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La juez ordena la detención de Puigdemont y los exconsejeros cesados que siguen en Bélgica

Ninguno acudió este jueves a declarar por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el desafío independentista.

Puigdemont durante su intervención para la televisión belga, este viernes
Puigdemont durante su intervención para la televisión belga, este viernes  

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado este viernes órdenes europeas de detención para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consellers cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas.

Ninguno acudió este jueves a declarar por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos relacionados con el desarrollo del proceso soberanista y la declaración unilateral de independencia de Cataluña, han confirmado fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado dos autos diferentes, uno dirigido a la Fiscalía General belga para que sean detenidos en dicho país, y otro de busca y captura internacional por si se encontraran en otro lugar.

Pide que sean detenidos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos a los que añade prevaricación y desobediencia. Además de Puigdemont, el resto de miembros del Gobierno de Cataluña cesados son Lluís Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Enseñanza). La Fiscalía pidió la detención de todos ellos ante el "caso omiso" a las citaciones.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado estas órdenes un día después de acordar el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de otros siete exconsellers investigados en la misma causa ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga.

En su auto la juez incidía en la incomparecencia de los ahora buscados como una de las razones de la imposición de la medida cautelar a sus excompañeros de Gobierno, ante el peligro de que puedan eludir la acción de la Justicia.


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