El Gobierno argumenta su disconformidad a la tramitación de la proposición de ley por "motivos de oportunidad, jurídicos y de equidad".
La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento conocerán este lunes el criterio del Gobierno contrario a la tramitación de la proposición presentada por el PP para modificar la ley de Salud y posibilitar así un nuevo contrato con la Clínica Universidad de Navarra para la atención sanitaria de sus trabajadores.
El Ejecutivo recuerda así que el pasado mes de marzo el Parlamento pidió por unanimidad que el Gobierno elaborara una nueva ley de Salud y por lo tanto no considera oportuno plantear una modificación de la actual.
Entiende además que la proposición planteada incumpliría los principios de concurrencia y licitación ya que del texto "parece inferirse" que lo que se propone es una "adjudicación directa" en el contrato con la CUN.
El Gobierno cuestiona igualmente que el convenio se plantee para empresas que tengan "medios directos similares" a los del Servicio Navarro de Salud ya que ello "podría generar ciudadanos de primera y de segunda", pues los trabajadores de esas empresas podrían optar entre los servicios de estas y los públicos y el resto de ciudadanos no.
En el orden del día de la Mesa y Junta de portavoces se incluye además la tramitación del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo para modificar la ley de gobierno abierto y crear el Consejo de Transparencia de Navarra, y sobre la modificación de la comisión competente para dictaminar la proposición de ley del Consejo de Navarra.
Los grupos parlamentarios han presentado también una interpelación al Gobierno sobre el convenio con La Rioja en materia de Salud, y tres preguntas orales sobre la atención sanitaria del personal de la Universidad de Navarra, la industria 4.0 y las pérdidas que sufren los ganaderos del sector lácteo.
Se han registrado asimismo diversas peticiones de comparecencias para que el consejero de Educación presente los datos de evaluación externa del PAI, el director de Paz y Convivencia indique cómo se va a "garantizar la libertad y convivencia" en la UPNA y los institutos de secundaria, y el presidente de Comptos informe sobre la fiscalización realizada a los ayuntamientos de Tafalla y Estella.
Igualmente se han solicitado sendas sesiones de trabajo con COVITE para tratar sobre las familias víctimas de crímenes de ETA en Navarra aún no esclarecidos, y con la AGAO para conocer su situación económica.
Por último la Mesa y Junta de portavoces conocerán de forma oficial las reciente sentencias del Tribunal Constitucional sobre racionalización del gasto educativo y la ley de comercio, y una propuesta de declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano y el Día de la Comunidad Gitana de Navarra presentada por la presidenta del Parlamento.
