La Fiscalía ya ha llegado a acuerdos con varios acusados para que las penas se les reduzcan a cambio de reconocer los hechos delictivos.
Alfredo de Miguel ha ratificado este martes su inocencia y ha negado una y otra vez su implicación en una presunta trama de cobro de comisiones y adjudicaciones ilegales a través de un entramado empresarial con vinculaciones con el PNV.
En este caso judicial están imputadas 26 personas, varios de ellos exdirigentes del PNV alavés como De Miguel, el cabecilla de esta presunta trama de corrupción y para quien la Fiscalía pide más de 54 años de cárcel por 27 delitos, entre ellos los de asociación ilícita, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.
El ministerio fiscal considera que lideró un entramado societario dirigido a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de comisiones ilegales, pero De Miguel, a preguntas de su abogado, Gonzalo Susaeta (al único al que ha contestado), ha ido negando las acusaciones a lo largo de casi ocho horas de declaración entre el lunes y este martes.
Son 12 los bloques en los que se ha dividido este macroproceso judicial que tiene diferentes ramificaciones de sospechas de contratos irregulares que salpican al Gobierno vasco que presidió Juan José Ibarretxe, a la Diputación alavesa y a algunos municipios alaveses y vizcaínos.
De Miguel y los otros dos principales imputados, Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, exmiembros de la Ejecutiva del PNV alavés, no se encuentran entre los acusados que han llegado con la Fiscalía a un acuerdo para reconocer varios hechos a cambio de una rebaja de penas, unos pactos que para el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, deja "acreditado" la existencia de una "trama organizada criminal".
De Miguel ya dejó claro el lunes que las conversaciones grabadas en las que supuestamente solicitó una comisión ilegal a Ainhoa Alberdi, la empresaria que destapó este caso, están "manipuladas", y afirmó que nunca ha solicitado a nadie "ninguna comisión" por ningún trabajo.
NI CONTRATOS, NI TRABAJOS
Durante este martes ha seguido en esta línea. Ha asegurado que nunca pidió contratos ni trabajos a los responsables del departamento de Juventud del Gobierno vasco y que tampoco ordenó adjudicaciones desde su cargo como diputado foral de Álava.
Concretamente, se ha referido a los contratos adjudicados supuestamente por el departamento de Cultura del Gobierno vasco que presidía Juan José Ibarretxe a la trama liderada por De Miguel.
Según la Fiscalía, una veintena de contratos en materia de Juventud fueron adjudicados a dedo a tres empresas pantalla de la trama (Kataia, Errexal y Ortzi Muga) y en la mayoría de los casos no consta que se llevaran a cabo.
De hecho, Gurutz Larrañaga, exviceconsejero de Cultura y Juventud, y Francisco Javier Sánchez Robles, exdirector de Juventud y Acción Comunitaria, se sientan también en el banquillo, acusados de valerse de sus cargos para la adjudicación irregular de contratos.
TRES CONTRATOS
De Miguel ha reconocido que su empresa, Kataia, recibió tres contratos por importe de unos 33.000 euros y que todos ellos se llevaron a cabo. También ha insistido en que no adjudicó ni licitó ningún contrato menor a ninguna empresa cuando era diputado, porque la normativa foral establece que su formalización corresponde a los directores de área.
El asunto de una vivienda en Gorliz (Vizcaya) también ha salido a colación. El fiscal asegura que el constructor Prudecio Hierro, también imputado, pagó la reforma de una vivienda propietaria de la mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, en concepto de comisión por una obra pública.
De Miguel ha asegurado, no obstante, que el constructor adelantó el dinero, pero que luego le devolvió la mayor parte a través de distintas "disposiciones en efectivo". Ha negado asimismo pagos de comisiones y adjudicaciones irregulares de obras en los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca y Zigoitia, y en relación a la fallida recalificación de terrenos en Zambrana para la construcción de un polígono industrial.
