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"Es una vergüenza que les echen si no se les asigna domicilio": la PAH sobre los desahucios de Asirón

Desde la plataforma antidesahucios consideran que las medidas tomadas por Asirón para la reforma de pisos municipales son "lentas y claramente insuficientes".

Cartel a favor de parar los desahucios en Pamplona. EFE.
Cartel a favor de parar los desahucios en Pamplona. EFE.  

El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (Bildu) ha ordenado el desahucio de cinco familias que disfrutan de pisos de propiedad municipal. 

Teresa González, perteneciente de la plataforma anti desahucios del Casco Antiguo considera que "es una vergüenza que echen a la gente de esos domicilios municipales cuando los están ocupando porque si acuden a la administración no les asignan nada". 

Desde la plataforma consideran "irrisoria" la gestión de los procedimientos de asignación de vivienda social tanto del Ayuntamiento de Pamplona como del Gobierno de Navarra.

"Es una vergüenza que echen a la gente de esos domicilios municipales cuando los están ocupando porque cuando acuden a la administración no les asignan nada", explica una de las integrantes de la plataforma.  

Consideran que ambos organismos deberían "buscar solución a la emergencia habitacional ya que muchas de las personas que ocupan estos domicilios municipales lo hacen porque la administración no quiere asignarles un domicilio social, ya sea por estar en situación de pobreza o ser inmigrante".

La plataforma también ha cargado contra Asirón. "Lo que también es irrisorio es el ritmo del Ayuntamiento en arreglar los domicilios municipales que no se pueden habitar. Están arreglando poco y a una velocidad muy lenta cuando la demanda es enorme", expresan.

La situación es "indignante". "Tienen 80 viviendas, de las cuales 70 hay que arreglar para que puedan ser asignadas a alguna persona que las necesite, de ellas están arreglando doce y a cinco han mandado esta notificación de desalojo".

"Solo en Pamplona hay 250 solicitudes de emergencia habitacional, es decir gente que vive en situaciónes que no son dignas". 

"No se puede poner a gente en la calle porque les estás echando de su hogar y no pueden hacer otra cosa porque aunque soliciten la vivienda legalmente no se la van a dar, no tienen otra opción". "Es un problema de la administración pública", recalcan.

González considera que el procedimiento de desalojo de estas viviendas va a tardar mucho porque se ha elegido la "vía judicial". "Cuando notificas por vía administrativa puede que los okupas quieran o no salir, depende de la presión que tengas, pero cuando lo haces por vía judicial, no les queda otro remedio".

"Conozco un caso de una mujer con tres hijos que viven en la misma habitación y pagan 300 euros al mes. González reconoce que "la situación no es fácil. Hay que hacer procedimientos para dar prioridad a las familias antes que a parejas jóvenes".

"Lo que debería hacer el gobierno es aumentar el presupuesto y comprar 600 viviendas que es lo mínimo que se necesita".

EMERGENCIA HABITACIONAL 

"Muchas de estas familias no son tenidas en cuenta por la Administración y se les sigue dando la espalda. Son familias monoparentales, son familias que viven en local, son familias que viven en habitación sin contrato, embarazadas y con humedades terribles, conviviendo en pisos patera con personas enfermas".

"Lo que exigimos de un Servicio de Emergencia es incluir y tener en cuenta estas realidades familiares para buscarles solución habitacional digna".

"Consideramos imprescindible ir dando solución a la importante problemática de vivienda que viven amplios sectores de la sociedad civil más vulnerable, a las situaciones de hacinamiento en vivienda y en general a la falta de viviendas de alquiler social".

"ARREGLO LENTO E INSUFICIENTE"

Las medidas hasta hoy tomadas para el arreglo y reforma de pisos propiedad municipales son "lentas y claramente insuficientes".

"Se desconoce cuál es la causa de no hacerlo con mayor celeridad, ya que existe presupuesto económico y se podría acometer un arreglo inmediato de la mayoría de viviendas del Grupo de San Pedro, de la manzana de la antigua Estación de Autobuses y otras. No se pueden acotar plazos de solicitud y valoración y fallar con el número de viviendas a entregar", denuncian.

"Es inadmisible que parte del presupuesto destinado a ello se quede sin ejecutar mientras familias con menores están viviendo situaciones increíblemente duras".


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