El PNV ha presentado una moción en el Congreso de los Diputados para reconocer a las supuestas víctimas por parte de funcionarios del Estado.
El PNV ha reclamado al Gobierno que elabore un informe que reconozca y repare a las víctimas de torturas cometidas por funcionarios en el contexto y con el pretexto de la lucha contra la banda terrorista ETA y entre los años 1978 y 2017, y que retire condecoraciones a torturadores condenados.
El grupo parlamentario vasco ha presentado en el Congreso de los Diputados una moción que se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja de la semana que viene en el que formula esta petición, informa el PNV.
En concreto pretende que se solicite al Ejecutivo "que elabore un informe que reconozca y repare a las víctimas de vulneración de derechos humanos causada por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a manos de personal funcionario de servicio o fuera de él en el contexto de la lucha contra ETA y entre los años 1978 y 2017".
Asimismo el PNV quiere que se retire cualquier condecoración a los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cualquier funcionario o exfuncionario que haya sido condenado por torturas y malos tratos.
El grupo vasco considera que es el momento de "abrir una senda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de torturas y malos tratos a las que el Estado ha ignorado sistemáticamente".
El diputado del PNV Mikel Legarda afirmó en el Pleno del Congreso de esta semana que en las últimas décadas distintos organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como los relatores especiales de Naciones Unidas contra la tortura, han constado que "no se ha efectuado una investigación efectiva acorde con los estándares internacionales en relación a esta realidad".
En su iniciativa el grupo vasco señala que "este necesario reconocimiento no debe llevar a comparaciones, equiparaciones y contextualizaciones de ningún tipo y tampoco a justificar la violencia terrorista desde la óptica de la asunción de la existencia de abusos policiales".
Añade que, "más allá de las víctimas de ETA, las víctimas de signo opuesto, singularmente en la década de los 70 y 80, han quedado sin cobertura en la legislación actual y sin el reconocimiento que la normalización y la convivencia reclaman ofrecerles".
