Cristóbal López, detenido el viernes por una supuesta estafa tras el cierre de sus nueve clínicas dentales, ha sido trasladado ante el juez de guardia.
El responsable de la cadena Funnydent, Cristóbal López, detenido el viernes por una supuesta estafa tras el cierre de sus nueve clínicas dentales, ha pasado esta tarde a disposición del juez en los juzgados de instrucción de Navalcarnero (Madrid).
Según han informado a Efe fuentes policiales, el arrestado ha sido trasladado ante el juez de guardia, que decidirá si mantenerlo en prisión preventiva o dejarlo en libertad.
El traslado de López se ha producido después de que ayer la Policía registrara dos domicilios relacionados con él, donde se incautaron de varios ordenadores y de un coche de alta gama.
López, de 48 años, está imputado de un delito de estafa después de la clausura de los nueve centros que tiene en España (siete en Madrid y dos en Barcelona).
La Policía Nacional ya ha recibido denuncias de un centenar de afectados por el cierre de las clínicas, aunque seguramente habrá más interpuestas ante otras fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra.
López fue arrestado el viernes por la mañana en el barrio Arroyo del Molino de la localidad madrileña de Navalcarnero, pero el caso se lleva en Navalcarnero, porque es allí donde la Policía inició ayer la investigación tras recibir por la tarde numerosas denuncias de clientes de la cadena dental.
Miles de pacientes y numerosos trabajadores se han visto afectados por el repentino cierre de las clínicas.
Funnydent tiene clínicas en los madrileños Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares, así como en las localidades barcelonesas de Sabadell y Mataró.
Los afectados por el cierre aseguran superar el millar de personas y denuncian que se han quedado "con tratamientos a medio hacer con las consecuencias graves para la salud que esto conlleva".
A través de la plataforma Change.org, donde llevan recogidas más de 1.600 firmas, han iniciado una campaña en la que, además, piden ayuda al Defensor del Pueblo.
