• jueves, 28 de marzo de 2024
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PAMPLONA

El cuatripartito anuncia cambios para eludir las ilegalidades en la cesión del gaztetxe de Mendillorri

Parte del cuatripartito ha admitido que la cesión no se ajusta a la ordenanza pero defienden "el proceso de participación".

Dos imágenes del alcalde Joseba Asirón y del edificio Antzara en Mendillorri. FOTOMONTAJE
Dos imágenes del alcalde Joseba Asirón y del edificio Antzara en Mendillorri. FOTOMONTAJE

El cuatripartito ha anunciado que se va a "abordar próximamente" un cambio en la ordenanza de cesión de espacios, después de que se hiciese pública una sentencia del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) en la cual asegura que la cesión del local Antzara en Mendillorri ignoró "las disposiciones municipales” y por una vía “no ajustada al ordenamiento jurídico”. 

Esta resolución daba así la razón a UPN que denunció que la cesión se había hecho sin ninguna base jurídica y a los "amigos" del equipo de gobierno. Un hecho que han vuelto a denunciar los regionalistas en la comisión de asuntos ciudadanos de este lunes, donde han reclamado que se reabra un nuevo proceso de cesión del local.

La concejala del Ayuntamiento de Pamplona, María Caballero, ha criticado que esta resolución "deja en evidencia los amiguismos del cuatripartito". "El Ayuntamiento se saltó la ley para beneficiar a su gente, para ceder Antzara como uso de gaztetxte en Mendillorri, y eso es contrario con el ordenamiento jurídico", ha reiterado. 

En este sentido, Caballero ha resaltado que la "resolución del TAN es demoledora y muy clarificadora sobre cómo están actuando con cesiones de espacios a su gente".

"El alcalde Asirón y ustedes (cuatripartito) están trabajando para beneficiar a unos pocos con el dinero de todos", ha censurado para añadir que "van haciendo las medidas jurídicas a medida de a quién se dan los locales". 

Además, la regionalista ha denunciado que "quieren beneficiar a unos pocos" y han hecho que estos sean "centros de exclusión social donde no cabe la mitad de la ciudadanía porque las asociaciones no tienen la llave". A este respecto ha denunciado que "el número nueve de la lista Bildu tiene la llave de Antzara porque se la han dado a dedo". 

Igualmente, ha recordado que en este local en Navidades se celebró en su interior "una fiesta con menores fumando, bebiendo alcohol y vendiéndolo, todo eso con el consentimiento de Ayuntamiento y sin control".

Esta misma denuncia ha sido apoyada por el PSN, quien a través de la portavoz de su grupo municipal Maite Esporrín ha declarado en la comisión que en la "resolución del TAN es evidente que no había ningún convenio y si lo había se ha hecho de manera irregular". "Ese edificio se tiene que volver a adjudicar", ha reclamado la socialista. 

"Ese centro se ha convertido en un centro para una determinada de ideología y no es abierto a todos, para unos son todo ventajas y para otros todo inconvenientes", ha criticado.

Además, ha añadido en su denuncia que se permitió un "concierto sin autorización, con un rapero que ahora esta huido de la justicia y que en sus canciones pide que se mate a guardias civiles" y ha criticado que varias personas "han hecho protestas al Ayuntamiento donde se dice que el estado en el interior del edificio es lamentable".

CAMBIO DE ORDENANZA Y CRÍTICAS AL "ABANDONO"

Por su parte, el cuatripartito ha respondido a estas críticas denunciando que Mendillorri vivía una situación de abandono y ha anunciado que modificará la ordenanza para que estas cesiones entren dentro de la normativa. 

Así pues, la concejala de Geroa Bai, Esther Creames, ha denunciado que el Civivox de Mendillorri "no cubría las necesidades de los jóvenes y de los colectivos" en el comienzo de este gobierno. Además a la alabado la construcción de este local como 'passive house'. 

Asimismo, Cremaes ha querido explicar que se desarrolló un "proyecto de participación ciudadana sobre los usos y la gestión del edificio", tras el que "hay un acuerdo firmado entre colectivos y concejal". En este sentido, ha querido negar el sectarismo y ha defendido que "no se puede decir que en un proceso participativo se niega la entrada a alguien, puede acudir cualquiera".

Por ello, la concejala de Geroa Bai ha asegurado que "el área de desarrollo comunitario desde su inicio comprueba una ausencia de adecuación de centros comunitarios, así como de obsolescencia de ordenanza", por lo que ha resaltado que "precisa de actualizaciones, algo que se va a abordar próximamente". 

En definitiva, Cremaes ha admitido que "no discutimos que la cesión no se ajusta a la ordenanza", aunque ha querido salvarse aclarando que sí "hay un convenio y un proceso participativo". 

Del mismo modo, la concejala de Izquierda-Ezkerra, Edurne Eguino, ha señalado que "comparten la resolución del TAN en el hecho de que a falta de reglamentación nueva debe usarse la que existe".

Pese a ello, ha aclarado que "no apoyan la declaración porque no pensamos que la solución a este tema sea la que propone UPN porque no compartimos su idea de bloquear todo tipo de participación".

A este respecto, ha comentado que "a falta de nueva regulación, creemos que existe suficiente capacidad con la ordenanza de centro comunitarias así como el de Plazara y Redin y Cruzat".

Por su parte, Maider Beloki, concejala de EH Bildu, ha defendido que "una vez más estamos más allá de la resolución del TAN, con la que podríamos estar en algún punto de acuerdo en esa revisión". Una resolución sobre la que ha querido quitar peso al señalar que "no hay nada ilegal, sino que hay algo que revisar".

Beloki ha querido evitar el debate sobre la resolución del TAN y ha señalado que "el debate de fondo es la historia de un barrio abandonado". Por lo que ha acusado a UPN de preferir "tener edificios vacíos y concretamente en Mendillorri una falta flagrante y notoria de locales para el uso comunitario".

En este sentido, ha denunciado que el "modelo" de UPN era "la cesión digital" de locales de "uso privativo". Además, ha acusado a los regionalistas de "difamar el trabajo de asociaciones y colectivos" que usan Antzara y Plazara. 

Igualmente, ha criticado el estado de abandono de centros comunitarios y de barrios, así como el desuso del civivox de Mendillorri "porque había censura".

La declaración ha sido rechazada con cuatro votos a favor y cinco en contra. 


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