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Asirón prosigue con su nueva norma del euskera para aprobarla antes de que acabe la legislatura

La ordenanza del euskera deberá ser aprobada en el pleno del Ayuntamiento y mantenerse en exposición pública un mes para permitir alegaciones.

Joseba Asiron y Patricia Perales, de EH Bildu, acuden a la sala de prensa del Ayuntamiento de Pamplona. IÑIGO ALZUGARAY
Joseba Asiron y Patricia Perales, de EH Bildu, acuden a la sala de prensa del Ayuntamiento de Pamplona. IÑIGO ALZUGARAY  

El gobierno municipal del alcalde Joseba Asirón (EH Bildu) ha aprobado este viernes el proyecto de ordenanza municipal reguladora de la utilización y fomento del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional.

La propuesta de ordenanza aprobada por la Junta de Gobierno Local se compone de 8 capítulos, 28 artículos, una disposición adicional y otra final, que abarcan aspectos como el ámbito de aplicación de la norma, las relaciones administrativas, los derechos de la ciudadanía, la imagen municipal, todo lo relativo al personal y funcionamiento interno municipal, la toponimia, el fomento del euskera o la participación.

El nuevo texto recoge una gran parte del contenido de la actual ordenanza, que data de 1997, pero se ha optado por la aprobación de una nueva como fórmula jurídicamente más segura y clara, de forma que se eviten los problemas de interpretación y aplicación que se han ido originando por las modificaciones parciales de la norma y el tiempo transcurrido desde su aprobación.

La nueva ordenanza define el castellano y el euskera como lenguas "propias" de la ciudad, "busca garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y adaptar la normativa a la realidad social y al contexto jurídico vigente, tanto a nivel foral (Ley Foral del Euskera y decretos que la regulan) como europeo (Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias)".

El texto recoge la "garantía de la atención municipal en la lengua que cada persona decida utilizar, la regulación del euskera en el paisaje lingüístico de la ciudad, los cauces para determinar los puestos de trabajo que precisen del conocimiento del euskera, su valoración cuando no sea requisito imprescindible, una estructura operativa interna que posibilite la tramitación de expedientes en euskera o la creación de un Consejo del Euskera".

Dentro del preceptivo trámite de audiencia a personas y entidades afectadas para recabar aportaciones la propuesta de ordenanza ha recibido dos y ambas han sido incorporadas al texto aprobado.

Por un lado la aportación de Euskarabidea a los artículos 20 y 21 en el sentido de incorporar expresamente en el texto las competencias legales del Gobierno de Navarra en materia de determinación de topónimos de la Comunidad Foral recogidos en el Ley Foral del Euskera, y por otro, recoger expresamente la posibilidad de que el Servicio de Euskera municipal acuda a la propia Euskerabidea, entre otras instituciones, para consultar las nuevas denominaciones para las que el Consistorio sea competente.

La segunda aportación consiste en una modificación de la exposición de motivos recogida en la propuesta en el sentido de precisar de forma correcta las sucesivas reformas que ha tenido la actualmente vigente.

Esta aprobación se realiza tras cerrar la consulta pública abierta a la ciudadanía en el portal web, y después de cerrarse el preceptivo trámite de audiencia a personas y entidades afectadas para recabar aportaciones, ha informado el consistorio en una nota.

El texto aprobado por la Junta de Gobierno Local se remitirá ahora a la secretaría General del Pleno para su pase a la comisión de Presidencia, órgano que deberá emitir su dictamen antes de que el proyecto de ordenanza sea estudiado por el Pleno. En ese órgano se votaría su aprobación inicial, lo que requiere mayoría simple.

La ley marca que una vez que se produzca la aprobación inicial de un proyecto de ordenanza por el Pleno, y antes de aprobación definitiva por el mismo órgano, deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra, lo que abrirá un plazo de exposición pública de 30 días hábiles para permitir alegaciones al texto.

Tras el dictamen de la comisión sobre las alegaciones recibidas, si las hubiere, el texto final deberá volver al Pleno para su aprobación definitiva y su posterior publicación y entrada en vigor.


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