TRIBUNALES

Primer delegado del Gobierno imputado por permitir las manifestaciones del 8-M desoyendo las advertencias sobre el Covid-19

Una jueza de la Comunidad de Madrid ha citado a declarar a José Manuel Franco por autorizar estos actos multitudinarios.

Miles de personas se manifiestan con motivo del Día de la Mujer celebrado el 8 de marzo. PABLO LASAOSA
Miles de personas se manifiestan con motivo del Día de la Mujer celebrado el 8 de marzo. PABLO LASAOSA  

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar como imputado el próximo dia 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas, la marcha del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus, según han informado fuentes jurídicas.

La magistrada comenzó a investigar al delegado del Gobierno tras admitir una denuncia presentada por un particular por el presunto delito de prevaricación administrativa, por permitir manifestaciones entre el 5 y el 14 de marzo (día en el que se declaró el estado de alarma por la pandemia del coronavirus), obviando las recomendaciones de organizaciones sanitarias, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que emitió seis días antes de la marcha de la Mujer un informe en el que alertaba del riesgo de contagio.

En una providencia con fecha de este lunes, la jueza Rodríguez-Medel cita a Franco el viernes, 5 de junio, a partir de las 9 horas por vía telemática, conforme lo establece el real decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado el pasado 28 de abril, para evitar el colapso de los juzgados y tribunales una vez se levante el estado de alarma.

A través de este misma vía, la jueza también ha llamado a declarar como testigos al secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; al jefe del Gabinete de Franco, Luis María Sanz; y al director de la unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

La magistrada pone en marcha esta ronda de declaraciones después de recibir el atestado policial y el informe del médico forense adscrito al juzgado que solicitó para esclarecer si, tal como y dice la denuncia, la Delegación del Gobierno obvió las advertencias del riesgo de contagio del Covid-19.

En este sentido, pidió al forense que informara de si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de este 2020 (día en el que se aprobó el estado de alarma por la pandemia por coronavirus) "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas".

"AMPLIA DIFUSIÓN DE LA ENFERMEDAD"

El perito concluyó que, aunque es "cierto y seguro" que, de haberse impedido la manifestación del 8-M en Madrid, "se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad", no existe "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus.

Explica que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus del Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc.".

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. EUROPA PRESS

Por este motivo, la jueza del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid acordó retirar de la imputación por el delito de lesiones imprudente y continuar la investigación por el presunto delito de prevaricación administrativa.

No obstante, en la providencia de este lunes, la magistrada remite de nuevo la causa al forense, por si considera preciso ampliar "el último párrafo del informe". Fuentes jurídicas han señalado que el médico dejó abierta la posibilidad de modificar sus conclusiones a la vista de lo que apuntara el informe policial.

MÁS PRUEBAS

Por otro lado, la jueza Rodríguez-Medel quiere recabar más pruebas sobre si existió advertencias del riesgo de contagio por coronavirus, y ha pedido al Ministerio de Sanidad que remita, antes del 1 de junio, a la policía judicial el oficio del ministro Salvador Illa del 3 de marzo del 2020 sobre la "recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19".

Ha solicitado que se informe sobre "su distribución o difusión (cauce y fecha), si fue colgado en la página web oficial del ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online)" y, en caso de que se remitiera a la Delegación del Gobierno de Madrid, o a los ministerios de los que dicha delegación dependa funcionalmente, en "qué fecha y cauce" se hizo, adjuntando copia del documento que lo acredite.

También quiere conocer los mismos datos sobre el comunicado que hizo la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, el 6 de marzo sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el período de epidemia del Covid-19.

Ha reclamado que, en este caso, se concrete si el documento se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones. En caso de que el comunicado no fuera difundido, la jueza pide que se expliquen "las razones que existieron para no hacerlo".

CONCENTRACIONES MULTITUDINARIAS

Además, solicita "idéntica información" de cualquier otro documento que, con anterioridad a la declaración del estado de alarma, se publicara en la página web del ministerio, o en otra habilitada específicamente por este departamento con ocasión de la pandemia, que hiciera referencia a "las concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de la crisis sanitaria".

También que informe sobre si le consta que se haya celebrado con anterioridad al 14 de marzo del 2020 una comisión interministerial de coordinación de la Administración Periférica del Estado en la que se tratara la crisis sanitaria.

Por otro lado, la jueza instructora ha pedido al secretario general de la Delegación de Gobierno en Madrid, Fernando Talavera, que, antes del próximo 1 de junio, entregue a la policía judicial una relación de resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones dictadas por José Manuel Franco entre el 5 y 14 de marzo, con independencia de la fecha para la que estuvieran convocadas.

Insta a que también aporte copia íntegra de los expedientes de concentraciones o manifestaciones que, a fecha del inicio del estado de alarma, estaban pendientes del dictado de resolución por parte del delegado del Gobierno, con copia íntegra de estos expedientes.

AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Asimismo, ha pedido a Talavera que amplíe el informe remitido al juzgado el pasado 20 de abril relacionado con las 21 manifestaciones y concentraciones que fueron desconvocadas "bien por propia iniciativa o a requerimiento de la Delegación del Gobierno", y que detalle las "fechas en las que se hicieron tales requerimientos desde la Delegación (desde cuándo y hasta cuándo) y el cauce por el que se hicieron".

Añade a esta petición que aporte la documental que demuestra que la gestión de las concentraciones "queda registrado y archivado con asientos electrónicos", tal y como asegura el informe del secretario general de la Delegación del Gobierno.

No es la primera vez que la magistrada se dirige a Talavera, pues ya le requirió que aportara la primera "comunicación, indicación, alerta o noticia" sobre el coronavirus que recibió el organismo antes de la declaración del estado de alarma.

Por último, la jueza se dirige también a la consejería de Sanidad madrileña, para que concrete en qué día fueron publicados en la página web de la Comunidad de Madrid las medidas sanitarias relacionadas con la crisis sanitaria y hasta qué fecha permanecieron disponibles.

También solicita que concrete el día y el cauce por el que se comunicó a la Delegación del Gobierno la orden por la que la Comunidad de Madrid adoptó medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la evolución de la pandemia.


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