La operación, desarrollada por la UCO de la Guardia Civil está dirigida por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional.
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha sido detenido este miércoles en una operación de la Guardia Civil relacionada con la gestión del Canal de Isabel II, motivo por el que también su afiliación al Partido Popular ha sidosuspendida provisionalmente.
y el El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP ha acordado este miércoles la suspensión provisional de afiliación del expresidente González.
La operación, desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está coordinada por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Eloy Velasco, y está declarada como secreta.
En ella se están registrando las oficinas del Canal de Isabel II y están previstas varias entradas y registros, además de detenciones. Varios efectivos del Instituto Armado flanquean las entradas de esta sede y dos vehículos de la Guardia Civil están aparcados en los alrededores, mientras otros agentes permanecen en el interior del inmueble.
Al parecer, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, está considerado el principal responsable de una "organización criminal" que operaba tanto en el seno del PP regional como del Ejecutivo madrileño.
González está siendo investigado por delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, entre otros.
Junto al expresidente madrileño, la operación ya se ha saldado con, al menos, otros once detenidos por ocho delitos de corrupción como son prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios, han informado fuentes jurídicas.
Las diligencias, declaradas secretas, se incoaron a raíz de una querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2016 y desde entonces se ha llevado a cabo por la UCO una investigación que ha culminado en las detenciones y registros que se están produciendo este miércoles, día en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a declarar, en calidad de testigo, a cinco personas por este asunto entre las que se encuentran la actual presidenta autonómica de Madrid, Cristina Cifuentes, y al portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido.
LOS INICIOS DE LA INVESTIGACIÓN
En mayo de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes informó que el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013.
Esta compra es la relativa a la que hizo el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones.
Según explicó entonces el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal, Ángel Garrido, habían aparecido cuestiones que les parecían "anómalas", relativas a diferentes etapas, precios, plazos y fórmulas de pago de la operación. Por ello, las pusieron en conocimiento de la Fiscalía para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito.
Por su parte, Cifuentes también detalló que lo detectado tenía que ver con compra de acciones o letras de una sociedad a un precio mayor del establecido, y recalcó que la responsabilidad de esto se circunscribía en el que fue responsable de la entidad en esa área en ese momento y no del Ejecutivo regional que presidió Ignacio González.
Cifuentes aludía entonces al directivo ya cesado Edmundo Rodríguez que fue presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia.
Además, el pasado mes de julio, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II.
Por otro lado, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao.
UN INFORME DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios de la Asamblea en la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentaron un informe producto del trabajo desarrollado en la Comisión del Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid, que llevó entre otros temas, esta compra.
Su objetivo era que la Fiscalía investigue quién autorizó y permitió el quebranto patrimonial y la actividad del Canal de Isabel II en Iberoamérica, así como el "entramado" societario en este continente, dado que sospechan de una posible "trama corrupta" en torno a las inversiones realizadas.
La denuncia versaba sobre la adquisición por parte del Canal de esta empresa en noviembre de 2013 a través de una sociedad "instrumental" radicada en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua) y que carecía de actividad, según el escrito. El Canal la compró a través de su filial Inassa.
Además, relata que la adquisición de Emissao se hizo por valor de 21,4 millones de euros y un mes después el patrimonio neto en las cuentas del Canal era de 10,6 millones. Al año siguiente, el valor de la sociedad era de 5,4 millones y a finales de 2015 daba pérdidas de 5,5 millones en el balance consolidado del Canal. A su vez, la participación en Soluciones Andinas de Agua arrojaba un balance negativo de 10,5 millones.
La denuncia reclama al Ministerio Público que determine la calificación penal aunque los grupos parlamentarios de la oposición sospechan posible fraude con indicios de mala utilización del dinero público, utilización de sociedades off-shore y también administración desleal.
