El PP ha pedido la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por "los privilegios" a los familiares de dos presos etarras a los que se permitió viajar del País Vasco a la cárcel de Picassent (Valencia) y comunicarse con ellos, algo también prohibido "en esa fase de la pandemia".
Según explica en una nota de prensa, el Grupo Parlamentario Popular pide al responsable de Instituciones Penitenciarias que "dé cuenta en la Cámara Baja de los criterios seguidos en la aplicación del régimen penitenciario durante el estado de alarma decretado por el Gobierno", y conocer las circunstancias del desplazamiento permitido a esos familiares.
Los populares han hecho esta solicitud a través de una "batería" de iniciativas presentadas en el Congreso (comparecencia, petición de informes y preguntas al Gobierno), en las que denuncia que, el pasado 23 de mayo, "dos personas acudieron a visitar al Centro Penitenciario de Picassent" a los presos etarras Íñigo Gutiérrez Carrillo y a su pareja, María Lizárraga Merino.
Gutiérrez Carillo fue condenado en el 2011 a 14 años de prisión por pertenencia a banda armada como miembro del comando Vizcaya de ETA y por depósito de armas de guerra terrorista.
Su pareja fue condenada un año antes a 20 años y un mes de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tenencia ilícita de armas de fuego y de componentes de aparatos explosivos, falsificación en documento oficial y hurto, y uso de vehículos de motor.
Las dos personas que los visitaron "viajaron procedentes del País Vasco, donde tienen su residencia, y el encuentro se produjo a través de una cristalera y se permitió, pese a que en este centro penitenciario no se restablecía el servicio de las visitas hasta el lunes 25 de mayo, siempre que las personas del exterior residieran en la misma provincia", detalla el PP en su nota.
"EXPRESAMENTE PROHIBIDAS"
Recuerda en este sentido la formación que, desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, "las comunicaciones en las prisiones españolas quedaron expresamente prohibidas tanto entre reclusos de diferentes módulos como con el exterior a través de los locutorios, para frenar la expansión del coronavirus en el ámbito penitenciario".
Por ello, además de la comparecencia, el Grupo Popular reclama a Interior, en virtud del artículo siete del reglamento del Congreso, "todos los informes y órdenes que permitieron" a dichos familiares desplazarse desde el País Vasco a Valencia para visitar en la cárcel a los condenados, así como "copia de todos los documentos que tengan que ver con los dos reclusos desde enero del 2020)".
Además, ha presentado las siguientes preguntas al Gobierno de España:
1- ¿Cuáles son los motivos por los qué el Ministerio del Interior concede un trato privilegiado a la familia para que pudiera acudir a visitar a sus familiares condenados por terrorismo, desde el País Vasco a distinta comunidad autónoma, saltándose la prohibición de movilidad que impide ir de unas provincias a otras, y mucho más de unas comunidades autónomas a otras?
2- ¿Quién permitió dicha autorización?
3- ¿Hubo más autorizaciones de visitas a presos antes del 25 de mayo desde que se decretó el estado de alarma?
4- ¿En qué centros penitenciarios y a qué reclusos antes del 25 de mayo se les autorizó visitas de sus familiares?
