El grupo de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado que se "llama investigación ciudadana a lo que se está juzgando como delito".
Tras la primera sesión del juicio contra los acusados por un delito de revelación de secretos al instalar cámaras ocultas en la Cripta de los Caídos, el Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado por unanimidad su compromiso con el cumplimiento de las leyes de memoria histórica para garantizar la verdad, justicia y reparación y la no connivencia con cualquier tipo de acto de enaltecimiento del franquismo que suponga un ataque a la dignidad de sus víctimas.
La declaración, que ha sido propuesta por Izquierda-Ezkerra y Aranzadi, ha contado con el respaldo de todos los partidos en este punto, aunque el debate se ha endurecido en el resto de apartados del texto.
Izquierda-Ezkerra, Aranzadi, Geroa Bai, EH Bildu y PSN han mostrado su solidaridad con los acusados, Carolina Martínez y Clemente Bernad, mientras que UPN ha votado en contra de este punto, reprochando al resto de partidos que "pretender interferir en un juicio es escandaloso".
En el juicio, que sigue abierto, el fiscal solicita una pena de dos años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos y una multa de 12.000 euros, mientras que los acusados defienden su inocencia y sostienen que grababan un documental sobre un monumento "fascista".
UPN ha defendido que el pasado mes de febrero, al conocerse la denuncia por parte de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz al haber encontrado cámaras para grabar sus misas mensuales, ya solicitó al Ayuntamiento que se personara en los tribunales al haberse colocado los dispositivos de grabación en una sala de cuya gestión es responsable el Consistorio.
Se enfrentan a un juicio por un presunto delito de revelación de secretos, del que han esperado "sentido común" y "justicia".
"Entonces dijeron que los tribunales lo aclarasen", ha recordado la concejala de UPN Ana Elizalde. La regionalista ha asegurado que el caso no juzga una creación artística, en alusión al documental que grababan los acusados, ni un acto de enaltecimiento, sino las escuchas y grabaciones ilegales en un centro de uso privado.
"No se está juzgando el enaltecimiento de nada, porque no se sabe si se produce o no", ha continuado UPN, que ha acusado a los proponentes de la moción de dar por hecho un delito de enaltecimiento.
El partido regionalista ha insistido en que condena cualquier enaltecimiento, "no como ustedes, porque aquí se han dado abrazos con etarras, ahí no nos verá a nosotros", ha espetado en alusión a Bildu.
UPN ha defendido el voto en contra en el resto de puntos de la moción asegurando que la propuesta, finalmente aprobada, "llama verdugos a las víctimas del delito, llaman delito a lo que no es y llaman investigación ciudadana a lo que se está juzgando como delito".
"INVESTIGACIÓN CRIMINALIZADA"
El texto propuesto ha sido aprobado finalmente por puntos. Solo en el cuarto, de compromiso con la memoria histórica, ha habido unanimidad. El primero y el quinto punto han sido apoyados con 7 votos a favor de EH Bildu, Geroa Bai, PSN, Aranzadi e I-E y 4 en contra de UPN.
En el primero, el Ayuntamiento “manifiesta su solidaridad con Carolina Martínez y Clemente Bernad, cuya labor de investigación se ha visto criminalizada, anteponiendo la protección de la intimidad de los verdugos al derecho de la ciudadanía a conocer la verdad, la historia, así como la sociología de la ciudad de Pamplona”.
En el quinto punto, se recoge que el Ayuntamiento “iniciará con carácter inmediato el proceso para recuperar para el Ayuntamiento el uso de la cripta del Monumento a los Caídos, actualmente cedida al Arzobispado de Pamplona, para proceder a su clausura, impidiendo así los continuos actos de enaltecimiento del franquismo y humillación de sus víctimas”.
Por su parte, Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E han aprobado los puntos 2 y 3, con el voto en contra de UPN y la abstención del PSN. En estos puntos, el Ayuntamiento “se opone a la persecución judicial de quienes realizan su trabajo de investigación sobre episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho constitucional y la libertad de expresión”.
Asimismo, “reitera su rechazo a la politización de la justicia, avala la legitimación activa de la Hermandad de los Caballeros Voluntarios de la Cruz, creada en 1939 por excombatientes requetés para ‘mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España’ y por cuyo objeto debería estar ilegalizada en una sociedad democrática, tal y como ha denunciado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)”.
EL AYUNTAMIENTO TRATARÁ DE RECUPERAR EL USO DE LA CRIPTA
Por su parte, entre los partidos que han aprobado toda la declaración, Izquierda-Ezkerra ha considerado "legítimo" la investigación en forma de documental de lo que sucede en la Cripta de los Caídos.
"Queda mucho por hacer para garantizar la no connivencia con los actos de enaltecimiento del franquismo", ha defendido la concejala Edurne Eguino. I-E ha argumentado que en la cripta no ya no existen restos mortales, por lo que propone que el Ayuntamiento de Pamplona anule las cláusulas que permiten la cesión de parte del monumento a la Hermandad de Caballeros.
De hecho Eguino ha insistido en que "no es tolerable que se celebren misas de enaltecimiento del franquismo", tal y como ha definido las reuniones que esta sociedad mantiene en la cripta, y ha advertido que "podría ser denunciado como delito de odio".
Por Aranzadi, como proponente del debate, Laura Berro ha declarado que los acusados "jamás pensaron que su cuestionamiento de un monumento fascista iba a llevarles a un proceso judicial".
Berro ha calificado el juicio contra Martínez y Bernard como "el mundo al revés" y ha considerado que su trabajo documental sobre los Caídos debería entenderse como defensa de la democracia.
Presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos Orain Bai e I-E, la declaración ha contado con el apoyo de UPN, PSN y PP solo en alguno de sus puntos.
Desde Geroa Bai, el concejal Mikel Armendáriz ha sostenido que en 1959, la Hermandad de Caballeros de la Santa Cruz defendía en 1959 la "lucha contra lo que desvirtúa el espíritu de la cruzada".
"Los hechos les han desdicho", ha considerado Armendáriz, que ha advertido que la sociedad ha tratado de "blanquear" sus alusiones a la Santa Cruzada desde el año 2006 con una actualización de sus estatutos.
Patricia Perales (EH Bildu) ha mostrado el apoyo de su partido a la declaración y ha asegurado que el Ayuntamiento de Pamplona trabaja para recuperar la gestión de la Cripta de los Caídos.
"El convenio dificulta en gran manera recuperar este uso, pero se harán las valoraciones jurídicas y si tenemos opción de recuperarla devolveremos ese uso al Consistorio", ha valorado la edil abertzale.
Por parte del PSN, Eduardo Vall ha defendido el compromiso del grupo socialista en todo lo referido a la memoria histórica. "Nos preocupa que todavía quede sin resolver el uso del Monumento a los Caídos", ha zanjado el concejal.
