
Ese estudio servirá, ha dicho, para actualizar y dar a conocer en detalle la situación en la que se encuentran los locales y las entidades que los utilizan. Según han explicado, "el Ayuntamiento considera que es necesario conocer los espacios disponibles, regular los sistemas de acceso, responder a las constantes peticiones al respecto, unificar documentación, regular usos con la elaboración y firma de convenios adecuados en todos los centros y, también, elaborar una nueva ordenanza que regule esta línea de trabajo municipal, desatendida en las últimas dos décadas".
La edil ha asegurado que se procederá a la firma correcta de los convenios necesarios, con el consiguiente expediente administrativo, para proceder a actualizar y regular el uso correcto de esos centros.
Para mayor transparencia y para que las personas interesadas puedan tener conocimiento del uso de esos centros, han señalado que los convenios que regulen los CCIS se publicarán también en el Portal de Contratación de Navarra, concretamente en el apartado de "otros aprovechamientos".
SOLO UN CENTRO EN REGLA
Este primer estudio, cuyos resultados se han plasmado en un informe de la dirección de Desarrollo Comunitario, se ha realizado sobre un total de 15 centros y locales equiparables a CCIS de los que únicamente uno podría decirse que estaba en regla.
Se trata del CCIS de Buztintxuri, compuesto por dos locales, puesto en marcha mediante un convenio de gestión firmado el 3 de mayo de 2018 y que cuenta con expediente y resolución administrativa que lo aprueban.
También se han firmado convenios para la gestión y uso del CCIS Echavacoiz (28 de febrero de 2007), del CCIS San Jorge (28 de febrero de 2007), del CCIS La Carbonilla (28 de febrero de 2007), del CCIS Chantrea (11 de marzo de 2016) y del CCIS Arrosadía - Ilargienea (19 de octubre de 2017). En estos casos no existe expediente ni resolución administrativa que los ratifiquen.
En el caso del CCIS Lezkairu, se realizó un borrador de convenio en marzo de 2014, pero no hay expediente ni resolución administrativa y en los casos del CCIS Ermitagaña y del CCIS Mendillorri existen documentos redactados en 2010 y en 2013, pero sin firmar por ninguna de las partes interesadas, han añadido. Hay también un documento de 2013 para el uso vecinal de un local en el paseo de Sandúa, de San Jorge, como centro comunitario, pero tampoco hay expediente ni resolución.
Otros centros como Karrikagune (CCIS San Jorge) o el Chalet Gridillas (también en San Jorge) funcionan desde 2007 "sin expediente y resolución administrativa" e "incluso, en el caso de unos locales en Rochapea (Joaquín Beunza 33), ni siquiera se encontraban catalogados como centro comunitario, aunque en su día (enero de 2010) se utilizaron como centro de actividades para una entidad vecinal".
Por último, los gaztetxes de Plazara y Antzara se han regido hasta el momento por reglamentos de uso firmados únicamente por el área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social y los propios colectivos usuarios, sin expedientes ni resoluciones administrativas.
"USO ORDENADO Y RESPONSABLE"
Los CCIS son locales de titularidad municipal, adscritos en la actualidad al área de Desarrollo Comunitario como instrumento operativo de sus programas de acción comunitaria y abiertos a su utilización por los diversos organismos socio-vecinales presentes en las zonas donde se ubican. La ordenanza de 1998 que los regula contempla la definición y objetivos de los centros, la forma de gestión, el tipo de entidades que pueden utilizarlos y los requisitos para acceder a ese uso.
Esa ordenanza recoge la necesidad de realizar los consiguientes convenios de colaboración para regularizar su uso, además de identificar en concreto cinco centros como CCIS, han expuesto.
Según el informe de la dirección del área desde 1998 en que se aprobó la ordenanza, "se ha dado un desarrollo irregular de la misma". "Al texto se le han ido añadiendo documentos que hubieran actualizado su uso, pero no se han aplicado en la mayor parte de ocasiones. Algunos centros se han venido utilizando en condiciones pactadas; en otros, los menos, su uso está regulado a través de la forma de convenios firmados desde diferentes áreas, pero sin resolución administrativa; e incluso en otros centros se desconocía la regulación concreta de su uso. Existe también un protocolo para ese uso que en ocasiones se utilizaba y en otras no, con una necesidad urgente de responder adecuadamente y en forma correcta a las demandas vecinales", añade.
Pese a estas "irregularidades administrativas" y a "la falta de seguimiento y regulación", el análisis destaca un "uso ordenado y responsable de los centros por parte de entidades que, ante todo, han entendido el carácter vecinal, sin ánimo de lucro y de uso consensuado de estos centros públicos". Según este análisis, "las incidencias contrarias a esta tónica han sido puntuales y se han resuelto con normalidad".
