Piden que se siga el modelo existente en varios países de la Unión Europea, como es el caso de Francia y Bélgica.
El Consejo General de Dentistas insiste en la urgente y adecuada regulación de la publicidad sanitaria, "donde no quepan confusiones en su interpretación y no se permitan ofertas, descuentos, premios y el empleo de personas famosas como medio de incitación a acudir a determinados centros sanitarios o al uso de ciertas técnicas y tratamientos", señala su presidente el doctor Óscar Castro, que considera imprescindible para poner freno a la actual situación de mercantilización de la salud bucodental.
"No es admisible, que no exista prácticamente ninguna restricción legal en este tipo de publicidad en doce de las diecisiete comunidades autónomas de nuestro Estado, de tal forma que la publicidad odontológica, sea o no veraz y, en ocasiones, engañosa, pueda distribuirse libremente y apenas sin ningún control", ha advertido.
Sin estar en contra de ningún modelo de negocio, sí que se opone a la publicidad agresiva, "en muchas ocasiones engañosa", que se lleva a cabo por determinadas clínicas dentales, franquicias y/o cadenas marquistas, "pertenecientes, bien a empresarios ajenos a la profesión, bien a profesionales, sin tener en cuenta la peligrosidad de aplicar solo criterios economicistas en materia sanitaria, ya que, como consecuencia de ello, la salud de la población puede verse gravemente perjudicada".
Por tanto, piden que se copie el modelo existente en varios países de la Unión Europea, como es el caso de Francia y Bélgica, donde sus Gobiernos han puesto especial énfasis en el control de este tipo de publicidad, estando prohibida o fuertemente restringida en cualquier medio.
Además, consideran "imprescindible" que en dicha normativa contemple que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de sociedades correspondan a los socios profesionales y no a empresarios ajenos al sector sanitario.
Por este motivo, desde el Consejo General se ha intensificado los contactos con diversas autoridades políticas y grupos parlamentarios, en su objetivo de aunar voluntades políticas. "Creemos, y los sucesos recientes nos están dando la razón, que en esta cuestión no deben existir 'paños calientes' sino que, por el contrario, es necesario que la ley sea taxativa y se aplique estrictamente, donde no quepan confusiones en su interpretación", añade.
De este modo solicitan una normativa "clara y específica" que regule adecuadamente un tipo de publicidad tan sensible como es la sanitaria, "con una información rigurosa, veraz, comprensible y prudente, basada en la ética y el conocimiento científico, sin que pueda inducir a confusión al ciudadano", pudiendo éste valorar adecuadamente las diversas opciones de los tratamientos y los riesgos que puedan conllevar para su salud.
Al propio tiempo, añade Castro, "en dicha normativa debe contemplarse la estricta regulación y protección de los pacientes cuando firman financiaciones con entidades de crédito facilitadas por determinadas clínicas dentales, para que en el caso de cierre de las mismas, no solo los tratamientos se quedarían inconclusos, lo que supondría un grave quebranto para su salud, sino que además, el consiguiente descalabro económico, al tener que seguir pagando el préstamo a pesar de no recibir ya el tratamiento, como hemos visto que ha sucedido con la franquicia Funnydent".
MAYOR PAPEL EN LA CARTERA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Consejo pide que se detallen las inspecciones y controles de los centros sanitarios, respetando los derechos laborales de los profesionales que trabajan en los mismos, así como el régimen de sanciones que se deriven de las actuaciones ilegales que puedan realizar dichos centros.
"Si no conseguimos entre todas las instancias implicadas poner freno a estos hechos desde nuestras respectivas competencias y responsabilidades, seguirán produciéndose situaciones tan lamentables como las acontecidas a principios del presente año con la caída de Vitaldent y Funnydent, dejando a numerosos pacientes damnificados", afirma Castro.
Por último, demandan que se amplíe la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud respecto a las prestaciones bucodentales, ya que existen diferencias enormes entre los tratamientos y prácticas que se llevan a cabo en las comunidades autónomas, además de la importancia de proteger a los colectivos particularmente más sensibles y/o desfavorecidos (niños, ancianos y discapacitados).
"No cejaremos en nuestro empeño y seguiremos trabajando denodadamente, adoptando las medidas que sean necesarias, proponiendo soluciones y colaborando en todo momento con la Administración en estos asuntos tan importantes y prioritarios, porque es una de nuestras principales obligaciones como Corporación profesional de Derecho Público, situando a la Odontología española en el nivel elevado que le corresponde", concluye.
