El alcalde de Pamplona ha asegurado que está dispuestos a llevar el recurso de la querella, inadmitida en los juzgados navarros, hasta el tribunal de Estrasburgo.
Pamplona, a través de la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia, ha acordado un manifiesto en el que pide "remover los obstáculos legales para que se juzguen los crímenes cometidos durante la dictadura franquista".
La capital navarra, Barcelona, Cádiz, Madrid, A Coruña, Rivas-Vaciamadrid, Valencia, Vitoria y Zaragoza han firmado este martes un texto en el que solicitan que se modifique o se derogue la Ley de Amnistía y se introduzca el principio e legalidad internacional en el Código Penal, de manera que las víctimas puedan ejercer su derecho a la justicia en España y ser reparadas.
El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha suscrito el manifiesto en un acto público realizado en el Congreso de los Diputados, donde se ha celebrado una reunión de la red de ciudades, junto con los grupos parlamentarios integrados en el Intergrupo por la Memoria y la Justicia del Congreso y del Parlamento Europeo.
Se trata de una iniciativa impulsada en 2016 por el equipo de gobierno cuatripartito al frente del Ayuntamiento de Pamplona con el objetivo de liderar una reivindicación colectiva para "reinstaurar la memoria histórica de quienes perdieron la guerra, fueron silenciados durante 40 años por la dictadura y otros 30 años por la Transición", tal y como ha informado el Consistorio en una nota.
En el transcurso de la reunión, el primer edil de EH Bildu ha anunciado que Pamplona recurrirá ante el Tribunal Constitucional del archivo de la querella contra los crímenes del franquismo, como paso previo para poder acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige que se agoten todas las vías previas de recursos estatales.
La querella de Pamplona fue la primera presentada a nivel nacional contra crímenes del franquismo en una ciudad. En ella, el Ayuntamiento solicitaba la investigación de hasta 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona, y se centraba en 17 casos concretos, de los que cuatro, ya sea en primera persona o a través de familiares, se adhirieron personalmente a la denuncia.
ASIRÓN, DISPUESTO A LLEGAR A ESTRASBURGO
En su intervención, Asirón ha destacado que uno de los compromisos de Pamplona, respaldado por la mayoría del pleno, es el de “buscar justicia por los crímenes del franquismo, tarea en la que Pamplona se puso a la vanguardia de las ciudades estatales con la presentación de la querella en 2017”.
Al respecto y tras confirmar la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, el primer edil pamplonés ha adelantado que “agotaremos todas las vías judiciales hasta llegar, si es necesario, al Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo porque creemos que es una deuda histórica de esta ciudad con los miles de represaliados por la dictadura”.
Finalmente el alcalde ha animado a las instituciones nacionales a que “superen” la inacción y se sumen y refuercen los trabajos puestos ya en marcha por la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia.
Según recoge el manifiesto firmado este martes en el Congreso por la red de ciudades, “durante los cuarenta años de dictadura franquista, se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial franquista. Hasta ahora, ni una sola de estas personas ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Esta inaudita y bochornosa situación no afecta en exclusiva a las víctimas y a sus familiares, si no que concierne a la sociedad en su conjunto”.
Ante esta situación, las corporaciones locales que forman parte de la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia y los grupos parlamentarios del ínter grupo por la Memoria y la Justicia del Congreso y del Parlamento Europeo se comprometen a “seguir impulsando las acciones necesarias para poner fin a esta situación de impunidad”.
Además de solicitar la modificación o derogación de la Ley de Amnistía, las ciudades firmantes instan al Gobierno a permitir la extradición de los imputados en la querella que se está tramitando en Argentina.
Además, las ciudades se emplazan a “continuar interponiendo en los juzgados querellas criminales contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista contra sus vecinos”, y “consolidar el municipalismo como punta de lanza contra la impunidad franquista”.
