El grupo político de Compromis pide que se implemente de manera urgente las reformas legislativas necesarias para acabar con esta práctica.
Compromís llevará este martes 17 de octubre a la Comisión de Justicia del Senado el debate de una moción en la que pide al Gobierno que implemente de manera urgente las reformas legislativas necesarias para acabar con los 'trileros', tipificando su actividad como delito de estafa en el Código Penal y endureciendo las sanciones.
La iniciativa parlamentaria, recogida por Europa Press, advierte de que este "fenómeno de los 'trileros' continua presente "en buena parte" de España y, en especial, "en las zonas turísticas donde se ceba especialmente" con sus visitantes, "transmitiendo una imagen letal de cara al extranjero". "No somos un destino seguro y agradable", avisa.
Los senadores Compromís Carles Mulet y Jordi Navarrete explican que, la falta de una legislación que tipifique el 'trile' como delito de estafa, otorga "impunidad" a quienes lo practican, habitualmente, invitando al público a descubrir dónde se esconde una bolita que es tapada por una chapa o un vaso.
"En el trile no existe el factor suerte, sino que sólo se gana si los trileros quieren, al influir en el juego con argucias", apuntan desde Compromís, que ha añadido que en ocasiones los denunciados se declaran insolventes y "repelen" las sanciones económicas.
Según argumentan, hay que considerar esta práctica como un delito, ya que se trata de una actividad organizada y reincidente por lo que "le sería atribuible el artículo 570 bis del Código Penal, en tanto que organización criminal, con penas de cuatro a ocho años de prisión.
"Hasta hoy la única solución es la desesperante acción policial hacia los operadores clandestinos, con el ánimo de que acumulen faltas y así poder ser acusados de delitos por desobediencia continuada", defienden los senadores.
En este contexto, Compromís insta al Gobierno a colaborar con las administraciones locales y autonómicas afectadas por este fenómeno, con campañas informativas preventivas destinadas a las potenciales víctimas de esta actividad y de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos.
Finalmente, pide trasladar el acuerdo al Consejo de Políticas del Juego para que, dentro de sus competencias, desarrolle normativa de protección de la ciudadanía y lucha contra el juego ilegal o no previsto en la Ley, en coordinación con la Comisión Nacional del Juego, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y las comunidades autónomas competentes en materia de juego.
