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PAMPLONA

Denuncian que Asirón convierta a Pamplona en zona vascófona con su "desproporcionada" ordenanza del euskera

Los regionalistas han criticado que “estas exigencias van mucho más allá que lo que la normativa foral regula para la zona mixta".

El consejero Mikel Aranburu visita la oficina de Hacienda en el primer día de campaña que se puede presentar la declaración de la renta de 2016 de forma presencial (29). IÑIGO ALZUGARAY
Un cartel bilingüe en Pamplona en el que prevalece el euskera por encima del castellano . IÑIGO ALZUGARAY

UPN ha presentado ocho alegaciones a la “Ordenanza reguladora de la utilización y del fomento del euskera en el ámbito del Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional” porque en ella “se establecen unas exigencias absolutamente desproporcionadas de presencia y utilización del euskera tanto dentro del propio Ayuntamiento, como a particulares, asociaciones y empresas”.

Los regionalistas han criticado que “estas exigencias van mucho más allá que lo que la normativa foral regula para la zona mixta que es donde se encuadra Pamplona, según la Ley Foral del Euskera” y han denunciado que “con esta ordenanza Pamplona se convierte en zona vascófona, contradiciendo la ley foral y normativa que la desarrollan”.

Desde UPN han señalado que “en el artículo 1º de esta ordenanza se establece una clara discriminación de medios en beneficio del euskera y en contra de los castellanoparlantes que en Pamplona según los estudios del Gobierno de Navarra los cifra en el 97,1% de la población”. Además, han recordado que “no se ajusta a Derecho establecer que se utilizarán en pie de igualdad las dos lenguas cuando una es oficial en Pamplona y la otra no”.

Asimismo, el artículo 3 de la Ordenanza obliga a redactar en forma bilingüe todas las comunicaciones que se dirijan a otras administraciones públicas de la Comunidad Foral, “lo que resulta de todo punto desproporcionado hasta el extremo de que va más allá de lo que el Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de derecho público dependientes, establece para la zona vascófona en la que únicamente se prevé que la forma bilingüe sea la norma general”.

Los regionalistas han manifestado también que “esta norma pretende establecer circuitos de trabajadores en euskera, lo que es un exceso, que únicamente tiene la finalidad de crear una administración paralela en euskera siendo contraria a la ley y copando la Administración municipal con puestos de perfil en euskera en menoscabo de la inmensa mayoría de los pamploneses”.

Desde UPN han destacado que “en todas las medidas que el Decreto Foral de Euskera prevé como posibilidad en la zona mixta la ordenanza lo convierte en obligatorio en Pamplona: imagen, publicidad, notas de prensa y todo lo que prevén los artículos 7 a 12, por lo que se vulnera el principio de jerarquía normativa y no se respeta el principio de igualdad en el acceso a la función pública y a los puestos de trabajo públicos, introduciendo, además, conceptos no previstos en el ordenamiento jurídico”.

Los regionalistas también han alertado a las asociaciones que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona de que “con esta nueva norma se obliga a que cualquier entidad que realice una actividad en Pamplona y pretenda que sea tendrán que elaborar todos los materiales en euskera, además, de en castellano, una obligación extensiva el desarrollo de las actividades que tendrá que hacerse en las dos lenguas”.

“Si se realiza un acto público éste deberá ser bilingüe, un artículo que va contra la libertad de las propias entidades, que son quienes deciden cuales son las actividades que realizan y cómo las realizan”, han subrayado.

Por otra parte, han señalado que “se están impidiendo las alegaciones de los ciudadanos que no solo no puede acceder a través de la web municipal al texto de la Ordenanza, sometida a información pública, sino que lo que es peor, recibe una información incorrecta en la que se le indica que ha finalizado cualquier trámite de alegaciones”.

“Sólo por esto, debería abrirse un nuevo plazo de alegaciones informando adecuadamente a los ciudadanos de la posibilidad de presentar alegaciones y poniendo a su disposición el texto inicialmente aprobado”, han concluido.


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