• lunes, 19 de abril de 2021
  • Actualizado 10:22

 

 
 

SALUD

Sin estado de alarma no habrá toque de queda, pero se podrá limitar la movilidad

El Gobierno asegura que desde el Consejo Interterritorial "se seguirán promoviendo instrucciones y normas para toda la población".

Dos agentes paran un coche para realizar un control de movilidad. PABLO LASAOSA
Dos agentes paran un coche para realizar un control de movilidad. PABLO LASAOSA

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este miércoles que el fin del estado de alarma supondrá el levantamiento de las medidas "generales" que, como el toque de queda, requieren de este "paraguas" legal.

Eso sí, ha defendido que, con el aval de los tribunales y amparándose en la legislación ordinaria, las comunidades autónomas podrán seguir tomando medidas para limitar la movilidad dentro de sus territorios, como ya se hizo a mediados de 2020, tras la desescalada.

"Las comunidades ya tuvieron medidas de contención del movimiento y de la limitación a la actividad pero no desde ese paraguas, que es general. Por tanto ya lo hemos experimentado, no es una iniciativa nueva", ha argumentado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre cuál es el escenario que se abrirá cuando decaiga el 9 de mayo el estado de alarma, como prevé el Gobierno, si la pandemia de coronavirus no repunta y la incidencia se mantiene en niveles bajos.

En este sentido, Montero ha asegurado que lo que acabarían entonces "son las medidas generales". "Pero lo que no acabará nunca es la competencia que tienen las comunidades para delimitar cuáles son las medidas de seguridad que en su territorio se pueden poner en marcha. Eso es algo importante", ha apostillado.

A este respecto, ha defendido que "tanto la legislación ordinaria" como el "refuerzo" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) "lo permite, sin tener que recurrir al estado de alarma si no es imprescindible".

De hecho, ha asegurado que desde el Consejo Interterritorial "se seguirán promoviendo instrucciones y normas para toda la población", y que, además, existen "instrumentos suficientes para continuar con esta cogobernanza" con las comunidades autónomas, en la que "cada uno en su marco establece los límites de restricción".

Y en este punto, ha asegurado esas restricciones "no podrán afectar a derechos fundamentales, salvo que los tribunales así lo decidan", dejado abierta de este modo el alcance que podrían tener esas medidas una vez decaiga el estado de alarma. No obstante, ha apostillado que "la previsión del Gobierno es que no haya que limitar esos derechos fundamentales como se venía haciendo".

"Al menos no, en la medida en que se está limitando en este momento, en la que los ciudadanos, a partir de una hora, salvo por razones justificadas, no pueden salir, incluso de su provincia, sino que ya habrá como nos pasó en el tercer trimestre, un movimiento mucho más normalizado, aunque nunca en la plena normalidad", ha ahondado.

Preguntada en concreto por los cierres perimetrales a nivel autonómico, Montero ha asegurado que "podrían desaparecer dependiendo de la incidencia que exista en cada territorio", pero ha admitido que cada territorio puede "poner en marcha algún tipo de medida de restricción que entienda que es conveniente para que no se produzca un incremento en el número de contagios".

FUNCIONÓ "MUY BIEN" EL VERANO PASADO

Según Montero, esta estrategia funcionó "muy bien" en el tercer trimestre del año pasado, cuando se puso en marcha la desescalada tras el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020, aunque ha reconocido que luego llegó la segunda ola y ya fue necesario volver a recurrir a ese instrumento.

"Lo importante es tener instrumentos para que en cada momento se pueda dar una respuesta ajustada, ni más ni menos de las que se requieran. El Gobierno, si hace uso del estado de alarma, lo hace siempre teniendo en cuenta que la salud era lo primero, pero sin abusar de un instrumento que restringe los derechos fundamentales. Es algo que el Gobierno mide con mucha prudencia", ha defendido.

En este sentido, ha rechazando que la decisión de no prorrogar el estado de alarma se haya tomado por intereses electoralistas o por la previsible falta de apoyos. "No. El Gobierno siempre y en todo momento ha tenido en cuenta el criterio experto a la hora de tomar decisiones, sobre todo el derecho de estado de alarma y la limitación de movimientos", ha aseverado.

Con todo, la portavoz del Gobierno ha insistido en que confían en que, gracias al aumento de la vacunación que se irá produciendo de aquí a finales del verano, no sea necesario volver a aplicar medidas que limiten los derechos fundamentales.

Y en el caso de que fuera necesario, porque se produjera esa cuarta ola que esperan que no llegue, Montero ha señalado que el instrumento del estado de alarma sigue disponible para cuando sea necesaria. "Parece que podemos caminar sin esa herramienta, pero esta supeditado a la salud de los ciudadanos", ha recalcado.

"OBLIGADO CUMPLIMIENTO" DEL CONSEJO

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que a partir del 10 de mayo será posible afrontar la gestión de la pandemia a través de las decisiones "de obligado cumplimiento" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ya que así lo avaló recientemente el Tribunal Supremo, según ha defendido.

Asimismo, Calvo ha asegurado que este hecho, sumado a las competencias en materia de salud que tienen las comunidades autónomas y la legislación sanitaria vigente, "permite muchas respuestas", sin necesidad de modificar ninguna legislación. De este modo, ha vuelto a rechazar la petición del PP de desarrollar un "plan b jurídico" para dar sustento a los gobiernos autonómicos.

Es decir, el Gobierno afronta esta nueva etapa convencido de que es posible afrontar esta nueva fase sin estado de alarma si se consigue "una combinación perfecta, lo más coordinada, eficiente y lealmente posible de unas instituciones con otras", sin confrontación entre Ejecutivos, y con los esfuerzos volcados en la vacunación.

"No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. El 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando, se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades autónomas y el gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir", ha afirmado.

Según Calvo, el Gobierno ha decidido no prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma porque "no se puede tener una situación indefinida de esta naturaleza", y porque existen instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia, ahora que ya ha bajado la incidencia, que además ya se usaron en el verano de 2020, antes de que se volviera declarar el estado de alarma.

"Lo tenemos ensayado, y con buena respuesta de nuestros tribunales, como la que ha dado el Tribunal Supremo no hace más de diez días. Con toda esta capacidad de respuesta jurídica y política estamos preparados para afrontar el día siguiente de la desaparición del estado de alarma", ha zanjado.

Al ser preguntada de nuevo por este asunto, Calvo ha defendido que el Gobierno ha decretado el estado de alarma cuando ha sido necesario, por los datos de incidencia, "para tomar decisiones que afectaban a derechos fundamentales".

Pero una vez que ha bajado la incidencia, y que el proceso de vacunación cada vez va más rápido, el Ejecutivo considera conveniente que ese instrumento excepcional del estado de alarma decaiga, y que las comunidades tiene los instrumentos suficientes para hacer frente a la situación.


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