Fran Canal mantiene buena parte de su poder en el club gracias a sus acuerdos con los radicales que pegaban palizas a otras aficiones.
Osasuna ha salido este jueves en defensa de los radicales abertzales de Indar Gorri que fueron condenados por pertenencia a banda criminal y a los que mantiene como socios.
El club que dirige Fran Canal ha arremetido contra la Comisión Antiviolencia del fútbol español que vela por la seguridad de los ciudadanos en los estadios y ha mantenido en un comunicado que su intención es garantizar que este grupo de radicales sigan accediendo al estadio, con el peligro que todo ello supone.
Antiviolencia ha anunciado también este jueves que va a proponer el cierre del estadio de El Sadar durante un mes así como una multa de 200.000 euros a Osasuna por permitir que los radicales condenados sigan accediendo al campo de fútbol.
Hay que recordar que el director general de Osasuna ha mantenido su posición de fuerza en la asamblea de compromisarios gracias a los acuerdos llegados con Indar Gorri, en algunos casos de espaldas a la directiva.
El club rojillo se pone así del lado de los violentos y radicales condenados por pegar palizas a seguidores de otros equipos y se enorgullece de que esta gente siga siendo socia de Osasuna, a los que ha vuelto a renovar el carné y quiere mantener dentro de los estadios de fútbol.
En su comunicado, Osasuna ha asegurado que siempre cumplirá la ley y las instrucciones de las fuerzas de seguridad, pero ha mantenido que no va a vulnerar derechos de sus socios, aunque sean condenados por pegar palizas indiscriminadas.
Osasuna presume así que los radicales organizados en una banda criminal sigan siendo socios del club y poniendo en peligro al resto de aficionados que acuden al estadio.
El club reconoce, eso sí, que ha cumplido en las últimas semanas las órdenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de prohibir el acceso al estadio a seis de estos radicales, pero se lamenta que les puedan exigir responsabilidades, cuando fue Osasuna el que les ha permitido seguir como socios a pesar de sus duras condenas.
En la sentencia de condena a 11 de los violentos abertzales que ahora defienden Fran Canal y Osasuna, se relataba como estos abertzales "aprovechaban los desplazamientos a otras ciudades donde tenía que jugar el Club Atlético Osasuna y, en otras cuando los equipos rivales jugaban en Pamplona, para, organizándose previamente entre ellos, acudir en función de ese previo acuerdo a determinados sitios, donde quedaban con el fin de agredir a los componentes de los grupos “ultras” o mas radicales de aficionados de esos equipos, tratando con ello y entre otras cosas, de obtener un mayor grado de status o respeto de los demás grupos radicales con tales acciones violentas".
Osasuna, que asegura que se ha enterado por los medios de la propuesta de sanción, ha mantenido que no entiende el interés de la Comisión Antiviolencia. "El club lamenta el daño irreparable que se causa a su imagen con decisiones de este tipo que pretenden dar a entender que Osasuna ampara comportamientos violentos, cosa que es del todo incierta y que llama especialmente la atención cuando en otros estadios han ocurrido y ocurren hechos muy graves que no parecen llamar la atención de la Comisión Antiviolencia".
El club rojillo denuncia en un comunicado lo que considera "un absoluto despropósito jurídico y, en todo caso, no debe olvidarse que Osasuna es un club que pertenece a sus socios, por lo que defenderá sus derechos ante las instancias que correspondan".
Osasuna quiere dejar claro que, con fecha 2 de noviembre, notificó la prohibición de acceso al estadio a las personas condenadas y ha puesto todos los medios necesarios para cumplir las indicaciones de las Fuerzas de Seguridad.
Aún así, defiende con ahínco a los radicales y mantiene que no existe ninguna resolución administrativa ni sentencia judicial que lo pida.
Osasuna se lamenta en su comunicado que se solicite retirar la condición de socio a los agresores y violentos que machacaban a golpes e insultos a todos los que no pensaran como ellos.
